El PCE critica las diferencias en el coste de votos para conseguir un escaño

El PCE criticó ayer duramente el proyecto electoral del Gobierno, alegando que con el mantenimiento del método D'Hondt -para distribuir escaños según el número de votos obtenidos- favorece el bipartidismo y mantiene las grandes diferencias en el coste de votos que los partidos necesitan para obtener un lugar en el Parlamento.Tomando como base los datos de las legislativas del 28 de octubre de 1982, el coste medio de votos por escaño fue, para cada partido, el siguiente: PSOE, 50.136 votos; Coalición Popular, 51.684; UCD, 129.556; PCE, 216.317; CDS, 302.154; CiU, 64.394, y PNV, 49.457. "Este sistema tan injusto y que tanto nos perjudica se mantiene prácticamente inalterado en el texto que parecen haber pactado ahora entre AP y el PSOE", se quejó ayer el vicesecretario general comunista, Enrique Curiel.

De acuerdo con las tesis del PCE, que presentará un texto alternativo al que el Gobierno ha enviado a las Cortes, el método D'Hondt debería ser sustituido por algún otro que, como el de cociente electoral y mayor resto, aumente la proporcionalidad del sistema. Ello supondría, de acuerdo con los cálculos de Curiel, que la distorsión- entre la proporción de votos-escaños, favorable en la actualidad al PSOE en un 10,5%, se redujese al 3,1%; para el PCE, esta distorsión, actualmente desfavorable en un 2,9%, quedaría reducida a un 0,5% negativo.

José Ramón Caso, secretario general del CDS, partido que actualmente cuenta con dos escaños en el Congreso, opinó que el texto enviado por el Gobierno es "aceptable" y garantiza el equilibrio adecuado entre representatividad y gobernabilidad.

Las minorías nacionalistas se mostraron, en general, de acuerdo con el texto del proyecto, si bien algunos miembros del Grupo Vasco, e incluso algún, representante del Grupo Socialista, consideraron discutible la exigencia, contenida en el artículo 45, de que las candidaturas deban hacer expresa declaración de acatamiento a la Constitución vigente.

Miquel Roca, portavoz de Minoría Catalana, considera impropio de una ley electoral que exija el acatamiento de la Constitución para poder ser candidato.