El Senado norteamericano estudia imponer sanciones duras contra el Gobierno de Botha si Reagan no cambia su política

El Senado norteamericano, mayoritariamente republicano, está preparando diversas propuestas para aplicar sanciones contra el régimen racista surafricano. La más importante es la del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el republicano Richard Lugar, que acaba de anunciar que presentará al comité un paquete de sanciones económicas, de las cuales sólo excluye la retirada de todos los activos norteamericanos en Suráfrica. El propio presidente Ronald Reagan considera la posibilidad de que se apliquen sanciones limitadas, según manifestó ayer un alto funcionario de la Administración.

El debate político entre el Congreso y la Casa Blanca, que está centrando la atención de la opinión pública norteamericana, es casi una repetición del acaecido el pasado verano. Reagan se decidió entonces por sanciones veniales contra el régimen de Pieter Botha ante el temor a que el Congreso aplicara un castigo más severo. En aquella ocasión el Congreso se guardó el látigo; ahora parece mucho más difícil que el presidente evite sanciones mayores.El 9 de septiembre pasado, una orden presidencial prohibió la venta de ordenadores a las fuerzas de seguridad del régimen racista, bloqueó la mayoría de los préstamos a Pretoria, terminó con la importación de las famosas monedas de oro krugerrand y restringió la venta de tecnología nuclear.

La orden presidencial expira en septiembre próximo y su revisión ofrece a la Administración una oportunidad para proponer nuevas medidas. A preguntas de los periodistas, Reagan declaró el jueves: "No hemos cerrado la puerta" en cuanto a sanciones se refiere. Anteriormente, el secretario de Estado, George Shultz, había explicado que, si es necesario sancionar, hay que "hacerlo de una forma coordinada" y que está a la espera de los resultados de la misión conciliadora del secretario del Foreign Office británico, sir Geoffrey Howe, en nombre de los países de la Comunidad Europea.

En cualquier caso, lo que la Casa. Blanca tiene en mente posee un valor puramente simbólico: rescisión del derecho de aterrizaje a las compañías aéreas surafricanas, restricción del número de visados de entrada concedidos a funcionarios surafricanos y el cierre de consulados, entre otras.

Sin embargo, todo parece indicar que esta vez ni el Congreso ni la opinión pública se van a conformar con simbolismos. El miércoles el senador Joseph Biden exasperado ante la falta de sensibilidad de la Administración por la suerte de la mayoría negra surafricana, levantó la voz a Shultz: "Demonios, si lo han intentado todo en los últimos 20 años", gritó, refiriéndose a los esfuerzos integradores del movimiento antiapartheid, "han implorado, se han arrastrado y ahora están siendo machacados".

Del lado de Botha

El senador Edward Kennedy dijo que Reagan no hablaba en nombre del pueblo norteamericano en lo que respecta a Suráfrica y exhortó al Senado a tomar el asunto en sus manos. El columnista de The New York Times Anthony Lewis escribía el jueves: "La verdadera cuestión para la política de EE UU es: ¿dé qué lado estamos? Reagan está del lado de Botha y los gobernantes del Partido Nacional de Suráfrica; ése es el auténtico mensaje de su discurso".Las opciones que el Congreso está considerando van desde el virtual embargo comercial votado el mes pasado por la Cámara de Representantes, con escasas posibilidades de aceptación en el Senado, hasta el paquete de medidas moderadas propuestas por Richard Lugar. Éstas incluyen, además de la cancelación de vuelos de las aerolíneas surafricanas, el bloqueo de las cuentas bancarias de compañías de Suráfrica en EE UU, la supresión de importaciones procedentes de empresas públicas surafricanas y, posiblemente, una prohibición de toda, futura inversión en Suráfrica. Entre medias, los senadores Edward. Kermedy, Allan Cranston y Loswell Wicker han propuesto, además del cese de los préstamos al sector privado, la prohibición de las importaciones de uranio, carbón, hierro y de todos los productos agrícolas.

Ante esta agitación sancionadora del Congreso, un alto funcionario de la Administración insistió en la fecha de septiembre como plazo para que Pretoria inicie el desmantelamiento del apartheid. "Les hemos dado una oportunidad", dijo; "aquí y en otras, capitales occidentales, la cuenta atrás ya ha comenzado".