Las responsabilidades en el envenenamiento por aceite tóxico

Ciento veinte ciudadanos han muerto y varios miles padecen sufrimientos graves por culpa de los aceites envenenados. Hoy, como ayer ante el holocausto de los Alfaques o la catástrofe de Ortuella, los españoles nos conmovemos consternados ante un fenómeno cuya ocurrencia nos parece inconcebible y pasmosa. Ya todos nos hemos convencido de que estamos ante una tragedia. Pero conviene profundizar en que se trata no de un accidente, sino de una tragedia en el sentido original del término, esto es, algo que ineluctablemente había de suceder, en virtud no ya de los dictados de unos dioses adversos, sino por las condiciones sociales, políticas, legales y administrativas prevalecientes en este país.

Interés y competencias

Frente a la amenaza, plural e insidiosa, que en cuestión de alimentos, cosméticos o medicamentos puede suponer que industriales y comerciantes hagan uso inadecuado de los formidables avances de la ciencia y de la técnica, las salvaguardias colectivas tras las que nos podemos proteger los españoles oponen una muy débil defensa. En verdad que, en la práctica y por dejación del Estado, se ha permitido que individuos o grupos privados se erigieran en garantía última de la salud pública. Bien se ve ahora qué pobre garantía es la de este laissez-faire, laissez-passer desenfrenado, la de este libérrimo mercado, intolerable en cuanto que aquí faltan de raíz, por la propia complejidad de los productos de consumo modernos, aquellas dosis de información y conocimiento que permiten al consumidor elegir libremente sin que el proceso de aprendizaje tenga costes catastróficos.El principio está claro, pero conviene recordarlo y explicitario, pues ha sido, y volverá a ser en breve, constantemente contestado por empresas grandes y pequeñas que, por mor de su lucro particular, pretenden ser aquí juez y parte. Cuando se trata de los alimentos, los medicamentos y los cosméticos, hoy resultado de procesos industriales complejos, la salvaguardia de la higiene y la salud colectiva no puede quedar en manos de grupos privados, sino de órganos públicos con competencias claras, bien dotados en medios e inmediatamente responsables ante un Parlamento debidamente asistido técnicamente, al que han de informar regularmente de sus actuaciones y decisiones.

La contaminación interior en España

Los principios anteriores no rigen en España, a pesar de que los riesgos de contaminación interior de nuestro organismo, originados por la industrialización alimentaria y la quimificación de la vida, son tan altos como en cualquier otro país.Según las dos últimas tablas input-output disponibles, las fábricas de piensos, por ejemplo, compra ron en 1970 un total de 863 millones de pesetas en productos farmaceuticos, lo que representó un 3% del total de sus compras, y equivalía a la mitad del valor de los medicamentos veterinarios comprados por los ganaderos. En 1975 los fármacos comprados por la industria de piensos supusieron 3. 111 millones, un 4% de sus compras totales y casi cuatro quintos de lo gastado por la ganadería en medicamentos. Así, los fabricantes de piensos son cliente principalísimo de la industria farmacéutica. Trátase de antibióticos y otros productos legalmente añadidos a los piensos por su efecto sobre el crecimiento animal. Otra cosa son los productos añadidos ¡legalmente.

Igualmente interesante es el caso de la industria de aguas minerales y bebidas no alcohólicas, que en 1970 compraba 881 millones, y en 1975 ya 2.005 millones de pesetas ,de productos químicos, un 16 % y 19%, respectivamente, de sus compras de insumos intermedios.

Para el sector de fabricación de aceites y grasas -al que pertenecen las empresas implicadas en el envenenamiento- los productos derivados del petróleo y químicos suponían en 1975 un 30% de todas sus compras al resto de los sectores económicos, exceptuados los propios aceites y grasas que procesa.

Normativa insuficiente y confusa

La primera salvaguardia colectiva de la que carecemos es una normativa completa, clara y rigurosa. Esta carencia es tanto más grave cuanto que el incipiente derecho alimentario español de principios de siglo (reales decretos de 22 de diciembre de 1908 y 17 de septiembre de 1920) era adecuado a la situación del momento. En cambio, bien poco se hace cuando desde mediados de los años cincuenta la modernización industrial y del consumo reclaman a gritos nuevas normas y un redoblado esfuerzo de vigilancia e inspección. La parálisis de la Administración franquista se debió, más que a desidia, a su expresa sumisión, instrumentada por destacados políticos del régimen, a bastardos intereses de las industrias químicas y alimentarias.Desde 1955 se promulgaron reglamentaciones técnico-sanitarias referidas a alimentos concretos, pero, carentes de un marco normativo general, cayeron en contradicciones y dejaron extensas lagunas. El Código Alimentario Español (CAE) iniciado en 1960 no se publicó en el BOE hasta 1967, pero sorprendentemente su entrada en vigor se retrasó hasta 1974 ¡catorce años después! En realidad lo que ocurrió es que siendo el código -con todas sus limitaciones- una obra técnica positivamente ambiciosa, fue torpedeada desde altas instancias políticas. El expediente utilizado -cuya singularidad algún día nos explicarán los administrativistas- fue el de privarle de vigor jurídico.

