La autonomía canaria tendrá un nivel similar a las existentes ya en Cataluña o el País Vasco

El Estatuto canario, aprobado el miércoles por abrumadora mayoría en el Congreso de los Diputados, se tramitará en el Senado paralelamente con la Ley Orgánica de Transferencias a Canarias (LOTRACA), que va a permitir a la comunidad autónoma insular superar el nivel de competencias previsto en el artículo 143 de la Constitución -al que queda sujeto el texto estatutario- y alcanzar, en la práctica, su equiparación con los niveles de autonomía de Cataluña, Euskadi, Galicia y Andalucía. El estatuto, que se pretende entre en vigor en julio, recortará la autonomía política de los cabildos insulares en beneficio de las instituciones comunitarias.

En el pleno del Congreso celebrado el miércoles, en el que funcionó sin fisuras el pacto autonómico UCD-PSOE, únicamente quedaba por dilucidar un tema, en el que ambos partidos mayoritarios -socialistas y centristas- no llegaron a ponerse de acuerdo en los trámites de ponencia y comisión.Se trata del nivel de presencia de la comunidad autónoma de Canarias en lo que hace a la negociación de convenios o tratados internacionales que en el futuro pueda realizar el Gobierno español.

Los socialistas, a través de una enmienda, pretendían que se reconociera en el Estatuto que la comunidad autónoma de Canarias "estará presente y será necesariamente oída en la negociación de convenios y tratados internacionales, en cuanto afecten a materias o áreas de específico interés para Canarias". Esta enmienda fue rechazada por la UCD, que mantuvo el texto del dictamen de la comisión, en el que se señala que la comunidad autónoma de Canarias "será informada en la elaboración de los tratados y convenios internacionales y en las negociaciones de adhesión a los mismos, así como en los proyectos de legislación aduanera, en cuanto afecten a materias de su específico interés". "Recibida la información", se precisa, "el órgano de gobierno de la comunidad autónoma emitirá, en su caso, su parecer".

No se invade la soberanía del Estado

Los socialistas canarios defendieron su enmienda señalando que lo que se pretendía con ella no era invadir la soberanía del Estado, sino asegurar la presencia "determinante" de la comunidad autónoma de Canarias en dichas negociaciones. Para el PSOE, este precepto venía a salvaguardar el régimen económico y fiscal de Canarias, con especificidades notables El Estatuto aprobado prevé que la comunidad autónoma "gozará de un régimen especial basado en la libertad comercial de importación y exportación y en franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo".

Se establece también que, en el caso -tan temido por los canarios- de una futura vinculación de España a áreas o comunidades económicas supranacionales, como la Comunidad Económica Europea, "en las negociaciones correspondientes se tendrá en cuenta, para su defensa, la peculiaridad que supone dentro de la comunidad nacional el régimen especial de Canarias, que sólo podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 31 de la Constitución, previo informe del Parlamento canario, que, para ser favorable, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus miembros". Está asimismo previsto en el Estatuto que el Parlamento canario deberá ser oído en los proyectos de legislación financiera y tributaria que afecten al régimen económico-fiscal de Canarias".

El debate en torno al encaje de los Cabildos Insulares en el Estatuto canario, que había suscitado polémica desde el primer momento de la negociación autonómica, quedó zanjado al aceptar el partido centrista una enmienda transaccional del socialista Luis Fajardo, en la que se afirma textualmente: "Los Cabildos asumen la representación ordinaria en cada isla de la Administración autonómica y ejecutan en su nombre cualquier competencia que ésta no ejerza directamente, a través de órganos administrativos propios".

El mismo diputado, declaraba, que con su enmienda, "se enriquecen y complementan las especificidades de los Cabildos Insulares previstas en la ley que los creó en mayo de 1912. Se trata de que los Cabildos tengan, a partir de ahora, autonomía administrativa y no política con respecto a las instituciones comunitarias.

De acuerdo con el Estatuto canario, el Parlamento quedará instalado en la ciudad de La Laguna (Tenerife). En lo que hace a la representatividad en el mismo de las provincias y de las islas que las integran, uno de los temas más polémicos en todo el proceso estatutario, ha sido resuelta por centristas y socialistas con criterios de paridad absoluta. Paridad entre una y otra provincias y paridad entre islas mayores e islas menores. Cada una de las dos provincias contará con treinta representantes en dicha Cámara. En la de Las Palmas de Gran Canaria, la isla de Gran Canaria tendrá quince parlamentarios; Lanzarote, ocho, y Fuerteventura, siete. Por lo que hace a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la isla principal, Tenerife, va a contar con quince escaños, La Palma, con ocho; Gomera, con cuatro, y Hierro, con tres.

El Gobierno de Canarias, de acuerdo con el Estatuto aprobado en el Congreso, tendrá sus sedes compartidas entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. La Presidencia del Gobierno canario se situará alternativamente, por el plazo de duración de la legislatura, en una y otra provincias, y las consejerías se repartirán entre Las Palmas y Tenerife. La sede de la delegación del Gobierno de la nación en la. comunidad autónoma de Canarias se establecerá con carácter permanente en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Los socialistas lograron en el pleno del miercoles suprimir del artículo correspondiente, una coletilla según la cual dicha sede se mantendría en dicha ciudad "salvo que el Gobierno, por razones de interés general", decidiera cambiarla.