Quién defiende los derechos humanos

MÁS DE 12 días, lleva el industrial José María Egaña secuestrado por ETA. Una vez más el bandidaje político aplica a sus víctimas toda clase de extorsiones: detiene por la fuerza a las personas, las aísla sensorialmente para proceder a los sucesivos traslados, las encierra en recintos equivalentes a celdas, a veces sin luz y en condiciones higiénicas más que precarias, les censura las comunicaciones con el mundo exterior y extiende sobre la cabeza del secuestrado una permanente amenaza de muerte. Los secuestros a manos de terroristas constituyen uno de los mayores y más continuados atentados a los derechos humanos que se registra en nuestro país. Difícilmente se encontrarán casos más graves de ejercicio de la tortura y de humillante privación de libertad. La falacia de identificar la violencia y la tortura de los terroristas con la acción legal de la policía y de la justicia halla en los secuestros una de sus mayores evidencias. No es extraño, por tanto, que quienes defienden esta curiosa e interesada teoría, portavoces conspicuos del brazo armado de E-TA, se nieguen al más mínimo gesto de conmiseración y de solidaridad con quienes sufren de tan humillante y dolorosa detención fuera de toda legalidad y de toda racionalidad política. Pero más grave resulta que en el resto de la sociedad cunda el silencio y la indiferencia.Casi olvidado por el conjunto del mundo político, preocupado únicamente por el referéndum, sus causas y sus consecuencias; ¡relegado por los medios de comunicación al segundo o tercer plano de la actualidad; acallado por los propios terroristas y afines, que tratan de cobrar el rescate y no de montar una operación propagandística, y por la propia familia, por una muy respetable lógica tendente a salvar su vida antes de realizar una campaña contra los terroristas: ahí está José María Egaña, ejemplo de atentado continuo a la libertad, y a los derechos humanos, sin que asociaciones y entidades preocupadas por su respeto hayan realizado siquiera un gesto verbal, en un momento en que, precisamente, han sido pródigos en comparecencias a propósito del referéndum.

Que grupos políticos y entidades perfectamente identificados con el sistema democrático se hallen asociados, por mor de la OTAN o de cualquier otra circunstancia, con portavoces y justificadores de la delincuencia armada contra las instituciones de este país, que la misma etiqueta pacifista sea instrumentalizada por gentes que mantienen posiciones ambiguas frente a la violencia y al uso de las armas contra ciudadanos indefensos, son efectos preocupantes de la confusión generada por el debate en tomo al referéndum. El debate de la izquierda española, su propia recomposición tras las fracturas recientemente causadas por la política atlantista del Gobierno, será imposible si no hay una reflexión honesta en torno a las circunstancias que hacen posible el uso de dos varas de medir, permitiéndose algunos -pretendidos pacifistas- condenar en nombre de principios no violentos la permanencia de España en la OTAN y aceptar, en cambio, la violencia "en determinadas circunstancias", justificando la extorsión y el asesinato -ahí está el nuevo atentado de Zumaya- como sistema de lucha política contra las instituciones de nuestra Constitución.