Las chapuzas de un viaje

LA PERIPECIA del avión presidencial en viaje hacia Pekín ha dado un aire insólito al inicio de la visita del jefe del Ejecutivo español a la República Popular China. No se ajusta a las pautas de la normalidad que dos países con los que nuestro país mantiene relaciones diplomáticas cerraran súbitamente su espacio aéreo al DC-8 que transportaba al presidente en viaje oficial. Tal vez si el incidente no se hubiera duplicado en un breve lapso de tiempo las burocráticas explicaciones dadas ayer por la Oficina del Portavoz del Gobierno no habrían mostrado de manera tan escandalosa su insuficiencia. Pero la imagen del DC-8 de nuestra Fuerza Aérea -en el que viajaban el jefe del Ejecutivo, los ministros de Asuntos Exteriores y de Cultura, el séquito presidencial y los empresarios y periodistas que les acompañaban- dando tumbos por los confines de Europa y por una zona bélica del Oriente Próximo, eligiendo precisamente Ankara como lugar de espera y de merienda, rehaciendo de forma improvisada su plan de vuelo y acumulando ocho horas de retraso en el viaje hasta Pekín no puede sino suscitar una sensación de ridículo colectivo. Pero además plantea serias preguntas acerca de la seguridad del presidente del Gobierno de este país en sus desplazamientos.Las autoridades búlgaras atribuyen a un "error técnico" y a una "desdichada confusión" la negativa a que el avión presidencial sobrevolara su territorio; el Gobierno iraní aduce una inesperada situación de alerta militar como causa de la prohibición. La oficina del portavoz no dice gran cosa más sobre el calamitoso incidente. El anunciado cambio de estilo de la política informativa daba pie para esperar una explicación completa y convincente que detallara, entre otras cosas, quién decidió el plan de vuelo elegido y qué garantías de seguridad ofrecía un itinerario que de antemano se sabía había de atravesar un país en guerra.

La ordinaria preparación de este tipo de viajes es que el 401 Escuadrón del Ejército del Aire, del que dependen los aviones utilizados en sus desplazamientos por las autoridades del Estado, elabore un plan de vuelo con soluciones alternativas y lo someta al organismo pertinente, al que corresponde dar el visto bueno definitivo. Una vez aprobado el plan, Asuntos Exteriores tramita los permisos y autorizaciones necesarios para sobrevolar los espacios aéreos de los países afectados. La oficina del portavoz guarda ahora silencio acerca de los diversos actores en un sainete cuya comicidad pudo transformarse en drama. ¿Tramitó el Ministerio de Asuntos Exteriores con la debida diligencia, que exige escrupulosas reconfirmaciones y recordatorios, los permisos de sobrevuelo? ¿Ofrecía la ruta inicialmente elegida garantías de seguridad? ¿Quién decidió, en última instancia, ese itinerario?

No parece un alarde de prudencia que el viaje emprendido por el presidente González a Pekín incluyera en su trayecto un país del bloque soviético, cuyas todavía malas relaciones con China son conocidas, y -sobre todo- los territorios de Irak e Irán, enzarzados en una cruenta guerra desde hace años. Que el plan de vuelo inicialmente sometido a Presidencia mencionase esa variante ya resulta criticable. Pero que el responsable de la Moncloa encargado de elegir la ruta definitiva optara por esa alternativa raya en la irresponsabilidad, tal y como los hechos se han encargado de demostrar. Resulta necesario subrayar que Felipe González viajaba en su calidad de presidente del Gobierno español, y que la seguridad del titular de ese cargo es un asunto de Estado sobre el que la opinión pública tiene derecho a pronunciarse, y los parlamentarios, la obligación de controlar. Si las severas medidas destinadas a garantizar la seguridad del presidente González dentro de España han llegado hasta el extremo de recluirle en el palacio de la Moncloa y de dificultarle un veraneo normal, no se entiende la dejadez e ineptitud de los planificadores de su visita a Pekín al meterle en la boca del lobo de dos países fronterizos en plena guerra. Por si fuera poco, la tripulación del DC-8 ha aguantado 26 horas de vuelo, sólo interrumpido por las obligadas escalas técnicas y por el regreso imprevisto a Turquía. ¿No aumentaba eso de manera notable las condiciones de inseguridad del vuelo y no supone un abuso respecto a la propia tripulación? Ninguna compañía de aviación civil se permitiría hacer una cosa así, que está terminantemente prohibida por las autoridades aeronáuticas internacionales.

El vicepresidente del Gobierno ha abierto ahora una investigación sobre los hechos. Es encomiable, y no debe ser difícil concretar las averiguaciones. Lo que es preciso señalar es que éste es un asunto que no compete sólo a la persona del presidente y a la dignidad del equipo gobernante. Y que las explicaciones les son debidas a todos los ciudadanos, participantes del bochorno nacional que esta chapuza sugiere.