Gibraltar, un caso de obstinación británica y de inconstancia española
El próximo inicio de negociaciones sobre Gibraltar, entre España y el Reino Unido, anunciadas el viernes en Londres por Calvo Sotelo y Margaret Thatcher, con el simultáneo levantamiento de las restricciones en la frontera y la concesión de una serie de derechos a los trabajadores españoles en la colonia, abren un nuevo capítulo en la historia de la obstinación británica respecto a la Roca, retenida hasta ahora en manos extranjeras por la inconstancia española. Todas las conversaciones anteriores, que aquí se resumen, concluyeron en fracaso.
La última y calculada provocación del Foreign Office británico sobre Gibraltar ocurrió el pasado mes de julio, cuando dispuso que la luna de miel de Carlos, príncipe de Gales, y ladi Diana comenzara embarcando en el Peñón en el yate real Britania.Los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, al conocer la noticia, cancelaron su viaje a Londres, donde estaba prevista su asistencia a la boda del príncipe. La firmeza de esta actitud impresionó a la Prensa de Londres, que por primera vez en los 278 años que dura este contencioso gibraltareño criticó la posición del Foreign Office y estimó justamente adecuado el proceder de los Reyes españoles.
Las conversaciones que se iniciarán el 20 de abril según lo convenido por Calvo Sotelo y Margaret Thatcher, suponen la aplicación de la Declaración de Lisboa, el 10 de abril de 1980, por los ministros de Exteriores Marcelino Oreja y lord Carrington. Bajo el nuevo régimen de la Monarquía parlamentaria establecido en la Constitución de 1978 se abre la vía para desbloquear el contencioso de Gibraltar, que sufrió importantes quebrantos para los intereses españoles durante los cuarenta años de Franco.
Gibraltar, en palabras del general Franco, caería en manos españolas «como una fruta madura». Churchill, se decía, había comprometido su entrega a cambio de la neutralidad del régimen franquista durante la segunda guerra mundial. Pero bajo la retórica del lema «por el imperio hacia Dios», los británicos prosiguieron sin obstáculo alguno la política de hechos consumados. Así, la construcción del aeropuerto sobre la parte del istmo situada al sur de la verja erigida por el Reino Unido en 1908. Este territorio jamás fue cedido legalmente por España, y sólo se permitió su uso por razones humanitarias él pasado siglo.
La reivindicación de Gibraltar fue agitada en diversos momentos como dispositivo movilizador capaz de disolver en adhesión popular otros problemas de consumo interior.
Visita real y manifestaciones
En 1950, el Gobierno británico instituye en. la colonia un consejo legislativo y un consejo ejecutivo con el propósito de introducir un nuevo interlocutor en el problema: la población gibraltareña.La visita de la reina Isabel II y del duque de Edimburgo a la Roca, del 10 al 12 de mayo de 1954, subió de tono la indignación española. Al Sindicato Español Universitario (SEU) le brindaron en bandeja la oportunidad de sacar a la calle a los estudiantes. Unos 20.000 o 30.000 acudieron al llamamiento, y la manifestación subió hasta la red de San Luis al grito de «¡Gibraltar, español!». Desde allí se dirigieron al palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, y más tarde a la sede de la Embajada británica. El embajador inglés, preguntado por el ministro español, respondía flemático que no necesitaba más guardias de protección.
«No me envíe más guardias; envíeme menos estudiantes». El Gobierno español respondió a la visita de la reina británica imponiendo limitaciones a la comunicación entre Gibraltar y su Campo, contenidas en el Tratado de Utrech. Se cerró el Consulado español en Gibraltar, se prohibió la entrada de españoles a la colonia sin motivos justificados, se denegaron nuevos permisos de trabajo a los obreros españoles empleados en la Roca y se aumentó el control en la demarcación.
El día 13 de mayo de 1960 hay una ligera distensión, con el acuerdo de suprimir el visado de los pasaportes en el puesto de La Línea de la Concepción. Y en julio de ese mismo año, el entonces ministro español de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, hace una visita oficial a Londres invitado por su colega británico, Selwyn Lloyd. En mayo de 1961 devuelve la visita a Madrid el nuevo ministro británico, sir Alec Douglas-Home, y se produce el primer diálogo oficial sobre Gibraltar.
