La policía intensifica la investigación sobre 'vigilancias especiales' de sus agentes

El comisario Martín Tola, acompañado de otro funcionario del Cuerpo Superior de Policía, se ha desplazado esta semana a Barcelona por indicación del director general de la Policía, Rafael del Río, para delimitar las responsabilidades de algunos miembros del cuerpo de la Policía Nacional que se dedicaban a realizar vigilancias y otras actividades policiales paralelas, descubiertas a través de las investigaciones llevadas a cabo por las policías municipales del cinturón industrial.Según ha podido saber EL PAIS, el comisario Martín Tola se ha entrevistado ya con el jefe de la policía municipal de Cornellá para recabar todos los datos y pruebas acumulados por la investigación llevada a cabo por la policía municipal de esta localidad en relación a las vigilancias especiales que, al menos nueve miembros de la Policía Nacional, venían desarrollando en el polígono industrial Almeda, de Cornellá. También fueron citados a declarar ante el comisario Tola, un cabo de la policía municipal de Cornellá, que mandaba la patrulla que descubrió en pleno trabajo e identificó a los policías nacionales que efectuaban aquel servicio.

Fuentes municipales del Ayuntamiento de Cornellá opinan que las investigaciones oficiales "parece que pretenden llegar al fondo de la cuestión y averiguar quiénes son los verdaderos responsables y quienes controlan los beneficios de esta irregular actividad policial".

El comisario Martín Tola fue designado juez instructor, dedicado exclusivamente a este problema por la Dirección General de la Policía, y recibió amplias competencias para efectuar las investigaciones en todo el territorio nacional y especialmente en Madrid y Barcelona. En el caso de que se descubran actuaciones delictivas, los funcionarios responsables serán expulsados del Cuerpo correspondiente o serán sancionados administrativamente. Asimismo, los funcionarios que mantengan una segunda actividad serán obligados a abandonarla, aunque la misma sea legal.

Las primeras noticias sobre las investigaciones llevadas a cabo por las policías municipales de varias localidades del Baix Llobregat sobre las actividades irregulares de algunos miembros de la Policía Nacional, fueron publicadas por EL PAIS el pasado 28 de julio. A partir de aquellas investigaciones se desprendía que varios policías nacionales utilizaban su condición de funcionarios para ofrecer a los empresarios de la zona industrial un servicio de vigilancia especial, previo pago de una cuota mensual en concepto de prestación del servicio que oscilaba entre 5.000 y 20.000 pesetas, según el tipo de empresa a proteger.