Los servicios de información sospechan que puede estar en marcha una operación desestabilizadora para el próximo mes

Los servicios de información del Estado sospechan que la reciente campaña ultraderechista en favor de los condenados por el 23-F, realizada a través de las páginas de El Alcázar y de algunos panfletos distribuidos en domicilios de militares, es un primer paso destinado a preparar el ambiente adecuado para realizar una operación desestabilizadora de alcance desconocido. El principal objetivo de la operación consistiría en presionar al Rey para que promueva medidas especiales que favorezcan a los golpistas condenados por su participación en el 23-F.

Una vez más, las fechas del 24 de junio, onomástica del Rey, y del 18 de julio, aniversario del inicio de la guerra civil española, aparecen como punto de referencia para la posible maniobra involucionista en marcha. El presidente y el vicepresidente del Gobierno, el ministro de Defensa y varios miembros del Gabinete, así como algunos parlamentarios, han sido informados en los últimos días por miembros de los servicios de información sobre los posibles preparativos ultraderechistas. El tema no ha originado alarmas especiales en el Gobierno, pero sí una clara preocupación por controlar los movimientos de las personas sospechosas que pueden estar promoviendo la campaña.

"Hombres de honor"

En este sentido, los miembros del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), especialmente dedicados a la investigación de movimientos involucionistas -Área Involución-, desarrollan estos días una actividad de control sobre los militares supuestamente implicados en la campaña ultraderechista. Junto a los artículos, cartas e informaciones publicadas en El Alcázar, en los últimos días también han sido distribuidos en varios domicilios militares algunos panfletos en los que se protesta por los indultos concedidos a miembros de ETApm y por los salarios militares.De acuerdo con los escasos datos concretos que tienen los investigadores de los servicios de información, este tipo de acciones no concluyen en sí mismas, sino que constituyen un primer paso para realizar nuevas actividades, todavía desconocidas en su mayor parte, que, en cualquier caso, se efectuarían antes del período de vacaciones. Entre esas nuevas acciones, fuentes del Ministerio de Defensa han informado que los ultras pretendían efectuar una campaña de recogida de firmas en favor de indultos a los condenados por el 23-F. La recogida de firmas se realizaría preferentemente en los cuarteles a lo largo de varios meses, con lo que los golpistas pretendían mantener en el primer plano de la actualidad su situación. Una vez recogido el mayor número de firmas, el documento sería enviado al Rey.

Igualmente, en el Ministerio de Defensa se sospecha que los ultraderechistas tienen la intención de continuar publicando en El Alcázar algunas cartas de solidaridad con la situación de los golpistas. "Algunos, sin embargo, se han echado atrás tras las medidas disciplinarias adoptadas contra el general De Santiago y el capitán Dusmet", según aseguran en Defensa. No obstante, ayer mismo el coronel Luis Tapia Aguirrebengoa, que reside en Canarias y ya no se encuentra en activo, publicó una carta en El Alcázar en la que califica a los golpistas del 23-F de "hombres de honor cuyos actos fueron movidos por su enorme amor a la patria". "El Alcázar", añade en un comentario el propio periódico, "asistirá como siempre con su colaboración a cuantas iniciativas se produzcan en idéntico sentido desde la esfera castrense".

Ante la posible importancia del plan, algunos miembros del Gobierno dudaron la semana pasada entre esperar para conocer nuevas pistas sobre las verdaderas intenciones ultras o difundir las sospechas para cortar cualquier posible intento desestabilizador. Finalmente, decidieron no difundir sus sospechas, por entender que su publicación podía ser aprovechada por los propios ultraderechistas para continuar su campaña.

Entre las personas investigadas en los últimos días figuran militares que en los últimos años del anterior régimen trabajaban en el Servicio Central de Documentación (SECED) a las órdenes del coronel José Ignacio San Martín, condenado a 10 años de prisión por su participación en el golpe de Estado del 23-F. Varios de esos militares -como los coroneles Armando Marchante y Gonzalo Navarro Figueroa o los tenientes coroneles Eduardo Fuentes Gómez de Salazar y Joaquín Villalba- ya han sido investigados en anteriores ocasiones como sospechosos de estar implicados en algunas operaciones involucionistas. Alguno de estos antiguos hombres de San Martín ha llegado a comentar que su grupo hará todo lo posible hasta conseguir que el coronel golpista sea puesto en libertad.

Operación de aviso

Los investigadores interpretan que golpistas y ultraderechistas pretenden realizar una operación de aviso al Gobierno, con el fin de que el Ejecutivo se vea obligado, o bien a tomar medidas disciplinarias contra los implicados -con lo que los afectados se convertirían en nuevos mártires para los golpistas-, o bien a ceder ante alguna de sus pretensiones, como un nuevo cambio de prisiones para los condenados por el 23-F, lo que sería interpretado como un gesto de delibilidad ante los golpistas, que se crecerían.En este sentido, el fulminante arresto del teniente general Fernando de Santiago, valorado positivamente por todas las fuerzas parlamentarias, ha sido manipulado por los propios ultraderechistas para presentar al general como una nueva víctima. La noticia del arresto fue comunicada a varios medios de comunicación por Juan García Carrés, condenado a dos años por su participación en el 23-F. García Carrés visitó en su domicilio a De Santiago el pasado sábado, al día siguiente de que le fuera comunicado al general el arresto de siete días que le fue impuesto por su artículo firmado en El Alcázar, en el que, según autoridades de Defensa, se incluían frases que demostraban escaso respeto a la Justicia Militar.

El hecho de que los investigadores apunten al 24 de junio o al 18 de julio como fechas de referencia para una posible operación de aviso obedece a que, además de la significación de ambas efemérides, no se trata del primer intento ultraderechista previsto para esas fechas. Hace dos años, por ejemplo, los servicios de seguridad del Estado detectaron en junio una trama golpista que, de acuerdo con los datos de que se disponía, pretendía realizar un intento desestabilizador que coincidiera con la onomástica de don Juan Carlos. El mismo día 23, víspera de la festividad de San Juan, fueron detenidos los coroneles Ricardo Garchitorena -que el 23-F había tenido una actuación de apoyo a los golpistas- y Antonio Sicre, el comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas -ya condenado por la Operación Galaxia- y los civiles Luis Sicre -hermano del coronel-, María Concepción Villagrasa y María Paz Pérez Nieto. Todos ellos fueron puestos en libertad por falta de pruebas.

Con motivo de la onomástica del Rey, don Juan Carlos invita a las principales autoridades del Estado a una recepción que se celebra anualmente en los jardines del Campo del Moro, situados en las inmediaciones del Palacio Real.