Dimite el secretario de la patronal alicantina

Emilio Vázquez-Novo, secretario general de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Alicante (Coepa), ha presentado su dimisión como miembro de la ejecutiva de la Confederación Interprovincial de Empresarios de la Región Valenciana (Cierval), que preside el empresario Vicente Iborra Martínez, también presidente del consejo de administración de la Sociedad Anónima Valenciana de Estacionamientos (SAVE). La policía ha fijado en 260 millones el volumen presuntamente defraudado por SAVE al Estado, entre 1984 y los primeros nueve meses de 1985, informa Albert Montagut.

Aunque oficialmente esta dimisión obedece a motivos profesionales y de salud, lo cierto es que Coepa era partidaria de que Vicente Iborra, que se encuentra en libertad bajo fianza por presuntas irregularidades económicas en SAVE, renunciase temporalmente a la presidencia de la Cierval y de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), de ámbito provincial y de la que también es presidente, hasta que quede resuelto, desde un punto de vista judicial, el caso.Diversas fuentes de la patronal alicantina y valenciana consultadas por EL PAÍS han confirmado que una parte de los asistentes a la reunión celebrada el pasado día 3 en Valencia eran partidarios de apoyar la iniciativa de Coepa. Deseaban que se hiciese cargo temporalmente de la presidencia de la CEV el vicepresidente primero, Salvador Fernández Calabuig, presidente a su vez de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMV), y que José Llorca Soler, presidente de Coepa y vicepresidente de la Cierval, pasase a ocupar provisionalmente la presidencia de esta organización.

La patronal alicantina mantenía ayer un total hermetismo sobre el asunto, si bien fuentes de la misma comentaron que en la reunión celebrada el pasado día 3 en Valencia por la directiva de la Cierval no se sometió a votación el posible respaldo institucional a Vicente Iborra, aunque hubo coincidencia a la hora de manifestarle su apoyo personal por parte de todos los asistentes. Según estas mismas fuentes, Vicente Iborra se limitó a informar de su situación, haciendo hincapié en que se consideraba inocente, aunque algunos comentaron que esta información llegaba tarde".

Al término de la reunión se hizo público un comunicado en el que se informaba del acuerdo unánime de "respaldar como su presidente a don Vicente Iborra Martínez, que ha demostrado siempre su total entrega al mundo empresarial y cuya trayectoria personal y profesional merece el respaldo".

La patronal alicantina había mantenido una reunión previa a la de Valencia, en la que cristalizó su postura, que no se llegó a votar en la mencionada reunión del día 3. Posteriormente, COEPA analizó el resultado de la reunión de la Cierval, si bien, según su presidente "no hay comentarios al respecto". Éste insistió en que el asunto era muy delicado y se necesitaba la máxima cautela y prudencia al respecto.

Volumen defraudado

Por otro lado, la policía ha fijado en 260 millones de pesetas el volumen presuntamente defraudado por SAVE al Estado, entre 1984 y los primeros nueve meses de 1985. Esta cantidad, que se reparte de forma irregular entre los 21 meses de ese período y entre los 11 aeropuertos nacionales cuyos aparcamientos están contratados por esa empresa, "evidencian", según los investigadores, "que nuestras sospechas no estaban injustificadas".

Las investigaciones contables que han permitido a la policía conocer esta cantidad presumiblemente defraudada no refleja los más de 10 años de explotación de los aparcamientos por parte de SAVE. "Aún no hemos podido cotejar todos los libros. De momento, sólo lo hemos hecho con los libros más actuales y la cantidad es ésa", afirmaron ayer fuentes policiales.