Nuestro tormento

DOS DIAS después de que el Congreso de los Diputados aprobara un plan de medidas urgentes para la defensa de la salud de los consumidores, al finalizar el debate sobre el aceite de colza desnaturalizado, se produce en veinticuatro provincias españolas una nueva intoxicación masiva, esta vez por mejillones en mal estado. El triste acontecimiento viene a rubricar, en una atmósfera bastante sensibilizada por el envenenamiento de la colza, la necesidad de proteger adecuadamente a los ciudadanos, especialmente en lo que se refiere a la calidad de los alimentos.Los 5.000 afectados durante el pasado fin de semana por la ingestión de mejillones que habían llegado a los mercados, a los domicilios y a los bares sin los suficientes controles técnico-sanitarios por el mal funcionamiento de las depuradoras y los potenciales y anónimos envenenamientos a que estamos abocados todos los consumidores reclaman una mayor seriedad y constancia de la Administración para aplicar a fondo todas y cada una de las medidas de control alimentario aprobadas el pasado viernes por el Parlamento.

La situación creada pone también de manifiesto la utilidad que tendría el establecimiento inmediato en la práctica de la figura del defensor del pueblo, recogida en la Constitución, cuya configuración legal definitiva se ha ido retrasando continuamente en el Congreso.

La rápida reacción de la Administración y la celosa intervención de las autoridades sanitarias competentes para averiguar las causas y adoptar las medidas pertinentes, en cuanto se propaló la alarma de los afectados por los primeros síntomas de la intoxicación digestiva por consumo de mejillones gallegos, son una prueba muy significativa de la enorme sensibilización existente en España frente a cualquier riesgo de repetición de un envenenamiento masivo. No deja de suscitar una cierta tristeza la plausible y macabra hipótesis de que el obsesivo recuerdo de la colza desnaturalizada ha sido el factor decisivo para la prontitud de la respuesta.

Nadie puede descartar ahora la posibilidad de que, durante muchos años, los fraudes alimenticios hayan sembrado de cadáveres anónimos nuestro país sin que la opinión pública llegara a conocer el verdadero origen de las dolencias mortales atribuidas erróneamente a otras causas.

Los escándalos del ganado tratado con hormonas cancerígenas, del empleo del ácido bórico para la conservación del marisco, de los mataderos clandestinos y de la comercialización de carnes tóxicas o la venta de cortes de canguro a precios de añojo constituyen, junto al drama de los aceites homicidas, simples botones de muestra de un panorama desolador que crea una inseguridad cercana al pánico entre los consumidores y que pone en riesgo la vida y la salud de todos los españoles.

Por todo ello, es urgente la puesta en práctica con la máxima prioridad de todas las medidas aprobadas el pasado viernes por el Parlamento en defensa de la salud de los consumidores y de apoyo a los ciudadanos afectados por la neumonía tóxica y sus eventuales secuelas, así como el establecimiento del defensor del pueblo.

Por otra parte, el reconocimiento por el secretario de Estado para el Consumo, Jose Enrique Martínez de Genique, de que la Xunta de Galicia podría tener responsabilidades en el control sanitario de los mejillones de Pontevedra, puede alcanzar también por elevación a las máximas autoridades del Gobierno en sus reponsabilidades propias en el control del aceite de colza desnaturalizado. Si el Gobierno de la Xunta tiene responsabilidad en la distribución de mejillones en mal estado, no hay muchas razones para disculpar a los miembros del Gobierno central por el posible mal cumplimiento de sus competencias en el tema más grave de la intoxicación por aceite desnaturalizado. El Gobierno central no puede descargar reponsabilidades en el Gobierno autónomo por haber conferido ya las competencias sanitarias al mismo sin recabar para sí todas las competencias que asume en los temas nacionales. De cualquier manera, sobre estos sucesos se debe imponer un racional tratamiento de la higiene alimentaría y llenar las lagunas legales que existen y exigir su cumplimiento.