Los presidentes de las tres audiencias provinciales convocan una asamblea de los jueces del País Vasco

Los jueces de la comunidad autónoma vasca celebrarán el próximo martes una asamblea para examinar la posibilidad de que un fuero especial les sustraiga en el futuro las competencias sobre delitos cometidos por agentes policiales en la lucha contra el terrorismo, que, pasarían a depender de la Audiencia Nacional. La presentación por Coalición Popular de un proyecto de ley orientado en tal sentido y las manifestaciones de medios gubernamentales favorables a seguir este criterio han suscitado preocupación generalizada en la judicatura vasca. La convocatoria quedó suscrita ayer por los presidentes de las audiencias provinciales de la comunidad autónoma, que actúan a título particular.

La carta de convocatoria alude a un posible intento de reforzar las atribuciones de la Audiencia Nacional. Asimismo, se refiere a la, creación durante las últimas semanas de un clima, expresado en manifestaciones públicas, favorable a una modificación legal que sustraiga a la competencia del juez natural el conocimiento de determinados delitos que puedan perpetrar funcionarios policiales en el ejercicio de sus atribuciones. Tal competencia sería trasladada a los juzgados centrales radicados en Madrid como ya sucede con los delitos terroristas.La carta, dirigida a todos los Jueces que ocupan plaza propia en el País Vasco (unos 70 aproximadamente) se refiere también a la gravedad de las consecuencias profesionales que entrañaría una reforma de la normativa legal orientada en el sentido citado. Aunque los promotores de la reunión, que se celebrará en el palacio de la Audiencia de Bilbao, la han convocado con carácter abierto y no tienen intención de presentar a la asamblea ninguna propuesta concreta o proyecto de resolución, uno de ellos reconoció ayer que considera muy probable la aprobación de un documento que refleje el criterio general de los participantes sobre el tema objeto de reflexión.

La convocatoria de la reunión quedó suscrita ayer mismo por los presidentes de las Audiencias Provinciales de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, Enrique Torres, Joaquín Jiménez y Juan Saavedra, respectivamente. Torres no está afiliado a ninguna asociación profesional, Jiménez pertenece a Jueces para la Democracia (progresista) y Saavedra es miembro de la Asociación Francisco de Vitoria, de carácter moderado. Los presidentes actúan a título particular, por lo que se han dirigido a los jueces como compañeros.

El nuevo fuero

Fuentes judiciales vascas han señalado que la creación de un nuevo fuero especial para la policía "acabaría de desprestigiar la justicia española en Europa, donde la existencia de la Audiencia Nacional y la sustracción de los delitos de terrorismo a la competencia del juez natural se contempla ya con muchas reservas porque se considera que configuran una jurisdicción excepcional".

Las mismas fuentes destacan "la enorme trascendencia y gravedad" de cualquier intento de trasladar a la Audiencia Nacional la capacidad de entender sobre delitos imputados a agentes policiales en el curso de actividades antiterroristas. En estos medios se subraya que todas las diligencias por denuncias sobre malos tratos y torturas pasarían a ser instruidas y resueltas a varios centenares de kilómetros del lugar donde se producen los hechos, con el consiguiente entorpecimiento (le la labor de la justicia. Lo mismo sucedería con casos que han adquirido gran repercusión pública, como la desaparición de Mikel Zabalza cuando se encontraba bajo custodia de la Guardia Civil o el procesamiento del ex jefe superior de Policía de Bilbao Francisco Álvarez -actual responsable del gabinete de información y operaciones especiales del Ministerio del Interior- acusado de prevaricación por haber ocultado presuntamente un atestado sobre malos tratos a un detenido.

La inquietud en los medios judiciales vascos arranca de la presentación por Coalición Popular de un proyecto de ley, el, pasado 1 de septiembre -publicado en el Boletín de las Cortes 15 días después-, tendente a la reforma de la ley orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que establezca una reserva de competencia a favor de la Audiencia Nacional en los delitos atribuidos a agentes policiales en el desempeño de sus funciones contra bandas armadas o elementos terroristas. La preocupación se agudizó a medida que se fueron conociendo manifestaciones de resp onsables gubernamentales, favorables a modificar la legislación vigente, con motivo de la orden de incomparecencia de 90 guardias civiles en una rueda de reconocimiento.