Pedralba, la ineficacia de la respuesta judicial

Un presunto fraude electoral por la emisión por correo de votos falsos en la pequeña localidad valenciana de Pedralba sigue pendiente de resolución judicial casi seis años después de producirse, aunque parece inminente por fin la celebración de la vista oral. El actual juez instructor del sumario y titular del Juzgado de Llíria, Rafael Manzanal, no se recata en asegurarlo: "Éste es quizá uno de los ejemplos más claros de la inefectividad de la respuesta judicial".

Pedralba, un pueblo agrícola de la zona castellanohablante de la provincia de Valencia, con una población en torno a los dos millares de habitantes, sigue marcado por las diferencias ideológicas. Aproximadamente la mitad es de derechas y el resto de izquierdas. Las supuestas falsedades en los votos por correo cometidas por los seguidores de la candidatura municipal de Unión de Centro Democrático, que resultó triunfadora en las elecciones de 1979, y denunciadas por la Asamblea Democrática, que agrupaba a toda la izquierda, permanecen sin resolver judicialmente.Esta dilación en la actuación de la justicia, achacable al parecer a la escasez de medios con que cuentan los juzgados, ha servido para agriar la convivencia y acentuar las diferencias.

Las divisiones son tan grandes en la localidad que hasta hay dos bandas de música, la Sociedad Musical La Popular, correspondiente a la derecha, y la Banda Democrática de Pedralba, impulsada por la izquierda. No es raro que cuando uno de los dos sectores de la población celebra fiestas, con actuación de su banda, el otro organice una gran excursión con autobuses para deslucirla.

El real decreto-ley de 18 de marzo de 1977, sobre elecciones locales, señala con referencia a los delitos electorales que las actuaciones judiciales "que se produzcan por aplicación de estas normas tendrán carácter preferente y se tramitarán con la máxima urgencia posible".

Poca prisa

Parece que la urgencia posible en el caso de Pedralba no ha sido mucha. Por el Juzgado de Llíria han pasado cinco jueces desde que se denunciaron los hechos: Alfredo de Diego, Luis Querol, Alfonso Arolas, Pilar de la Oliva y el actual titular, Rafael Manzanal.

El abogado de la Asamblea Democrática, Francisco Albert, señala que ha habido incluso períodos de más de un año sin actuaciones judiciales en el caso. Lo cierto es que los primeros procesamientos, siete en total, se produjeron en mayo de 1983, cuatro años después de la denuncia, cuando estaba como titular Pilar de la Oliva. Rafael Manzanal ha dictado un procesamiento más después de que se reabriese el sumario por petición del fiscal Gonzalo López Ebri, una vez concluido.

Asegura el juez que confía, en dictar auto de conclusión, probablemente sin procesamientos nuevos, antes de final de mes, y se espera que en un plazo relativamente breve la Audiencia Territorial de Valencia fije la fecha de la vista oral. Ya en este momento algunos de los implicados han muerto y, en cualquier caso, las repercusiones de la sentencia sobre una corporación extinguida serán escasas.

"El problema ha sido de dispersión", indica el juez Rafael Manzanal, "por la dificultad de localizar a muchas personas que no han vivido durante estos años en el mismo sitio". También la prioridad que marca la ley para este procedimiento se veía relativizada por la necesidad de resolver otros procedimientos de gravedad, como algunos por asesinato que tuvo que solventar simultáneamente el Juzgado de Llíria.

La base de las falsificaciones estuvo, al parecer, según señala el juez, en que "alguien iba a casa de otra persona, le pedía la firma para solicitar la certificación de inscripción en el censo y a partir de ahí la primera persona enviaba los sobres con las papeletas".

Los procesados hasta el momento son José Gallach León y Luis Vela Gasulla, elegidos concejales de UCD en 1979; los dirigentes del mismo partido Simón Madrazo Sanmiguel, Pascual Cervera Gasulla, Enrique García Calduch y Francisco Sanchis Cervera; el secretario accidental del Ayuntamiento anterior a las elecciones que también lo era de la Junta Electoral de Zona, con sede en Llíria, Juan Cervera Quiles, y el militante comunista Luis Gijón.