Presentadas querellas criminales contra los administradores de tres compañías de seguros en proceso de liquidación

La Dirección General de Seguros, a través de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA), ha presentado ya en los juzgados de Madrid tres querellas criminales por supuestos hechos delictivos producidos en la administración de otras tantas empresas aseguradoras en proceso de liquidación.

La primera querella ha sido presentada contra Rafael Cáliz Cáliz y Marcus Strebel, ciudadano de nacionalidad suiza, administradores de la firma aseguradora Continental, SA, Compañía Española de Reaseguros, habiendo correspondido al Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid, que dictó auto el 3 de julio pasado, admitiéndola a trámite y ordenando las diligencias oportunas.

La segunda acción judicial se llevó a cabo el 29 de julio pasado contra el mismo Rafael Cáliz Cáliz, Javier Gómez de la Granja y Fernando Buendía, administradores de la compañía Seguros Hesperia, SA, esta vez ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, en el que ya se siguen diligencias por denuncia promovida por el ministerio fiscal contra los mismos querellados.

Finalmente, la tercera ha recaído en José María Delgado y otros, como administradores de El Fénix Sanitario, SA, habiendo correspondido al Juzgado número 9 de Madrid, estando pendiente de trámite procesal, por lo que aún no ha sido admitida a trámite.

Éstas son las tres querellas materializadas. Hay otras dos pendientes de formalización y podrían sucederse algunas más. La Dirección General de Seguros (DGS), con el CLEA como brazo ejecutor, trata con estas acciones de exigir las responsabilidades criminales a que hubiere lugar, así como las civiles derivadas de delito.

Saneamiento del sector

Estas acciones judiciales son consecuencia del saneamiento que a marchas forzadas vive el sector seguros, y marcan el fin de una etapa en el seguro español, etapa presidida por la ausencia de una adecuada normativa legal que hizo posible la existencia de numerosas prácticas irregulares en el sector, con notorio perjuicio de los asegurados. Así, casi todos los querellados son administradores de las compañías, las que manejaban en su interés privado, captando primas en el mercado y cometiendo frecuentes infracciones tales como utilización de cuentas de la sociedad, en beneficio propio, disposición incorrecta de fondos, delitos de estafa, etcétera.La Comisión Liquidadora tiene encomendada la tarea de liquidación de 21 entidades aseguradoras, sobre las que anteriormente recayó orden administrativa de disolución. En otras 13 firmas fueron los propios administradores quieres accedieron a llevar a cabo dicha liquidación -lo que obvió la intervención del CLEA-, con lo que la cifra total de aseguradoras ya disueltas por vía de sanción es actualmente de 34.

Por detrás se acerca una segunda oleada de actuaciones administrativas, oleada en la que se verán inmersas sociedades más importantes que en la primera y que requerirán de la DGS una más compleja tarea de gestión y administración. A esta segunda oleada corresponden cerca de 165 sociedades en las que actualmente la DGS está interviniendo mediente medidas cautelares -reposición de reservas técnicas, obligación de facilitar información-, mientras se llevan a cabo expedientes de inspección e investigación, de los que algunas puede terminar en disolución forzosa y posterior liquidación, con eventual intervención del CLEA en el caso de qu e los propios gestores no lo hagan.

La tarea de la CLEA consiste en primer lugar en nombrar en cada sociedad afectada un liquidador delegado que las administra en ese período -tratando de recuperar patrimonios, bloqueando cuentas corrientes, etcétera-, cuya primera tarea reside en localizar y ordenar los documentos contables de la sociedad; a continuación debe abordar una actualización contable mediante la elaboración de un balance inventario de liquidación; inmediatamente después se lleva a cabo una auditoría, previa a la formulación de un plan de liquidación, que se somete a la aprobación de la junta rectora.