Cinco años después

Aquel 1 de mayo de 1981 ocupa un lugar destacado en las efemérides patrias, con unas notas trágicas difíciles de superar en tiempos de paz. Ni las pestes asoladoras de otros tiempos y las violentas inundaciones que periódicamente arrasan nuestras riberas mediterráneas, el holocausto de la carretera o las cruentísimas catástrofes aéreas; todos estos incidentes, aunque no menos trágicos en sus consecuencias, se nos presentan a los testigos -que no a sus víctimas- con el halo inocentador de lo fortuito, inevitable consecuencia de la lógica del azar. Pero la lenta inmolación de esas casi 600 víctimas del síndrome tóxico y la tragedia vivida por miles de hogares en aras de los beneficios marginales de un negocio fraudulento unen a sus dimensiones trágicas una de soladora percepción de la condición humana: mucho peor que las víctimas sin causa son las víctimas de una causa estúpida y chapucera.A la vuelta de estos cinco años transcurridos es todavía imposible distanciarse de unos hechos que en muchas de sus implicaciones sociales, políticas, judiciales, sanitarias y científicas distan de estar resueltos. ¿Cuál es la situación actual en todos estos frentes enunciados? En primer lugar hay que reconocer el enorme avance logrado en sus aspectos, judiciales, que, en contra de muchos augurios, ha permitido cerrar el sumario más grande de nuestra historia procesal. Por respeto a la acción de la justicia, que pasa ahora a una fase decisiva, no entraremos en ninguna corísideración adicional.

En el aspecto social hay que destacar el apaciguamiento ostensible de las reivindicaciones de los afectados, que en parte es subsidiario de una eficaz política de desgaste practicada desde la Administración, así como del desinflamiento de ciertas hipótesis -como la de los tomates y los organofOsforados- que alimentaron una desafortunada acción reivindicativa de ciertas organizaciones. Este apaciguamiento social ha facilitado el abandono progresivo de los grandes objetivos de salud e investigación en el síndrome tóxico que la Administración socialista parecía comprometida a desarrollar desde su ideario programático.

Aquellos tiempos de la reprobación de ¡nada menos que seis ministros! del Gobierno de UCd por su presunta responsabilidad y mala actuación en el síndrome tóxico no están tan distantes como para que el ciudadano -elector y contribuyente- no pueda valorar el trecho que media entre el acoso al adversario político y la responsable ejecución de los compromisos contraídos en aquellas lides parlamentarias. El Plan Nacional del Síndrome Tóxico fue bajo la égida socialista un instrumento para apaciguar la demanda social con la zanahoria de las pensiones a los afectados o las subvenciones a sus asociaciones y el ocasional recurso al bastonazo repsesivo; pero no hizo honor a su promesa de racionalizar e impulsar la investigación epidemiológica, clínica y toxicológica.

Desafortunada teoría

Estas áreas se encuentran hoy a niveles muy próximos a los alcanzados en el primer año de trabajo intensivo, puestos de manifiesto en el Simposium Nacional -junio de 1982- y las Jornadas del Programa del CSIC -marzo de 1983-. Y a punto estuvieron de retroceder de haber seguido adelante la ambigüedad e incluso proclividad de algunos altos cargos de la Administración hacia la desafortunada teoría de los organofosforados. Justo es reconocer que en estos desvaríos fueron alentados por las no menos proclives o anibiguas posiciones de ciertos medios de comunicación.

Hoy día, el Plan Nacional ha sido disuelto por decreto y sias competencias repartidas entre el Ministerio de la Presidencia, para las pensiones y ayudas; el Insálud, para la atención médica, y el Fondo de Investigaciones Sanitaidias (FIS) para la investigación clín1ca y toxicológica. La epidemiológica fue desmembrada hace ya cosa de un año y sólo se mantiene forrialmente por la vigencia de un contrato con un epidemiólogo norteamericano.

La decisión de integrar a los afectados en el sistema general ole asistencia sanitaria y el consiguiente desmantelamiento de las unidades de seguimiento todavía existentes no puede ser más desafortunada para el conocimiento de la historia natural de la enferniedad. A partir de ahora, los afectados volverán a experimentar conio cualquier ciudadano medio la masificación inoperante de los dispensarios y ambulatorios. Pero esta dudosa "abolición de privilegios" dificultará necesariamente la recogida sistemática de datos respecto a la evolución de la enfermedad principal, sus complicaciones, riesgos o curación y su integración en las historias clínicas. También se hará muy difícil la posibilidad de contar con grupos de voluntarios para la investigación clínica -todavía posible- de algunos de los aspectos inmunopatogénicos más interesantes del síndrome tóxico.

Situación indeseable

Habría que evitar a toda costa que esta previsible situación indeseable pudiera cristalizar. Y en este sentido, el traspaso de la investigación del síndrome tóxico al FIS podría resultar beneficioso, pero a condición de que el problema fuera asumido responsablemente y en su compleja totalidad. Para ello habría que implementar una comisión técnica competente, capaz de impulsar la investigación biomédica de calidad hacia los paradigmas de la enfermedad, que se insertan en temas punteros del conocimiento tales como las patogologías autoinmunes de origen químico. Una dejación de competencias en este tema -y existen síntomas que no se toma con demasiado interés- constituiría una reprobable irresponsabilidad que nadie debería asumir.