"No puedo hacer ninguna declaración tranquilizadora sobre Altos Hornos del Mediterráneo", afirma Carlos Solchaga
Carlos Solchaga, ministro de Industria y Energía, manifestó ayer en el Congreso de los Diputados que su ministerio "no puede hacer ninguna declaración tranquilizadora sobre Altos Hornos del Mediteráneo" porque el futuro de esta siderurgia integral depende de la adopción de programas realistas y reponsables de reconversión para todo el sector. Solchaga señaló, incluso, que si la adopción de estos programas se retrasa dos años más, "no sobrarán ya una siderurgia integral, sino posiblemente dos de las tres instalaciones existentes".
En respuesta a una pregunta formal del Grupo Popular, el ministro del Gobierno socialista hizo una radiografia sombría del pasado, presente y futuro de este sector anticipando que la única solución viable para la misma es la reducción, a siete millones de toneladas anuales, de la capacidad de producción de las tres plantas integrales que existen en España.Presionado por la representación del Grupo Popular respecto al futuro de Sagunto, Solchaga negó ante la comisión de Industria y Energía del Congreso que el Gobierno tenga la intención apriorística de proceder a su desmantelamiento.
Pero, a renglón seguido, el ministro señaló que Altos Hornos del Mediteráneo presenta, en estos momentos, las instalaciones más anticuadas y menos competitivas de las que existen en España, lo que, evidentemente, plantea dudas sobre su viabilidad futura. "De cada 100 pesetas producidas, Sagunto pierde 36,5; Ensidesa, 19 y Vizcaya, 16,5", explicó el ministro.
Sin descartar la instalación de un nuevo tren de bandas en caliente (TBC) en un futuro lejano, Solchaga señaló que, en cualquier caso, un nuevo TBC sería sustitutivo de las instalaciones actuales y, bajo ningún aspecto, sería complementario de lo que ya existe. En este sentido, añadió, en respuesta a una pregunta del diputado socialista y miembro de la ejecutiva de UGT, José Luis Corcuera, que el problema que plantea la instalación de un nuevo TBC es que en ese caso habría que descartar las dos nuevas acerías que, en opinión del Gobierno, deben construirse en Vizcaya y Asturias.
También en respuesta a Corcuera, el ministro de Industria aceptó la posibilidad de que la fecha tope expresada por su departamento para que la comisión de seguimiento de la siderurgia integral llegue a un acuerdo sobre los planes de reconversión (el primero de julio de este año), pueda retrasarse en algún tiempo adicional. "Si los trabajos de la comisión son serios y caminan en buen sentido, está claro que la fecha del decreto ley puede retrasarse", dijo Solchaga.
En su repáso histórico del problema de la siderugia, el ministro de Industria no mencionó grandes cuestiones que antes no hayan sido puestas de relevancia. Insistió, no obstante, en que las tres empresas siderúrgicas españolas cuestan al Estado 50.000 millones de pesetas anuales y que, sin una solución aceptable y rápida, el coste de las mismas podría elevarse a más de un billón de pesetas a finales de la década.
En esta línea, el ministro reiteró los tres campos de actuación del Gobierno: adaptacion de plantillas, saneamiento financiero y realización de inversiones complementarias y básicas. Y añadió, sobre estas,últimas, que su departamento ha elevado a 180.000 millones de pesetas el volumen de inversiones que considera apropiadas para que el nivel de competitividad de la siderurgia española se asemeje al europeo.
Solchaga se refirió al programa de actuación trianual que propone el Gobierno para la siderurgia integral y que se concreta en que, a finales de este trienio, la generación bruta de fondos de las tres empresas se eleve del 8% actual a un 12-14% de la facturación. El objetivo final, no obstante, no se alcanzará hasta finales del decenio cuando esta relacion sea del orden del 18-20%.
El tono de los planteamientos e interrogantes del Grupo Popular se circunscribió más en los aspectos políticos y regionalistas involucrados en el problema siderúrgico que en los meramente técnicos o económicos, del caso. En este sentido, Solchaga insistió en que "el Gobierno no dará ningún paso atrás como consecuencia de la tensión social" que el problema siderúrgico está creando y, frente a las críticas del Grupo Popular sobre la actuación de las centrales, resaltó positivamente la labor de los sindicatos que, dijo, "han colaborado y están colaborando mucho más de lo que AP cree".
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