Hoy resulta aleccionador recordar las farisaicas justificaciones de este torpedeamiento avanzadas por sus autores, políticos del anterior régimen, como un García Orcoyen -largos años director general de Sanidad- o un Antonio Carro Martínez, y tan burdas que difícilmente ocultan los estrechos intereses privados en cuya defensa se hacen. El código «carece de fuerza jurídica»; es sólo «declaración de principios básicos»;,un «conjunto de bases que en lo sucesivo han de ser tenidas en cuenta», siempre «bajo el denominador común de nuestro desarrollo económico real»; su ineficacia jurídica deriva -peregrina razón de «haber dominado en su redacción los técnicos, en especial los técnicos en higiene bromatológica», decían en 1970, a pesar de que el código contiene normas suficientemente claras y concretas.

Por fin en 1974 el decreto de 9 de agosto estableció un calendario para la entrada en vigor del Código Alimentario. Pero su eficacia jurídica continuó siendo socavada., Ese mismo decreto dispuso que continuaran vigentes las reglamentaciones especiales anteriores, debiendo de aplicarse lo establecido en ellas -aunque el código fuera más estricto-, en tanto no fueran expresamente modificadas. Con ello se posponía la aplicación de muchas de las innovaciones del CAE y se introducía un elemento de gravísima confusión. Aún más, esta singular regla fue aprovechada para publicar, antes del vencimiento de los plazos previstos para la entrada en vigor del código, algunas reglamentaciones que dulcificaron o eludieron sus exigencias (las de bebidas refrescantes, aromatizantes, huevos, pan, miel, etcétera).

En segundo lugar, en una de las parcelas esenciales en materia de derecho alimentario, la de los aditivos, encomendada a Sanidad, se pospuso la elaboración y publicación de las fundamentales listas positivas de aditivos autorizados, previstas inicialmente como anexos al propio código. En el tema de los aditivos la confusión ha sido total.

Desde 1974 hasta hoy se han dictado diversas reglamentaciones referidas a productos o problemas muy concretos, sobre todo entre 1975 y 1978. Algunas han derogado partes del propio código (estatuto del vino, reglamentación de mataderos). Otras han llegado increíblemente tarde. Hasta el pasado mes de enero hubo que esperar para que a remolque del escándalo de las hormonas en la carne se abordara el tema de los productos químicos y farmacéuticos usados en ganadería.

En suma, el torpedeamiento durante el franquismo del Código Alimentario consiguió hundirlo totalmente y los sucesivos Gobiernos de la transición y de UCD no lo han reflotado. En España hoy no tenemos en materia alimentaría una norma de referencia básica. Predominan la confusión, la ambigüedad, las lagunas y las contradicciones. Cinco, botones de muestra:

1. Una orden de 7 de enero de 1975 enumeraba los aditivos autorizados para la mantequilla. Una resolución de 16 de diciembre ¡del mismo año! ampliaba dicha enumeración, seguramente contra el principio de jerarquía normativa. Pero otra resolución, sólo nueve meses posterior, del 8 de septiembre, ordena volver a la situación inicial.

2. El decreto de 30 de octubre de 1976, auténtica disposición de emergencia que toca los aspectos más diversos e inconexos del campo alimentario.

3. Hasta el 4 de junio del corriente año -en pleno desarrollo del síndrome tóxico- no se publicó en el Boletín Oficial del Estado el fundamental anexo 11 sobre aditivos que debería haber acompañado a la resolución de 26 de febrero de la Secretaría dt Estado para la Sanidad; retraso debido, al parecer, a haberse traspapelado. Precisamente es la norma que regula los aditivos autorizados en las grasas comestibles, es decir, los aceites.

4. La famosa reglamentación de mataderos, auténtico estatuto de la carne, cuya entrada en vigor se ha pospuesto en diversas ocasiones.

5. El,número del registro sanitario era tomado por el público como garantía sanitaria. Pero en realidad son dos los registros existentes. Uno de industrias y otro específico de productos que sólo abarca aditivos, plásticos de envase y embalaje, preparados de régimen, aguas de bebida envasadas y detergentes empleados por la industria alimentaria. En los demás no hay control individualizado.

