El Congreso convalida la permanencia en sus cargos de los actuales altos mandos militares

El Congreso de los Diputados convalidó ayer el real decreto-ley que permitirá la permanencia en el grupo de mando de armas o grupo A al jefe del Estado Mayor de la Defensa y a los jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos mientras continúen en sus cargos, aunque cumplan la edad reglamentaria de pase a la situación B. El ministro de Defensa, Narcís Serra, justificó la medida en el sentido de que la responsabilidad y la experiencia no pueden verse comprometidas por el calendario.El real decreto-ley, que modifica la ley de creación de la situación de la reserva activa y fijación de las edades de retiro para el personal militar profesional, supone la continuidad en el cargo de los miembros de la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM), aun llegada la edad del pase a la situación B, "pero esta continuidad no podrá determinar que el período de permanencia en aquellos cargos sea superior a cuatro años".

Serra afirmó, en la defensa del real decreto, que la continuidad no se produce porque no existan generales capacitados para sustituir a quienes en la actualidad desempeñan los más altos cargos de la defensa, sino porque se desea dar estabilidad a los actuales mandos, a fin de que tengan un tiempo mínimo para cumplir la misión que se les encomienda. El ministro se mostró en contra de las sustituciones por goteo, y construyó su alegato sobre la base de las necesidades dictadas por la política militar que se practica. Para Serra, resulta fundamental buscar la homogeneidad de los equipos y la eficacia desde el conocimiento de los problemas y la experiencia.

Luis Mardones, en nombre de los centristas, anuncié la abstención, y lo mismo hizo el conservador Gabriel Elorriaga, para quien resulta muy dudoso el uso de los decretos-ley, sobre todo en casos como el presente, "en el que no se adivina urgente necesidad". Juan Muñoz, en nombre del Grupo Socialista, defendió las tesis del ministro respecto a la eficacia que supone la labor continuada de un órgano asesor del presidente del Gobierno y del ministro de Defensa.

El Congreso debatió y aprobó también ayer tarde la proposición de ley de modificación de la ley orgánica sobre protección al derecho, al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, que en principio fue suscrita por todos los grupos parlamentarios, salvo el Grupo Popular.

Con esta proposición se salvaguardan las opiniones de diputados y senadores en el ejercicio de sus funciones, contra las que no podrá iniciarse un proceso civil sin haber obtenido previa autorización del Congreso o del Senado.