Interminables negociaciones para una retirada surafricana

Desde hace quince años, el Gobierno de Pretoria y las Naciones Unidas discuten cuándo y cómo se retirará Suráfrica de Namibia. Durante veinte años más el régimen surafricano estuvo enzarzado en argumentos interminables sobre la legalidad de la Comisión de Tutela de la ONU, como heredera de la Comisión de Mandatos de la antigua Sociedad de Naciones. Entre 1946 y 1976, Suráfrica hizo caso omiso de todos los llamamientos y resoluciones de la ONU sobre Namibia, incluido un dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, que confirmó la ilegalidad de la presencia surafricana.

Sólo la intervención en abril de 1977 de las cinco potencias occidentales del Consejo de Seguridad de la ONU -Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania Occidental y Canadá- forzó a Suráfrica a establecer determinadas precisiones en cuanto al tiempo y la forma de su retirada,Como éstas fueron juzgadas insuficientemente, en mayo de 1978 los cinco presentaron una «proposición final, definitiva y no negociable» al primer ministro surafricano, John B. Vorster, para la transferencia de poderes con vistas a la independencia. La clave de esta proposición era, como «transición internacionalmente aceptable», la celebración de elecciones generales y libres en todo el territorio. Asimismo, el Consejo de Seguridad instruía al secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, para que nombrase un representante especial, para lo cual fue designado Marttli Ahtisarii, cuya misión sería asegurarse de que se creaban las condiciones para la celebración con todas garantías de libertad y equidad. de la citada consulta electoral.

El objetivo, tal como lo definía la propuesta de los cinco, era elegir representantes a una asamblea constituyente encargada de elaborar la futura Constitución del Estado independiente.

Se precisaba que la consulta debería tener lugar antes del 31 de diciembre de 1978 y bajo la supervisión de la ONU. Antes de ella Pretoria debía liberar a todos los prisioneros políticos, eliminar todas las leyes discriminatorias y garantizar el retorno de los refugiados.

Entre las provisiones más importantes figuraba el envío de una amplia sección civil del Grupo de Asistencia a la Transición de la ONU (en inglés, UNTAG), el cese de la guerra y el mantenimiento tanto de las tropas surafricanas como de las guerrillas del SWAPO en sus bases respectivas durante todo el período electoral. Las fuerzas surafricanas deberían quedar reducidas a 1.500 hombres, concentrados en Oshivello y Grootfontein. Un destacamento militar de la ONU velaría por el cumplimiento de estas condiciones, aunque la policía y el orden quedaban bajo la supervisión del administrador general surafricano.

Argumentos dilatorios

El 24 de abril, el jefe de la cancillería de Pretoria, P. F. Botha, contestó a los embajadores de los cinco que su Gobierno aceptaba la propuesta. No obstante, introducía dos reservas importantes: que la reducción de efectivos surafricanos sólo comenzaría cuando cesasen las actividades del SWAPO, y que Walvis Bay, el único puerto de aguas profundas de Namibia, quedaba excluido de toda negociación.

Unos días más tarde, la Comisión Especial Nueve de la ONU condenó es la actitud. Suráfrica, apoyándose en el reconocimiento extendido desde 1976 por la ONU al SWAPO como «representante único y auténtico del pueblo namibio», comenzó a presentar argumentos dilatorios, que se han prolongado hasta hoy.

En agosto de 1978, Marttii Ahtisaril visitó Namibia y a su regreso formuló determinadas recomendaciones que fueron recogidas en la resolución 435 del Consejo de Seguridad. Estas, que incluían el envío a Namibia de 7.500 cascos azules y 360 policías, fueron rechazadas por Suráfrica.

En un nuevo intento por obtener un compromiso, los ministros de Asuntos Exteriores de los cinco visitaron Pretoria en octubre sin resultado, pues ya el Gobierno surafricano había decidido confrontar a la ONU con un hecho consumado y se había propuesto llevar adelante unilateralmente el proceso electoral.

Aunque el 13 de noviembre el Consejo de Seguridad declaró que cualquier elección organizada por Suráfrica sería considerada nula e inaceptable, éstas tuvieron, no obstante, lugar el 4 de diciembre. Habiendo decidido Suráfrica quiénes eran elegibles o no y quiénes capacitados para votar; el resultado, como era de esperar, fue de una aplastante victoria de la prosurafricana Democratic Turnhalle Alliance (DTA).

Después de las elecciones es Suráfrica la que escribe: a Waldheim imponiendo condiciones. Las discusiones continuaron por dos años más, hasta junio de 1980, en que Waldheim informó al primer ministro surafricano que, de acuerdo con los países de la línea del frente, y «preocupados solamente por llegar a una solución definitiva del problema de Namibia», habían aceptado lo esencial de las condiciones surafricanas. Al final de su carta, Waldhelin decía: «Sugiero, ahora que establezcamos el plazo más breve posible para un cese del fuego y aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad 435».

Intransigencia de Pretoria

Mientras la mayoría de la prensa en inglés de Suráfrica afirmaba que era necesario aprovechar la oportunidad de estas concesiones para salir de una vez por todas de Namibia, el periódico The Citizen, próximo al Gobierno, advertía que era necesario tener mucho cuidado porque «con esas concesiones la ONU lo que quiere es que aparezcamos ante el mundo como los únicos intransigentes y responsables de que no se llegue a una solución ».

Pretoria se ha comprometido a responder a la carta de Waldheim antes del 1 de septiembre. Sin embargo, el 7 de agosto pasado, el ministro del Exterior, P. F. Botha, declaraba que, mientras la ONU siga reconociendo al SWAPO como representante único y legítimo de Namibia, no habrá negociación y que «Suráfrica prefiere enfrentarse al aislamiento internacional y posibles sanciones antes que abandonar el territorio a una banda de terroristas».