Contrabando
Castiella concibe la acción española en dos frentes: el diplomático y el del desarrollo económico del Campo de Gibraltar, una de las zonas españolas de mayor atraso, en abierto contraste con la prosperidad de la colonia británica, basada en el contrabando. Los eficientes servicios policiales del régimen español se mostraron incapaces de suprimir estos abusos, que, según Salustiano del Campo, hacían que Gibraltar importara más tabaco que la República Federal de Alemania, y tantas hojas de afeitar como España.Se trataba, en definitiva, de rendir Gibraltar mediante la aplicación del Tratado de Utrech, el apoyo de las Naciones Unidas y el asedio a la Roca mediante la prosperidad del campo de su entorno, invirtiendo la relación desfavorable que hasta entonces se había dado. El propósito encajaba perfectamente con el mito del desarrollismo que había venido a sustituir a la política imperial de los míseros años cuarenta. No hubo política de continuidad ni saldo de eficacia.
El Reino Unido pretendía la paulatina transformación de la situación colonial de Gibraltar con la implantación de unas pretendidas instituciones autónomas de Gobierno, de manera que los habitantes de la plaza pasaran a ser instrumentalizados como si hubieran recibido de Londres la soberanía del Peñón. En esas fechas escribió Salvador de Madariaga, en la revista católica editada en Londres The Tablet: «Hay gibraltareños porque hay una base naval. Bórrese la base naval y se borran los gibraltareños. Por tanto, no es posible justificar la base por el interés de unos gibraltareños que sólo se justifican por la base. Primero decidiremos qué pasa con la base, y luego hablaremos de los gibraltareños».
Resoluciones de la ONU
El 16 de octubre de 1964, el Comité de los Veinticuatro de las Naciones Unidas, encargado de problemas de descolonización, tomó por consenso el acuerdo de invitar al Reino Unido y a España a iniciar sin demora conversaciones a fin de encontrar, conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas una solución negociada de acuerdo con las disposiciones de la Resolución 1.514 (XV) -que defiende la unidad territorial de los países-, teniendo en cuenta debidamente las opiniones expresadas por los miembros del Comité, así como los intereses de los habitantes del territorio.El 16 de diciembre de 1965 la XX Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2.070 sobre Gibraltar, en la que se invita a los Gobiernos de España y del Reino Unido a iniciar sin demora conversaciones, previstas según los términos del consenso aprobado el 16 de octubre de 1964 por el Comité de los Veinticuatro.
Las conversaciones se iniciaron, al fin, el 18 de mayo de 1966 en Londres, con participación de Castiella y su colega británico, Michuel Stewart. La propuesta hispana en aquella ocasión fue la firma de un convenio, en sustitución al Tratado de Utrech, mediante el cual España recuperaba la soberanía sobre la plaza, al mismo tiempo que aceptaba la permanencia de la base militar británica y fijaba un régimen legal para los habitantes del Peñón, registrado en Naciones Unidas. Dicho régimen respetaba la nacionalidad británica de los gibraltareños, garantizaba su residencia, el libre ejercicio de sus legítimas actividades y la permanencia en sus puestos de trabajo.
No se realizó ningún progreso en estas conversaciones, que fueron aprovechadas por los británicos para proclamar unilateralmente su soberanía sobre la parte invadida del itsmo. Un año más tarde, el 19 de junio de 1967, el embajador británico en la ONU solicitaba de la Organización el envío de observadores para el referéndum convocado en el Peñón el 10 de septiembre. Dicho referéndum, que por amplia mayoría aceptaba el mantenimiento de los lazos con el Reino Unido, fue celebrado, pese a las repulsas del Comité Especial de Descolonización y de la Cuarta Comisión de la Asamblea General.
Luego vino la entrada en vigor de la nueva Constitución gibraltareña, seguida de la decisión española de cerrar la frontera, suprimir la línea marítima entre Algeciras y Gibraltar y las comunicaciones telefónicas y telegráficas, que se impuso el 9 de junio de 1969 como medida de extorión.
