El Gobierno desea 'pacificar' las relaciones Iglesia-Estado

El Gobierno de Felipe González está dispuesto a pacificar en los próximos meses las relaciones iglesia-Estado, que necesitan desde primeros de año de una implementación de los acuerdos firmados con el Vaticano en 1979. Por su parte, la Conferencia Episcopal Española mantiene las mismas esperanzas. "Es la intención de este Gobierno cumplir con el artículo 16 de la Constitución en sus relaciones con los colectivos religiosos, porque estimamos que no ha existido anteriormente una programación unitaria y sistemática de esas relaciones", declaró a este diario el nuevo director general de Asuntos Religiosos, Gustavo Suárez Pertierra.

Los ministerios de Justicia y Hacienda tienen ya muy avanzado el desarrollo de los aspectos económicos del acuerdo con la Iglesia católica y, a juicio del señor Suárez Pertierra, "cae dentro de lo posible que se puedan implementar este año los acuerdos para cambiar el sistema de subvención global del Estado a la Conferencia Episcopal". En el futuro se concluirán otros tres pactos con las confesiones evangélicas, adventistas y la comunidad israelí.En los contactos mantenidos hasta el momento entre el nuevo Gobierno y representantes de la jerarquía eclesiástica se ha encontrado por ambas partes una buena voluntad para resolver de una vez para siempre los problemas existentes en las relaciones, y concretamente el Gobierno socialista está dispuesto a mantener durante otros tres ejercicios económicos el mismo nivel de ingresos directos, con sus incrementos, aunque se cambie el sistema de financiación. Esos ingresos ascendieron en 1982 a más de 9.000 millones de pesetas.

Las reivindicaciones que presenta la Iglesia, que de momento mantiene una actitud de reserva, aunque no de desconfianza, son de tres tipos: una, económica; otra, en el terreno de la enseñanza privada y de la religión, y una tercera, en relación con los medios de comunicación del Estado. La comisión permanente del episcopado termina hoy una reunión de tres días en Madrid en la que se ha pasado revista al estado de las relaciones y en la que se hará pública una declaración de los obispos sobre la propuesta. relorma de la Administración en el tratamiento del aborto en el Código Penal.

Historia de las subvenciones

Desde la desamortización de Mendizábal, a mediados del siglo XIX, la Iglesia española quedó, como la del resto de Europa, sin bienes propios, pero el Estado se comprometió a compensarla con una dotación que se conoce por contribución de culto y clero. La situación continuó prácticamente así a través de los concordatos de 1851 y 1953, hasta que en los nuevos acuerdos entre el Estado y el Vaticano, firmados el 4 de enero de 1979, se adecuaron las relaciones a la nueva normativa de libertad religiosa y de no confesionalidad del Estado español.Este acuerdo dejaba un período de tres años para la ejecución de sus aspectos económicos, y la Iglesia ha seguido hasta hoy recibiendo una subvención directa de los Gobiernos respectivos -en este caso, de Unión de Centro Democrático- que, por ejemplo, en los Presupuestos de 1982 ascendió a 9.265 millones de pesetas, es decir, un 0,26% del total del gasto público. Hasta ahora esta dotación global se incrementaba anualmente al mismo nivel que aumentaban los sueldos de los funcionarios civiles.

Aunque la Iglesia recibe también del Estado otras ayudas indirectas, como la inclusión del clero en la Seguridad Social o la protección del patrimonio histórico-artístico, además de la subvención a la enseñanza privada, es precisamente en la dotación directa donde las partes se comprometieron en 1979 en cambiar el sistema, por la simple razón de que se deseaba fijar esa cantidad global sobre unas bases más objetivas. Por eso se redactó un artículo en los acuerdos que dice: "Transcurridos tres ejercicios completos desde la firma de este acuerdo, el Estado podrá asignar a la Iglesia católica un procentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto u otra de carácter personal por el procedimiento técnicamente más adecuado".

Esto es lo que en la jerga popular se conoce como impuesto religioso, y que tiene diferentes sistemas en los países occidentales en los que se aplica. En Alemania Occidental cualquier iglesia fija a sus fieles un porcentaje de su contribución fiscal y el Estado sólo actúa como recaudador. En Estados Unidos el sistema es el de desgravación, y los ciudadanos pueden desgravar de sus impuestos las cantidades entregadas a una determinada iglesia u organización benéfica.

Según el director general de Asuntos Eclesiásticos, "no se trata de crear un nuevo impuesto, sino de destinar un porcentaje de los ya existentes a la dotación que recibe la Iglesia mensualmente del Gobierno, según declaración voluntaria de los contribuyentes, católicos y de otras confesiones, o, en caso de que no sean creyentes, a obras benéficas".

Los trabajos para incluir esta modalidad están bastante avanzados con Hacienda, en opinión de Suárez Pertierra, y también serán objeto de diálogo con la Conferencia Episcopal.

La enseñanza, tema difícil

En los Presupuestos Generales de 1982 el Estado asignó a la enseñanza privada, en su mayoría en manos confesionales católicas, más de 67.000 millones de pesetas. La Conferencia Episcopal desea que los socialistas continúen garantizando la gratuidad de la enseñanza declarada obligatoria, es decir, la que afecta a los niños de seis a catorce años. En segundo lugar, que se amplíe la ayuda a la escolarización plena, que ya existe en casi un 75% de la educación pública. Es decir, que para los niños de cuatro a seis años y de catorce a dieciséis, la escuela privada sea también gratuita. Esto se considera un tema muy importante y de gran repercusión para la libertad de enseñanza por parte de la Iglesia, y sobre todo preocupa en medios escolares privados la afirmación en el programa electoral del PSOE de que "una norma regulará los requisitos exigidos para la financiación de los centros no estatales".En los temas de enseñanza, el director general de Asuntos Religiosos asegura que el Gobierno cumplirá con los compromisos adquiridos y que el tema es de más directa competencia del Ministerio de Educación.

La jerarquía eclesiástica está también preocupada porque se garantice la enseñanza religiosa en las escuelas públicas para aquellos alumnos que lo deseen y sobre todo que haya profesorado dispuesto para estas tareas. En la educación universitaria la Iglesia desearía también que se aplicaran subvenciones indirectas como las becas, ayudas a investigación y bibliotecas una vez que se redacte el texto de Ley de Autonomía Universitaria socialista.

Por último, en cuanto a los medios de comunicación social, en los que la jerarquía eclesiástica desea una concreción del acceso a los medios del Estado, el señor Suárez Pertierra está dispuesto a revisar el tema en su conjunto para garantizar no sólo a los católicos, sino también a otras confesiones, el derecho de acceso a dichos medios.