Los primeros nombramientos

EL PRIMER Consejo de Ministros del Gobierno presidido por Felipe González ha realizado los nombramientos iniciales de una serie que tendrá su necesaria prolongación durante las próximas semanas. La renovación de los altos cargos del Estado todavía no ha operado sobre áreas tan importantes como los gobiernos civiles, las embajadas y las empresas públicas, y sólo ha afectado, en buen número de departamentos ministeriales, a la estructura básica de su organigrama. Aunque sería improcedente tratar de formular un juicio definitivo sobre un proceso apenas comenzado, existen, sin embargo, elementos suficientes para conjeturar cuáles pueden ser las grandes líneas del cambio dentro de la clase gobernante.En consonancia con las características de los ministros socialistas, los nuevos altos cargos combinan, por regla general, su antigua militancia en diversos grupos y partidos de la oposición antifranquista (cuyo reflujo fue inteligentemente capitalizado por el PSOE renovado tras el Congreso de Suresnes) con capacidades técnicas y de gestión adquiridas en el desempeño de la función pública o, más recientemente, en la Administración municipal. Situados en una zona fronteriza entre la juventud y la madurez, los apellidos de los recién designados resultarán tan desconocidos para la España del antiguo régimen, como familiares para quienes se movieron e,. los círculos de la oposición durante la década de los sesenta y los comienzos de los setenta. Aunque tal vez se pudiera echar en falta una mayor presencia de gentes procedentes de la sociedad civil y señalar la sobreabundancia de funcionarios públicos, lo cierto es que las eventuales resistencias o boicoteos en el seno de la propia Administración contra el cambio político explican que el Gobierno de Felipe González haya recurrido a sus militantes o simpatizantes dentro de los escalafones estatales. De otro lado, los altos cuerpos privilegiados, cantera inagotable para los Gobiernos tecnocráticos del franquismo y de UCD, han sido desplazados por cuerpos técnicos de la Administración de los que no cabe sospechar ni egoísmos corporativos ni conexiones con el mundo de los intereses.

El nombramiento de varias mujeres -entre ellas Carmina Virgili como secretaria de Estado para Universidades, María Izquierdo como secretaria de Estado para las Autonomías y Carmen Mestre como directora general de la Energía- tiene el doble significado positivo de contrarrestar la tendencia a la misoginia de nuestra vida pública (puesta otra vez de relieve en la formación del primer Gobierno) y de recaer sobre cargos duros impropios para la asignación de cuotas compensatorias por razón de sexo. Antonio Hernández Gil, víctima de las absurdas suspicacias de los Gobiernos centristas tras su cese como presidente de las Cortes Constituyentes, pasa a ocupar la presidencia del Consejo de Estado en un gesto que podría ser interpretado como una señal de que el Gobierno de Felipe González se propone excluir a las grandes instituciones públicas -entre las que figura también el Tribunal Constitucional- de un eventual sistema de reparto de despojos para consolar a militantes descontentos. Un socialista histórico, Luis Yáñez, ha sido designado presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana, tan necesitado de una drástica renovación de planteamientos políticos y culturales para realizar sus objetivos. En el Ministerio del Interior, los nombres de Carlos San Juan, un hombre con buena experiencia jurídica, y de Rafael Luis del Río, comisario del Cuerpo General de Policía, contrastan con el desconcertante currículo del nuevo director de la Seguridad del Estado. Julio Feo y Eduardo Sotillos, con experiencia en medios de comunicación y un buen conocimiento de la sociedad civil, pueden ser dos eficaces colaboradores del presidente del Gobierno. Miguel Boyer ha designado a personas con prestigio profesional para ocupar altos cargos en Hacienda, Comercio y en el Instituto de Crédito Oficial. En los ministerios de Sanidad, Industria, Trabajo, Agricultura, Obras Públicas y Presidencia no faltan tampoco los nombramientos asociados con la competencia y la honestidad. Francisco Huet y Juan José Martínez Zato, dos miembros de la autodisuelta Justicia Democrática, la ejemplar organización de magistrados y fiscales que combatió durante al anterior régimen en pro de los derechos y libertades garantizados hoy por la Constitución, ocuparán dos importantes direcciones generales en el Ministerio de Justicia. José María Maravall ha formado un buen equipo en el Ministerio de Educación y Ciencia, mientras que los primeros nombramientos en el Ministerio de Cultura también parecen acertados.

Sería deseable que los consejos de ministros anteriores a la pausa navideña cerraran por entero el cuadro de los altos cargos del Estado, de forma tal que el Gobierno de Felipe González pudiera dedicarse, a pleno rendimiento y sin huecos por cubrir, no sólo a resolver los problemas pendientes que esperan respuestas urgentes, sino también a establecer las coordenadas del cambio en aquellas áreas que necesitan el diseño de nuevas estrategias. La devaluación de la peseta y la subida de los productos energéticos son ejemplos de contestaciones inaplazables a cuestiones heredadas del anterior Gabinete. Pero ese Gobierno que gobierne anunciado por los socialistas durante la campaña electoral tendrá que ganarse la confianza de los ciudadanos por su capacidad para abrir caminos de reformas profundas, que concilien el realismo y la prudencia de los procedimientos con la ambición y la congruencia de los objetivos, en terrenos tan variados como la creación de empleo, la protección simultánea de la seguridad ciudadana y las libertades, el reajuste de nuestra política exterior, la eficacia y la moralización de la Administración, la extensión y la mejora de la enseñanza en todos sus grados, la negociación e instrumentación de las líneas definitivas del mapa autonómico, el saneamiento de la Seguridad Social, el fomento y protección de la cultura, la reestructuración de la salud pública y ese largo etcétera de promesas que movilizó la voluntad y las esperanzas de casi diez millones de españoles el 28 de octubre.