Inspección y control

Con la inexistencia de normativa adecuada se corresponden unos procedimientos y unos medios personales y técnicos de inspección y control tan insuficientes como está ponienso sobradamente de relieve el envenenamiento masivo. Esta insuficiencia no es -como pretenden- una excusa, sino una gravísima responsabilidad política para los ministros de Agricultura, Comercio y Sanidad, que debieron haberla subsanado. Si no hay medios es porque se han dedicado a otros fines según un orden de prioridades que, hoy es obvio, no era el de la sociedad en su conjunto.Desde una perspectiva más amplia, la de las responsabilidades sociológicas, el terrible suceso expone hasta qué punto está en quiebra el Estado heredado del franquismo. Hasta el punto de que con su anquilosamiento, no neutral, sino interesado, en favor de las necesidades de acumulación de las industrias químicas y alimentarías, está dejando de satisfacer la propia función de legitimación del orden social al que sirve.

En esta quiebra es protagonista la distribución de funciones y privilegios entre los grandes cuerpos burocráticos. ¿No es ahora evidente que los médicos dedicados a la medicina curativa -más privatizable- han impuesto sus criterios y sus intereses en la asignación de los escasos recursos disponibles, minimizando en la práctica la importancia de médicos, farmacéuticos y veterinarios ocupados de la prevención? ¿No es verdad que en nuestra asistencia sanitaria se gastan miles de millones en fármacos, aparatos electrónicos, intervenciones quirúrgicas, edificios, etcétera, en tratamientos curativos de dudosa rentabilidad social, e incluso individual, mientras no hay medios para la inspección y control de los alimentos, esto es, para la prevención y la higiene pública? ¿No parece que las prioridades que se ha marcado el cuerpo de técnicos comerciales del Estado, volcadas hacia la alta economía y el comercio exterior, y casi de espaldas al comercio interior y al modesto consumidor o ama de casa, están equivocadas?

Desprecio por el imperio de la ley

De una normativa insuficiente y confusa y una inspección cuasi inexistente no podía derivar más que un desprecio generalizado por parte de comerciantes y fabricantes hacia el imperio de la ley.Pongamos como ejemplo -si es que ejemplos precisamos- el ácido bórico, prohibido de plano por nuestra legislación. Cuando hace poco menos de un año el Gobierno Civil de Vizcaya decidió la incautación de todas las gambas almacenadas en Mercabilbao, tras la denuncia presentada por una cooperativa de consumidores, el presidente de la Federación de Empresarios de la Alimentación de Vizcaya se lamentó de la pérdida de puestos de trabajo que la medida supondría, y alegó que «siempre se ha utilizado ácido bórico como conservante, como sobradamente conocen las autoridades». A las quejas siguieron los hechos. Las gambas fueron trasladadas y vendidas en otros mercados antes de que los inspectores llegaran a incautarlas. En Murcia, poco después, la empresa Pescanova se negó, pura y simplemente, a franquear el paso a la Consejería regional de Sanidad hasta las gambas con ácido bórico que tenía almacenadas. A todas estas noticias, publicadas por la Prensa, no siguió ninguna sobre multas, expedientes ni procesamientos.

La decisión política de no abordar seriamente la protección de los intereses populares en materia alimentaria ha hecho al Estado heredado del franquismo incapaz de resolver la confusión en la distribución de competencias entre los distintos departamentos ministeriales, causa principalísima de la tragedia que hoy se vive. De los ministerios de Sanidad, Comercio, Agricultura, Industria han emanado, sin coordinación, reglamentaciones técnico-sanitarias, normas de calidad, regulaciones de campaña y otras disposiciones en oscuro abigarramiento.

Los órganos administrativos encargados de dichas competencias han proliferado extraordinariamente: Comisión Interministerial de Ordenación Alimentaria (CIOA), Comisión de Alimentación Animal, Comisión Asesora de Productos Zoosanitarios, Junta de Especialidades Farmacéuticas, Instituto Nacional del Consumo. La CIOA ha tenido directamente a su cargo la política alimentaria española. Sus componentes, discrecionalmente designados, se mueven en la irresponsabilidad, representan escasamente los intereses sanitarios, gozan de facultades ejecutivas excepcionales para un órgano consultivo y que parecen pensadas para atender las demandas de grupos privados y actúan -como los de otros órganos citados- en el más completo sigilo, sin publicar memorias anuales detalladas sobre su actuación ni dar cuenta al Parlamento del porqué de sus criterios y decisiones.

