Un forense de casos famosos

El profesor Luis Frontela Carreras, nacido en Melilla hace 43 años, médico forense y director del Instituto de Medicina Legal de la universidad de Sevilla, ha visto vinculado su nombre a varios asuntos judiciales con ribetes de escándalo y sin esclarecer. Casos como la reapertura de la investigación del crimen de Los Galindos, ocurrido en 1975, el reciente del niño asesinado en Torreblanca -del que fue acusado un jesuita, puesto en libertad sin cargos- o el requerimiento del juez de La Bisbal para tratar de esclarecer las circunstancias del incendio en que sufrió graves quemaduras el pasado mes de agosto el pintor Salvador Dalí son algunos de ellos. A éstos se suman, desde 1981, pocos meses después de detectarse la enfermedad, sus investigaciones sobre el origen del síndrome tóxico. Estos estudios se realizaron a petición del abogado José Merino Ruiz, cuya esposa, María Concepción Navarro Hernández, falleció, supuestamente víctima del síndrome tóxico.Su primera hipótesis sobre el tema se basaba en que al freír aceite en sartenes antiadherentes se desprendía cadmio, que causaba el envenenamiento. La hipótesis fue abandonada por él mismo al no poderse encontrar rastros de cadmio en los enfermos del síndrome.

Frontela, catedrático de Medicina Legal de la universidad de Sevilla, llegó a la ciudad hispalense procedente de El Puerto de Santa María, donde había instalado una pequeña clínica primero y otra mucho mayor después. Ambos establecimientos se vieron envueltos en una polémica en la que salieron a la luz determinadas irregularidades y que finalizó con la rescisión del concierto que ambas clínicas tenían con la Seguridad Social.

En 1981, los inspectores médicos realizaron frecuentes visitas, interesándose por los enfermos y dando de alta a los que no precisaban de hospitalización, con lo que se admitía que las estancias no se ajustaban a la patología indicada.

Su segunda clínica, que cerró a principios de 1984, creció, al igual que muchas otras clínicas privadas, merced al dinero público recibido mediante los conciertos con la Seguridad Social. Cuando el Insalud comunicó su intención de rescindir el contrato, Frontela anunció el cierre. Esa situación se produjo como consecuencia de resultar implicado el establecimiento sanitario en una serie de irregularidades administrativas que fueron denunciadas por los Grupos de Investigación de la Seguridad Social (GISS) en el verano de 1982 y puestas en conocimiento del juzgado de Cádiz por indicación del fiscal. La causa fue, finalmente, sobreseída ante la incomparecencia de los abogados de la Consejería de Salud, que se habían personado.

Otras irregularidades -derivadas de una orden de la Subdirección Provincial de Sanidad, que enviaba a la clínica Frontela el cupo de tocología de Rota, Sanlúcar, Chipiona y El Puerto de Santa María- beneficiaban objetivamente a la clínica del profesor de la universidad de Sevilla, en detrimento de las instituciones de la Seguridad Social. Por todo ello, la clínica fue denunciada y se le retuvieron los pagos hasta que no presentase documental y pormenorizadamente sus informes de cuentas. Esto provocó una reestructuración de personal, expediente de crisis y cierre de la clínica.

Los trabajadores presentaron una querella por impago de indemnizaciones. Los interventores judiciales destinaron parte de las cantidades debidas por la Administración para hacer frente a los despidos.