El Gobierno francés quiere cambiar su política de asilo

Francia se ha convertido en los últimos meses en el centro de las iras de varias capitales europeas. El centro de la polémica reside en qué es y cómo se entiende en París el derecho de asilo político. Para unos, Francia es refugio de terroristas; para otros, tierra de libertad. El Gobierno socialista de François Mitterrand, cogido entre ambos extremos, estudia nuevas orientaciones: no a las extradiciones, salvo si hay pruebas razonables de implicación en delitos de sangre, pero más dureza a la hora de otorgar permisos de residencia. Los refugiados se inquietan y las capitales europeas se quejan.Actualmente hay dos sistemas para residir en Francia siendo extranjero: obtener la carta oficial de refugiado político, que concede un organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero autónomo, la Oficina para la Protección de Refugiados y Apátridas (Ofpra); o, simplemente, solicitar en el. servicio de extranjeros del Ministerio del Interior el permiso de residencia. Este último puede ser rechazado sin explicaciones, mientras que la Ofpra debe razonar su negativa y defender su decisión ante el Consejo de Estado.

Oficialmente gozan hoy de! estatuto formal de refugiado político unas 163.000 personas, que con sus familias forman un colectivo de más de 200.000 individuos. La mayoría procede del sureste asiático (casi 90.000). Prácticamente ninguno, salvo 11 españoles, es europeo occidental.

La Ofpra estima, de acuerdo con las directrices del alto comisariado de la ONU para los refugiados, que en Europa occidental existen condiciones democráticas que permiten a todo el mundo defender pacíficamente sus ideas. Éste es también el caso, desde 1979, de España, así que la oficina decidió retirar las cartas de refugiado político a todos los españoles que la poseían. La inmensa mayoría eran antiguos republicanos, que aceptaron la decisión.

Un pequeño grupo acudió al Consejo de Estado por estimar que la Monarquía no cumplía los requisitos exigidos. El recurso fue rechazado tajantemente. En el caso de los vascos, un grupo solicitó permisos de residencia, que fueron concedidos. Otro, pequeño, pasó a la clandestinidad, y unos pocos recurrieron al Consejo de Estado, alegando que el estatuto de refugiado no puede ser retirado cuando existe la presunción seria de una persecución grave en el país de origen, aunque sea una democracia.

Once recursos han sido aceptados hasta ahora, entre ellos, la semana pasada, el de José María Berezertua, que hace pocos años fue confinado en la región de Alpes de Alta Provenza, a fin de alejarle de la frontera española. Las razones esgrimidas por los interesados son la existencia de grupos incontrolados (GAL), que pueden atentar contra ellos, y malos tratos en las comisarías. La política general de la Ofpra sigue siendo, sin embargo, negar la carta de refugiado a súbditos españoles.

Peticiones de Craxi

La retirada del estatuto planea ahora sobre la pequeña colonia de argentinos, unos 1.000. Por el momento, la oficina ha decidido una prórroga, sólo por un año en lugar de los cinco habituales, a la espera de ver cómo evoluciona la situación interna en la República latinoamericana; por las mismas razones que se niega el estatuto de refugiado político a los españoles se les niega a los alemanes o a los italianos, pero también en estos casos París mantiene una actitud ambigua, otorgando en muchas ocasiones el permiso de residencia que concede discrecionalmente el Ministerio del Interior. Éste ha sido el caso de unos 300 italianos, más de un centenar de ellos reclamados por Roma.Italia presentó 120 demandas de extradición, sistemáticamente rechazadas. La inmensa mayoría de los casos está basada únicamente en declaraciones de terroristas arrepentidos, con tendencia a acusar a quienes saben que se encuentran en Francia, fuera del alcance de la justicia italiana.

Las presiones del Gobierno de Bettino Craxi han conseguido un ambiguo compromiso de Mitterrand de entregar a aquellos residentes italianos que estén implicados en delitos de sangre y cuyas demandas de extradición estén basadas en pruebas fehacientes.

Apoyado por la tradición y el miedo de la opinión pública a sufrir las represalias de los terroristas de otras nacionalidades, el Gobierno Mitterrand pretende mantener su línea reacia a las extradiciones, salvo casos muy especiales. Otro camino podría ser una actitud más estricta a la hora de conceder permisos de residencia.