Mayor control de precios para evitar la revisión salarial

El fantasma de la revisión salarial comienza a preocupar en medios gubernamentales. Para impedir que el índice de precios al consumo (IPC) supere durante el primer semestre los 6,09 puntos previstos en el Acuerdo Nacional sobre Empleo, en algunas esferas de la Administración se han acentuado los controles. Optimistas y pesimistas ante dicha eventualidad coinciden en que deben frenarse los precios, para lo cual no es necesario manipular el IPC. Basta con el doble recurso utilizado en ocasiones anteriores: retrasar las subidas previstas y reducir la cuantía de las sometidas a intervención.

La posible necesidad de nuevos controles puntuales será decidida, según medios informados, tras analizar el IPC de abril, que puede conocerse dentro de algunos días, y se espera en fuentes de la Administración que no llegue al 1% del año pasado. En el primer trimestre del año, el aumento acumulado ha sido del 4,1% (1,5% de marzo, 0,8% de febrero y 1,8% de enero). Así, pues, el margen existente para mayo y junio, caso de confirmarse la impresión citada sobre abril, sería inferior a un punto. Y los incrementos del bimestre fueron superiores al 1,6% en 1981 y 2,3% en 1980.En este sentido, Diario 16 publicó ayer la siguiente confidencia: "El IPC correspondiente al mes de marzo estaba equivocado. En lugar del 1,5%, la cifra exacta es del 1,3%. El error partió de un funcionario de Estadística, que había ponderado mal la subida del teléfono. El fallo fue descubierto por el propio García Díez (vicepresidente económico del Gobierno), que no se fió de nada de los datos oficiales. Ahora, el INE está revisando los trabajos anteriores".

Durante el primer trimestre, los expedientes de aumentos de precios sometidos a intervención, que tienen un peso aproximado del 20% en el índice de precios, han sido aprobados sin grandes problemas.

Aunque con menores recortes que los aconsejados por la Junta Superior de Precios (JSP), recibieron generosa luz verde las tarifas eléctricas, telefónicas y postales, así como los precios del transporte, entre otros.

De otra parte, en los precios libres susceptibles de influencia administrativa a través de la regulación del mercado, fundamentalmente, como los alimentarios, no se han registrado tampoco grandes obstáculos.

Precios a la espera

Sin embargo, en las últimas semanas se ha detectado cierta lentitud administrativa. La Comisión Delegada del Gobierno no ha aprobado ningún expediente en veinte días, y uno de los últimos que recibió autorización -la elevación del 12% en las tarifas aéreas nacionales- ha sido demorado en su entrada en vigor a principios de julio, si, bien su repercusión sobre el IPC es mínima.

Mayor trascendencia tienen las tarifas de asistencia sanitaria (en los dos pasados años 0,25 y 0,28 puntos del IPC procedieron de los servicios médicos), que llevan casi medio año pendientes de autorización, aunque diversas aseguradoras no han esperado (véase EL PAIS del jueves 13 de mayo).

Tampoco encuentran disposición favorable en la Administración las pretensiones de la industria farmacéutica, cuya aspiración a un incremento próximo al 30% puede encontrar dificultades para entrar en vigor hasta 1983; la farmacia aportó al IPC un 0,15% y un 0,18%, en 1980 y 1981, respectivamente.

Igualmente, precios básicos como los del pan, azúcar y aceite de girasol, alguno de ellos con revisión pendiente para junio, serán con bastante seguridad espaciados en todos los casos a partir de julio.

En los dos últimos años, el pan hizo subir al índice un 0,24% y un 0,32%; los aceites y grasas, el 0,27% y el 0,47%; y el azúcar y derivados, un 0,16% y un 0,22%.

El índice y los precios

La otra vía para manipular los precios no sometidos a intervención (es decir, a los regímenes de autorización o comunicación) tiene efectos tanto o más eficaces.

En el gráfico adjunto puede observarse cómo el espectacular frenazo de junio de 1981 (0,1% de aumento, cuando el año anterior había sido del 1,6%) impidió por los pelos la revisión salarial, gracias a un descenso de 0,8 puntos en el grupo de alimentación.

