Dos consultas populares

LAS CONSULTAS populares convocadas para el próximo martes en Andalucía y Galicia tienen en común la incógnita acerca de la participación popular en las urnas. El aumento de la abstención tras los comicios de junio de 1977 es una señal de alerta respecto al alejamiento de los ciudadanos del ejercicio del sufragio, aunque a veces los partidos resten importancia a ese fenómeno, por el deseo de librarse de responsabilidades al respecto.La inmensa mayoría de los españoles que renuncian a ejercer su derecho al sufragio parecen aquellos que no terminan de comprender los nexos que unen su vida privada cotidiana con las decisiones política. y con la designación de los gobernantes. Tal actitud de marginación respecto a la vida pública se dirige lo mismo contra un sistema dictatorial que contra un régimen democrático. Pero lo grave de esa indiferencia generalizada y global es que puede neutralizar amplios sectores sociales ante las vicisitudes de nuestra vida política y permitir a la ultraderecha que usurpe la representación de esa minoría silenciosa con el argumento de que quien calla ante las urnas otorga su mandato a los que quieren destruirlas.

Dejando aparte el abstencionismo artificialmente creado por los defectos del censo, existen, sin duda, electores potenciales que no ejercen su derecho al sufragio como una decisión política negativa frente a la ausencia de opciones merecedoras de su respaldo. A estos abstencionistas habría que recordarles que su protesta podría adoptar la forma del voto en blanco precisamente para evitar que su actual manera de manifestar su rechazo pueda ser capitalizada por la ultraderecha.

Las consultas del martes tienen un significado y un alcance muy distintos en Andalucía y en Galicia. El pueblo andaluz es llamado a las urnas para ratificar el Estatuto de Carmona, cuya tramitación, a través de la vía del artícula 151, en pie de igualdad con las nacionalidades históricas, con participación del 64% de votantes del conjunto de las ocho provincias en el referéndum del 28 de febrero de 1980. La abstención en Andalucía creció desde junio de 1977 a marzo de 1979 en diez puntos (del 21,04% al 31,26%) y alcanzó su máxima cota en el referéndum consultivo del 28 de febrero (35,82%), cuando UCD pidió a sus electores, en aquella asombrosa pirueta que enconó definitivamente la cuestión autonómica, que no acudiera a las urnas. Dado que la aprobación del Estatuto de Autonomía en este segundo referéndum no exige mayoría cualificada de participación, y dado también que los grandes partidos con implantación en el territorio han hecho campana en favor del sí, el riesgo de que la abstención aumente es grande.

La absoluta seguridad de que el Estatuto de Autonomía será aprobado, puesto que para ello bastaría con que los escasos votos negativos previsibles fueran superados por los sufragios afirmativos, cualquiera que sea el porcentaje de éstos respecto al censo, puede contribuir a que los deberes ciudadanos sean sacrificados en aras de la comodidad o de la pereza.

En Galicia, en cambio, los votantes son invitados a elegir diputados para el Parlamento gallego, en el marco del Estatuto de Autonomía aprobado con un altísimo porcentaje de abstención (71,82%) en diciembre de 1980. Aunque la escasa participación en el referéndum para votar el Estatüto tuvo también la disculpa de su segura aprobación, la abstención gallega se ha mantenido siempre en porcentajes preocupantes: el 38,78%, en junio de 1977; el 48,58%, en el referéndum constitucional, y el 48,76% en marzo de 1979. Es cierto que el censó gallego presenta defectos todavía superiores al resto de España y que pescadores y emigrantes no podrán ejercer el martes el derecho al sufragio por la incomprensible negligencia de la Administración pública para organizar el voto por correo. Pero hay causas sociales y políticas -el caciquismo gallego ha sido la mejor escuela de muñidores electorales- y obstáculos materiales -desde el desperdigamiento de los núcleos ciudadanos hasta el pésimo estado de las comunicaciones- que harán muy difícil, a corto plazo, situar la participación gallega ante las urnas en la media nacional.

Los partidos han realizado, en las cuatro provincias, una activa campaña, que ha ocultado, tras la inconvincente afirmación de que los comicios gallegos no deberían extrapolarse al resto de España, el obvio propósito de realizar esa operación comparativa, en el caso de que los cómputos electorales les sean favorables. Un gran avance de Alianza Popular (el 13,67% en marzo de 1979) y un marcado retroceso de UCD (el 47,52% en los mismos comicios) darían a la obsesiva consigna de Fraga de la mayoría natural la posibilidad de convertirse en realidad, al menos en la composición de la Junta de Galicia. Si bien Galicia nunca ha sido un territorio especialmente favorable al PSOE (que obtuvo el 16,99% de los sufragios en marzo de 1979), un éxito de los socialistas confirmaría ese corrimiento de la opinión en toda España, que podría darles la victoria en las próximas elecciones generales. En cuanto a UCD, tan abundante en notables gallegos como influyente en las cuatro provincias, le bastaría con conservar sus posiciones para darle al Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo un balón de oxígeno. Finalmente, los comicios del próximo martes dirán si el nacionalismo radical gallego prosigue o no la tendencia moderadamente ascendente registrada en marzo de 1979 (5,85%).