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Detenidos por presunta falsificación cinco funcionarios de Aeropuertos Nacionales y ocho empleados de SAVE

Cinco funcionarios del organismo autónomo Aeropuertos Nacionales y ocho empleados de la Sociedad Anónima Valenciana de Estacionamientos (SAVE) han sido detenidos por la policía acusados de un presunto delito de falsificación en documento público al rubricar las actas de liquidación de los aparcamientos de varios aeropuertos españoles. Esta operación se desarrolló simultáneamente en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Valencia, Alicante y Santiago. Con éstas ya son 17 las personas que han sido detenidas durante esta investigación. Una de ellas fue Vicente Iborra, presidente de SAVE y líder de la Ia patronal valenciana.

Todos los detenidos han sido puestos a disposición judicial y algunos de ellos consiguieron ayer la libertad bajo fianza. Según la policía, y después de que sus especialistas contables hayan analizado la casi totalidad de los libros incautados en el registro efectuado en los locales centrales de SAVE en Valencia, "esta estafa al Estado puede ascender a muchos cientos de millones de pesetas".Una persona vinculada directamente a la investigación señaló al respecto que "en pocos casos hemos encontrado indicios de irregularidad tan claros y contundentes". Las investigaciones de este caso han recaído en el Grupo de Estafas de la Brigada Regional de Policía Judicial de Barcelona. La investigación se inició cuando una persona, cuya identidad se desconoce, denunció a la policía, con todo tipo de detalles, la existencia de irregularidades en SAVE.

Las 13 últimas detenciones se produjeron el pasado jueves. Los dos detenidos en Valencia -el funcionario Ricardo Enrique Más David y el encargado del aparcamiento de Manises, José Aguilar Hoyos- obtuvieron la libertad después de pagar una fianza de 125.000 pesetas, según informa Manuel Muñoz.

En Barcelona, la policía detuvo al jefe administrativo de la unidad de patrimonio y adquisiciones del aeropuerto, Rafael Jiménez Costa, y a los empleados de SAVE José Ibern Tortosa y Rafael Luis Pardo Agraz. En Madrid, fueron detenidos el funcionario Enrique Pérez González y el empleado del aparcamiento de Barajas Gregorio Saavedra; en Alicante, los funcionarios Antonio Roca Andrés y Antonio Valiente Gerona y el empleado de SAVE José Villanueva Sala. En Palma de Mallorca, los detenidos son José García Guerrero y un antiguo empleado de la empresa de Vicente Iborra, Joaquín Arco Jaime. Y en Santiago de Compostela la policía localizó y detuvo a José Luis Liñares Blascoy, antiguo encargado de los aparcamientos de SAVE en Alicante y Barcelona..

La policía, cuando inició la investigación, se quejó del escaso control en los aparcamientos de los aeropuertos por parte del organismo autónomo Aeropuertos Nacionales. Los inspectores calificaron de insuficiente el uso de barreras como único control del movimiento de vehículos.

Funcionarios implicados

Paralelamente a la investigación desarrollada tras los documentos hallados en la habitación camuflada descubierta en las oficinas centrales de SAVE, en la calle del Cronista Carreres número 11 de Valencia, los agentes iniciaron otras pesquisas en Aeropuertos Nacionales, por sospechar que la presunta estafa cometida por SAVE no se podía haber materializado sin contar con la colaboración de algunos funcionarios.Este presunto delito continuado de falsificación y estafa se cometía al modificarse las cantidades de recaudación bruta obtenidas en los aparcamientos explotados por SAVE con el fin de disminuir la liquidación a Aeropuertos Nacionales. La operación se simulaba como correcta al figurar en las liquidaciones el porcentaje pactado en el contrato de explotación.

La Sociedad Anónima Valenciana de Estacionamientos (SAVE) ganó, entre los años 1973 y 1979, todos los concursos, convocados por la Administración, a los que se presentó para explotar los aparcamientos de los principales aeropuertos nacionales. SAVE explota actualmente 11 de estos aparcamientos. En dos ocasiones, la empresa ganó dos contratos ofreciendo sólo un punto más que sus competidores, como ocurrió en Valencia, en 1979, donde SAVE ofreció pagar a la Administración el 61,78% de la recaudación bruta del aparcamiento, frente al 60% ofrecido por la empresa ESMASA, o como en Santiago de Compostela, en 1978, donde SAVE logró alzarse con la explotación del aparcamiento al ofrecer el 21,26% frente al 20% de Manuel Garrido Suárez.

Una nota oficial de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, según Europa Press, confirma que las irregularidades pueden ascender a varios millones de pesetas, al tiempo que da cuenta del procedimiento utilizado para falsear las liquidaciones a Aeropuertos Nacionales.

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