Trece años de cierre de la frontera
Trece años después del cierre de la frontera con Gibraltar, el 9 de junio de 1969, decidida por el Gobierno español, las comunicaciones terrestres entre el territorio español y la colonia británica volverán a abrirse el próximo 20 de abril, según se anunció ayer en Londres después de la entrevista entre la primera ministra británica, Margaret Thatcher, y el presidente del Gobierno español, Leopoldo Calvo Sotelo.La medida de cerrar la frontera con Gibraltar fue tomada por el Gobierno español en respuesta a la entrada en vigor en el Peñón de la nueva constitución aprobada por el Parlamento británico, y por la que se concedía un Gobierno autónomo a la colonia. Londres transgredía así las resoluciones de las Naciones Unidas pidiendo la descolonización de Gibraltar e invitando a las partes a entablar negociaciones.
La verja que hace de frontera entre la colonia británica y el territorio español fue construida por los ingleses en 1909. La decisión la había tomado un año antes el Gobierno británico, que comunicó a Madrid el comienzo de las obras en febrero de 1909.
El cierre de la verja supuso el paro inmediato para más de 4.700 trabajadores de La Línea que acudían diariamente al Peñón a desempeñar diversas actividades laborales.
En 1977 España restableció las comunicaciones telefónicas y telegráficas con el Peñón, cortadas también con el cierre de la frontera en 1969.
Desde el cierre de la verja, la única forma de viajar a Gibraltar desde España es vía Tánger, y desde allí en barco hasta el Peñón.
En previsión de una próxima apertura de la verja gibraltareña, a comienzos del pasado mes de diciembre se iniciaron las obras de construcción de un nuevo pabellón aduanero en la parte española de la frontera, obras que estarán ultimadas a mediados del próximo mes de febrero.
30.000 habitantes en menos de seis kilómetros cuadrados
Ocupado en 1704 por el almirante inglés George Rooke, durante la guerra de Sucesión española, el Tratado de Utrecht de 1713 reconoció la soberanía británica sobre el Peñón, que durante varios siglos sería uno de los símbolos del poderío inglés. Con una extensión de 5,8 kilómetros cuadrados, Gibraltar tiene una población de unos 30.000 habitantes. Los gibraltareños puros son unos 20.000; junto a ellos, los militares ingleses, con sus familias, suman algo más de 3.000 personas, a los que hay que añadir pequeñas comunidades de portugueses, indios y paquistaníes, y 3.000 marroquíes que sustituyeron a los trabajadores españoles y que viven en albergues del Estado, sin derecho a instalar a su familia. El pasado mes de octubre, la Cámara de los Comunes aprobó una cláusula por la que se concedía a los gibraltareños la plena nacionalidad británica.Esta pequeña comunidad goza de una considerable autonomía política interna, a pesar de su condición de colonia de la Corona británica. El gobernador y comandante en jefe, nombrado por la reina, es el que dirige el Ejecutivo y está asistido por un consejo compuesto por cinco miembros elegidos y cuatro ex officio. Aunque todavía conserva un derecho de veto, raramente ejercido, el gobernador ha ido cediendo poco a poco sus atribuciones en materia de administración interna al Consejo de Ministros, formado por el partido o coalición de partidos mayoritarios. Cada cuatro años se celebran elecciones para elegir quince miembros de la Asamblea Legislativa.
Sin ninguna agricultura, la economía gibraltareña se nutre principalmente de tres fuentes: la construcción, los astilleros y el turismo. El cierre de la frontera española obligó a importantes reajustes. Gibraltar tuvo que dirigirse a Marruecos para conseguir lo esencial de sus provisiones y de la mano de obra no cualificada, y su presupuesto, hasta entonces autosuficiente, necesitó una ayuda del Reino Unido cifrada en siete millones de libras (unos 1.300 millones de pesetas) anuales. El pasado mes de noviembre, el ministro británico de Defensa anunció el cierre de los astilleros para 1983. Estos astilleros emplean directamente a 950 personas, en su gran mayoría gibraltareños, pero en total dependen de ellos unos 3.000 puestos de trabajo.
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