Esta norma de silencio también rige para los órganos con funciones analítico- técnicas; centros Nacionales de Alimentación y Nutrición y Farmacobiología de Majadahonda, y para los servicios de Control de Fraudes, de Agricultura, y de Disciplina del Mercado, de Comercio.

Las autonomías seguramente abren posibilidades para un mejor control. Pero también ofrecen peligros. ¡El más ridículo provincianismo -nuestras reses son las mejores- se ha esgrimido para negar el uso de hormonas en las carnes santanderinas, asturianas o gallegas!

En las condiciones actuales del capitalismo, y muy especialmente en los mercados de alimentos transformados, la competencia en precios ha dado paso a una rivalidad por la diferenciación de los productos que usa como arma decisiva la publicidad y las imágenes, el continente antes que el contenido.

Una naranja puede ser tratada con un colorante dañino que, avivando su tono, la haga más deseable ante los ojos de un consumidor, convenientemente educado por una publicidad gráfica que marca la pauta del aspecto externo que debe tener una fruta, sin cuidarse mucho de lo que se manifiesta en la lejana realidad del mundo vegetal. Una vez lanzada esta estrategia, ha de ser emulada por las empresas competidoras, si no quieren verse eliminadas del mercado, con lo que el uso del colorante dañino se generaliza.

En España, los pescadores de bajura, sin congeladores, tratan las gambas con ácido bórico para conservarlas, evitando que se les ponga la cabeza negra (melanosis) y las venden como frescas. Los pescadores de altura, con medios para la congelación, encuentran peores cotizaciones para sus gambas congeladas y se ven impulsados a tratarlas también con el ácido para simular su frescura. Por consiguiente, las normas alimentarias resultan ser doblemente necesarias en la actual fase de la competencia capitalista, y pueden contribuir desde el punto de vista económico a definir un ámbito de transparencia y uniformidad que permita que la competencia se exprese vía precios, y no vía perdidas de calidad.

El desastre de la higiene de los alimentos industrializados es una responsabilidad histórica más a cargar en la cuenta del régimen franquista; es también una responsabilidad no afrontada por los Gobiernos de transición y de UCD. No ha sido tampoco un asunto ante el cual la izquierda mostrara una especial sensibilidad, aun cuando, en mi opinión, su responsabilidad no sea equiparable a la de UCD, simplemente porque no ha disfrutado de las palancas del poder. Más allá de los grupos políticos, es una responsabilidad de las clases dirigentes de este país que, en lo que a ellas les toca, suplen la ausencia de salvaguardias sanitarias públicas con gasto privado -comen lo mejor-, y en lo que toca a los demás aún manifiestan, en su práctica cotidiana, un desprecio por la vida que está en la esencia del fascismo.

El futuro

En 1938 murieron en Estados Unidos 107 personas por haber ingerido un elixir sufanilamide, que contenía un compuesto químico letal. Ese mismo año se reformó la legislación (Food, Drug and Cosmetic Act, 21 USC. 301-392) y adquirió su actual configuración la Food and Drug Administration (FDA). Desde entonces, la FDA concentra casi todas las competencias relevantes en materia de contaminación interior, y, a pesar de todas las limitaciones impuestas por el big business, ha sabido ganarse, por su rigor, el respeto del mundo entero, y sus análisis y decisiones son estudiados con detenimiento por los Gobienos de todo el mundo y los organismos internacionales. La FDA -que ahorró al pueblo americano la tragedia de la talidomida- observa una política de transparencia informativa que se plasma en una continua comparecencia de su director ante el Congreso o -pongamos por casoen la apertura de todas sus oficinas y archivos a un equipo de dieciséis estudiantes universitarios que, dirigidos por Ralph Nader, trabajaron en ellos durante un verano produciendo un importante informe sobre aditivos alimentarios.Hoy es inexcusable que promulguen una normativa alimentaria estricta y completa; que alteren el orden de prioridades presupuestario-administrativas y destinen a la inspección y control todos los medios necesarios; que impongan el imperio de la ley contra cualesquiera intereses; que resuelvan los problemas de competencias haciendo saltar las asfixiantes trabas que paralizan al aparato del Estado; que estudien y hagan investigar la multitud de cuestiones pendientes, entre otras las conexiones entre economía y salud pública, para que la solución a los problemas pueda avanzarse mucho antes de que lleguen el dolor y la muerte.

Y todo ello que se haga a la luz pública con datos y cuentas claros y a disposición de todos. Un programa amplio y difícil, pero con cuyo cumplimiento aún pueden ganarse nuestro respeto y el de nuestros hijos. O, si no lo cumplen, el despego y el desprecio de muchos ciudadanos hacia ellos y el orden social que les privilegia.