"Siempre hay un entendimiento respecto a los productos agrícolas para no perjudicar ni al productor ni al consumidor", ha declarado un alto cargo con responsabilidad en temas de precios, al comentar la posibilidad de que en los próximos meses ocurra algo similar.

El entendimiento arraigó especialmente el año pasado con los productores de pollos y huevos. Según ha explicado una fuente del Instituto Nacional de Estadística, la Administración habló con los cuatro o cinco principales productores, que dominan el mercado; de ellos consiguió aplazar unas semanas las subidas.

Así se explica que, por estos y otros precios pendientes de repercutir, el IPC alcanzara al mes siguiente dos puntos, la cota máxima del año.

Moderación sacrificada

Tales operaciones, sin embargo, no atajan el mal de fondo. A pesar de que funcionó la moderación salarial y el objetivo de inflación para 1981 era el 13%, el ejercicio terminó con un incremento del IPC del 14,4%.

Las siete décimas ganadas al indicador de inflación del año anterior (15,1%) fueron enteramente atribuibles, según se ha sabido ahora, a la desaceleración de los precios de la energía; su impacto en el IPC, sólo el directo, pasó de 2,003 a 1,411 puntos.

Peor camino, por la misma dirección, lleva este año, para el que algunos auguran ya que se frustre el único logro de las políticas económicas más recientes: la lucha contra la inflación.

En el primer trimestre, el incremento acumulado del IPC fue del 4,1 %, frente al 4,6% de 1981 y el 4,2% de 1980. Lo grave es que esto ocurre cuando la repercusión directa de los precios energéticos (0,27% de enero a marzo pasados) ha sido, según datos oficiales, casi 0,7 puntos inferior a la del primer trimestre de 1981 (0,93%). ¿Para qué ha servido la moderación salarial?

A juzgar por los datos sobre negociación colectiva de la Administración y de los sindicatos, los salarios han subido este año algo más de cuatro puntos por debajo del IPC de 198 1, e incluso casi dos puntos menos que el índice inicialmente previsto para 1982 (12%).

Optimistas y pesimistas

La versión optimista ha correspondido al director general de Previsión y Coyuntura del Ministerio de Economía, Anselmo Calleja, para quien este año "varios bastante mejor en precios de alimentación, mientras el resto mantienen una evolución similar".

En su opinión, el ejercicio terminará con un 12% o 12,5% de IPC, pues todavía no se han podido sentir los efectos positivos de la moderación salarial, que afloran a través de los menores costes de las empresas.

Para Calleja, no es probable la hipótesis de la revisión, debido a que hay otros dos factores que avalan la desaceleración de los precios: la flexión a la baja en los precios de las materias primas, bastante acusada, y la caída de los precios del petróleo. Añadió, no obstante: "Debemos tener mucho cuidado en aumentos de precios no justificados".

Asimismo, fuentes de la Dirección General de Comercio Interior, encargada de las señales de alerta en los precios alimentarios, señalaron que no hay motivos para temer una revisión, ya que los precios alimentarios no están dando sorpresas y las previsiones para los de frutas y hortalizas de primavera-verano no son malas. Tampoco son previsibles subidas por causas estacionales.

Sin embargo, otros medios, incluso algunos de la propia Administración, se muestran pesimistas, consideran inevitable la revisión salarial, no creen posible que la inflación baje este año del 14%.

Los argumentos más repetidos en este bloque de versiones son que los precios alimentarios, después de algunos meses que llevan de respiro, mantendrán la tónica alcista de los dos o tres últimos años, debido a las malas cosechas y a los daños por heladas y sequías; que el Mundial de Fútbol traerá consecuencias alcistas similares al turismo de verano, más psicológicas que debidas a la afluencia real de turistas, y que el aumento de los costes del dinero para la generalidad de las empresas compensará la moderación salarial, cuando aquélla no sea íntegramente trasladada a beneficios.

Agregan, en este sentido, que la política monetaria expansiva, provocada por el déficit del sector público y la actuación de la banca, puede por sí sola comprometer cualquier logro de signo antiinflacionista.