Ochenta portugueses serán expulsados de Gijón en un plazo de cuatro meses

Ochenta portugueses serán expulsados de Gijón, aunque de forma individualizada y con una cadencia que permitirá realizar la operación en un plazo de tres o cuatro meses, para evitar la apariencia de una repatriación masiva, según fuentes de toda solvencia conocedoras de lo tratado en la reunión que celebraron al respecto, en Oviedo, Rafael Fernández, presidente del Consejo de Gobierno autonómico asturiano y militante del PSOE; el delegado del Gobierno en la región, Ricardo Larrainzar; el alcalde de Gijón, José Manuel Palacio, del PSOE, y el jefe superior de Policía.

Ricardo Larrainzar puso de manifiesto en dicha reunión que la única autoridad competente para decidir las expulsiones es el Ministerio del Interior e hizo una velada alusión a la mala imagen que están ofreciendo Asturias y Gijón, al dar la impresión de que se pretende expulsar de España a quinientos portugueses, especialmente en un momento en que existen muchos españoles trabajando en el extranjero y cuando España y Portugal están negociando delicados acuerdos bilaterales.

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha seguido con preocupación la polémica surgida entre el Ayuntamiento de Gijón, de mayoría de izquierda, con las autoridades de Portugal. Un portugués residente en Gijón ha manifestado que cuando, en ocasiones anteriores, tuvieron problemas similares al que ahora les plantea un ayuntamiento socialista encontraron en Felipe González la máxima comprensión.

Pese a las críticas de que ha sido objeto el Ayuntamiento de Gijón, el delegado del Gobierno no ha puesto, hasta ahora, objeción alguna a la primera relación de ochenta portugueses, que residen en el poblado de Villacajón en condiciones infrahumanas, sin trabajo, sin documentación y cuyas ocupaciones son supuestamente la delincuencia y la mendicidad.