El propósito de la enmienda del ministro Barrionuevo

TRAS UN encuentro con los parlamentarios del Grupo Socialista, el ministro del Interior ha anunciado el propósito del Gobierno de aceptar sus enmiendas al proyecto de ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tal vez las reticencias de algunos congresistas del PSOE, conscientes de la distancia existente entre el texto aprobado por el Consejo de Ministros y la doctrina defendida por los socialistas cuando permanecían en la oposición, expliquen la voluntad de entendimiento de Barrionuevo. Sin embargo, el proyecto de ley antiterrorista, consensuado por el Gobierno de Felipe González y Alianza Popular, terminó siendo votado -pese a las críticas inusitadas en los pasillos- por los diputados y senadores socialistas. Ahora, la decisión de tramitar la norma a matacaballo por el procedimiento de urgencia impedirá que el debate sobre la reforma policial tenga la amplitud que merece un asunto crucial para la construcción del Estado democrático.Según la exposición de motivos, la ley pretende representar "el inicio de una nueva etapa en la que destaque la consideración de la policía como un servicio público dirigido a la protección de la comunidad mediante la defensa del ordenamiento democrático". Pese a esa vocación "omnicomprensiva", el proyecto se ocupa sólo tangencialmente de las compañías privadas de seguridad. Que el Estado renuncie a regular mediante ley orgánica este ramificado, complejo y no siempre claro sector resulta contradictorio con la afirmación de la ley enviada a las Cortes de que las fuerzas de seguridad ejercen "el monopolio, por parte de las administraciones públicas, del uso institucionalizado de la coacción jurídica". No parece lógico que se confíe al Cuerpo de Policía Nacional, y no a los escalones superiores del Ministerio del Interior, "el control de las personas, entidades, medios y actuaciones de seguridad privada". Y puesto que estamos en dicho tema, no estaría de más que el Ministerio del Interior explicara cómo y por qué la seguridad de algunos edificios públicos, como aeropuertos y hasta la del palacio de Viana, está en parte entregada a cuerpos y compañías privadas.

La unificación del Cuerpo Superior de Policía y de la Policía Nacional en un "instituto armado de carácter civil" (expresión rechazada por los sindicatos por sus implicaciones para el derecho de huelga) significa un paso adelante hacía la desmilitarización de las fuerzas de seguridad. Pero la ley, al consagrar la híbrida condición de la Guardia Civil como cuerpo de seguridad y como fuerza armada, no sólo excluye la posibilidad de que ese "instituto armado de naturaleza militar" pueda ser integrado a medio o largo plazo en un proyecto de unificación civil de las fuerzas de policía. La Benemérita, cuya desmilitarización pidieron hace pocos años los socialistas, ve acentuado su carácter, puede tener además encomendada por el Ministerio de Defensa -como fuerza militar- la defensa operativa del territorio y recibe del Ministerio del Interior -como cuerpo de seguridad- nuevas e insólitas competencias. La creación de una Guardia Civil del Mar le atribuye misiones hasta ahora realizadas por la Armada, y la decisión de encomendar a ese instituto, con su poderoso servicio de información, las funciones de "evitar y perseguir el fraude fiscal" le permitirá ejercer un control informatizado sobre los ciudadanos y quizá invadir competencias de inspectores de Hacienda y de fiscales. A la Guardia Civil se le asigna asimismo la misión de velar por la "conservación de la naturaleza y medio ambiente", detalle que a no pocos ecologistas honestos de este país le parecerá risueño, pues nunca hubieran soñado ver su causa defendida por la pareja. Y aunque las funciones por razón de territorio de la Guardia Civil queden teóricamente circunscritas a las zonas rurales, se le permitirá investigar "en todo el territorio nacional cuando ello fuese preciso". ¿Quién y cómo ha de decidir esta necesidad?

Las medidas para llevar a cabo la unificación del Cuerpo Superior de Policía y de la Policía Nacional han suscitado críticas de los sindicatos disconformes con los criterios equiparadores entre los funcionarios y los mandos militares. Pero la cuestión fundamental es saber si la desmilitarización del Cuerpo de Policía Nacional será llevada a cabo con todas sus consecuencias, acabando con los viajes de ida y vuelta de los oficiales del Ejército que piden el traslado a los cuerpos de seguridad (incluida la Policía Municipal), pero se reservan el derecho a regresar a las Fuerzas Armadas cuando les interesa. Hay razones para dudarlo. Una disposición transitoria del proyecto advierte que los oficiales del Ejército que opten por permanecer en la policía pasarán a la situación militar de retirados, sin posibilidad de reintegrarse a las Fuerzas Armadas, pero una discreta disposición adicional abre las puertas para la futura incorporación interina y condicionada de militares al Cuerpo de Policía Nacional, estableciendo que, "en atención a las necesidades del servicio, y mediante selección que efectuará el Ministerio del Interior, se podrá adscribir para el mando de unidades uniformadas del Cuerpo de Policía Nacional a miembros de las Fuerzas Armadas, que pasarán a la situación militar correspondiente".

Aunque el proyecto de ley reconoce como derecho del Cuerpo de Policía Nacional "la legislación vigente referida a los funcionarios de la Administración civil del Estado", las limitaciones o los recortes a ello son evidentes, y no siempre están justificados. A los policías se les niega el derecho de huelga "en aras de los intereses preeminentes" que deben proteger, si bien se les promete la creación de "cauces de expresión y solución" para sus conflictos profesionales. Esa restricción se aplica en la mayoría de los países democráticos. Pero en nuestro caso la prohibición del derecho de huelga se hace extensiva a las "acciones sustitutivas" del mismo, y el proyecto de ley, lejos de definir los prometidos cauces de expresión y solución de conflictos, confía a un reglamento la determinación de los mecanismos de arbitraje.

Los sindicatos policiales han criticado el régimen disciplinario esbozado por el proyecto de ley. Parece claro que la policía no puede prescindir de estructuras jerárquicas rígidas y que su código disciplinario debe hallarse en consonancia con su carácter de cuerpo armado. Queda por analizar si el proyecto garantiza debidamente la seguridad jurídica de los funcionarios inferiores o concede abusivas facultades a los escalones superiores. El mal uso hecho por el actual Ministerio del Interior de sus competencias sancionadoras justifica los recelos ante la formalización de unas capacidades disciplinarias dotadas de amplio margen de discrecionalidad. Entre las faltas "muy graves" que permiten al ministro del Interior separar del servicio a un funcionario figuran el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y los tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios o vejatorios a las personas bajo custodia policial. Pero la realidad es que el Ministerio del Interior socialista no ha empleado sus facultades sancionadoras para eso, sino para perseguir a sindicalistas incómodos, como Modesto García, ex secretario de la USP. Y guardias y policías procesados por tortura han sido condecorados por el ministro Barrionuevo.

Los partidos nacionalistas han mostrado su discrepancia con el tratamiento dado a las policías autonómicas. El régimen proyectado para la Policía Municipal es bien distinto del que propugnaba Barrionuevo cuando era teniente de alcalde de Madrid. El diseño de las unidades de Policía Judicial no garantiza la dependencia de los funcionarios policiales respecto a magistrados y fiscales. La superposición de funciones en todo el territorio nacional del Cuerpo de Policía Nacional y de la Guardia Civil (espectacularmente visible en aeropuertos y fronteras) implica una duplicidad de mandos y una fuente segura de confusión. También resulta imprecisa la forma de articular la dependencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad respecto a las autoridades civiles. En definitiva que si los propósitos de enmienda del ministro respecto a la ley son sinceros, ocasión no le falta de llevarlos a cabo.