El Congreso sólo celebró tres grandes debates políticos

El segundo periodo de sesiones del Congreso ha registrado una intensa actividad legislativa: un total de 20 proyectos de ley de gran importancia han sido debatidos y aprobados la mayoría de ellos, en tanto 26 de incidencia más concreta fueron asimismo refrendados por la Cámara baja. Durante este tiempo se han producido tres grandes debates, que han acaparado varias sesiones plenarias: uno sobre el estado de la nación -que inauguró el curso parlamentario- otro dedicado al terrorismo, y el tercero sobre política exterior, además del habitual de cada año sobre los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, y en contra de lo que prometió el presidente González, no se han celebrado debates sectoriales, entre ellos uno sobre defensa y otro sobre autonomías. La oposición, por su parte, acribilló a preguntas al Gobierno (véase EL PAÍS de ayer) y recurrió al Tribunal Constitucional en seis ocasiones.

Al cumplirse aproximadamente la mitad de la legislatura del primer Gobierno socialista, faltan tres leyes fundamentales por remitir a las Cortes, pese a que figuraban en lugar destacado en el programa electoral del PSOE: la ley de bases de la Sanidad, la ley del Jurado y la de Enseñanza Militar.El proyecto de ley de Aguas y el de reforma de la ley electoral junto con la aprobación definitiva del proyecto de ley de bases del Régimen Local -actualmente en fase de consulta con los grupos de la oposición para tratar de lograr el consenso sobre su contenido-, centrarán el interés de los diputados y senadores durante el primer trimestre del próximo curso parlamentario.

Éste comenzará en septiembre, con el debate sobre el estado general de la nación, como ya ocurrió el pasado año, en cumplimiento a una promesa del presidente González a "repasar" anualmente en el Parlamento las líneas maestras de la vida nacional.

Recursos hidráulicos

Al único punto que figuraba en el orden del día del primer Pleno del curso, el estudio y aprobación del real decreto-ley para el Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos, Escasos a Consecuencia de la Sequía, siguió el primer gran debate del año, el ya mencionado del estado de la nación. Tres días empleó la Cámara baja en escuchar los planes del Gobierno sobre los proyectos a acometer de inmediato y su ba lance sobre lo realizado desde que tomó posesión ante el rey Juan Carlos, en diciembre de 1982.

Los grupos nacionalistas, vasco y catalán, incidieron sobre la sentencia del Tribunal Constitucional contraria a la LOAPA (ley orgánica Armonizadora del Proceso Autonómico) y se acogieron, esperanzados, a la promesa de "pacto institucional" que ese mismo día realizó Felipe González a los grupos de la Cámara. Hoy, casi un año después de esa oferta, los representantes de la oposición lamentan que tal propuesta haya quedado en una promesa incumplida.

Tras este plato fuerte pariamentario, el Congreso acometió el debate de los proyectos de ley remitidos por el Gobierno. De ellos, los más destacados, por su incidencia, fueron: ley orgánica reguladora del Hábeas Corpus; ley orgánica contra las Actuaciones de las Bandas Armadas y Elementos Terroristas; ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas; Iniciativa Legislativa Popular; ley reguladora del Derecho de Rectificación; de Asilo y Condición del Refugiado, y ley del Fondo de Compensación Interterritorial, el texto que fija las candidades económicas a repartir entre las comunidades autónomas.

Después, se celebró el segundo gran debate del año, sobre política exterior. El ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, asumió la labor explicativa del Gobierno. El Grupo Parlamentario Socialista rechazó el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, y tampoco aceptó la sugerencia de la oposición de celebrar durante 1983 el referéndum para clarificar la relación de España con la Alianza Atlántica. Este debate se produjo en un momento de gran tensión en las relaciones Madrid-París, y la oposición centró sus ataques en este punto. Morán tuvo que admitir ante la tribuna de oradores que las relaciones entre España y Francia atravesaban "por, uno de los momentos más bajos de su historia".

Tras aquel acre intercambio de intervenciones parlamentarias, es previsible que el éxito obtenido en los últimos meses en este sentido sea uno de los puntos centrales del discurso de Felipe González en el debate sobre el estado de la nación, previsto para después de las actuales vacaciones veraniegas, sobre cuyo borrador ha empazado a trabajar ya el equipo de apoyo del presidente en la Moncloa.

Actividad habitual

Trascurridos los dos días de esta revisión general sobre la política exterior española, de nuevo el Congreso reanudó la actividad legislativa habitual. Esta vez acometió la primera lectura parlamentaria del proyecto de ley sobre Defensa de Consumidores y Usuarios; el de la Objeción de Conciencia y el Servicio Civil Sustitutorio; la proposición de ley relativa a la Tipificación Penal de la Colocación Indiscriminada y Arbitraria de Escuchas Telefónicas; la ley del Servicio Militar; la de Retribuciones a las Fuerzas Armadas; la de Reconversión Industrial y finalmente, la de Enjuiciamiento Civil.

En el último pleno se aprobaron, entre otros, el proyecto de ley del Seguro Privado, el de modificación del Estatuto de los Trabajadores, el de Libertad Sindical, el de reforma de la Función Pública y el que regula el seguro privado.

Entre tanto, aún se produjeron dos grandes debates en la Cámara; uno, dedicado al terrorismo, y otro, a petición conjunta de la oposición, sobre la destitución de Calviño como director general del Ente Público Radiotelevisión Española, rechazada por los socialistas.

Mención aparte merecen tres grandes leyes aprobadas en este período: la ley orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE), la de la reforma de la Función Pública y la de Enjuiciamiento Criminal. Sobre la LODE centró la oposición conservadora todos sus esfuerzos para conseguir su retirada. Alianza Popular y el Partido Demócrata Popular movilizaron a los ciudadanos en manifestaciones callejeras y presentaron una cifra record de enmiendas, más de 5.000, entre el Congreso y el Senado.

La segunda de las leyes mencionadas, la de la Función Pública, contó con la particularidad de ser un proyecto del Gobierno contestado desde todos los frentes, incluida la Unión General de Trabajadores.

Por último, la ley de Enjuiciamiento Criminal originó una fuerte polémica debido a que su aplicación no dio, al parecer, buenos resultados -se estableció una relación directa entre los presos preventivos que abandonaron lascárceles como consecuencia de esta ley y el incremento de la delincuencia-, y el propio Gobierno rectificó, sin que fuera a eno a esta marcha atrás el ministro del Interior, José Barrionuevo