Morir en Riaño

LA ACCIÓN demoledora de los bulldozers, bajo la contundente protección de las compañías de reserva de la Guardia Civil, y el suicidio de un tiro de uno de los vecinos tienen todos los visos de pasar a la historia como las últimas secuencias del conflicto que ha hecho famoso a Riaño. Lo que antes fuera un típico pueblo leonés se está transformando en un paisaje en ruinas. Este es el fin de una cadena de decisiones que desde mediados de los años sesenta han llevado a los Gobiernos de la nación a mantener la conveniencia de convertir una de la zonas naturales más celebradas de España en un gigantesco embalse que regule la cabecera del río Esla y riegue con sus aguas las tierras bajas del páramo castellano.La polémica sobre el embalse de Riaño ha estado alimentada en estos últimos años -desde que en 1983 la Junta de Castilla y León decidió impulsar la culminación de las obras- por las razones a favor y en contra del proyecto, por la pureza del método de expropiación empleado y por el uso de la fuerza pública en el desalojo y derribo de las viviendas desde el momento en que adquirieron firmeza las decisiones de los tribunales. En este último terreno se han producido excesos que no tenían razón de ser, por más dura que haya sido en ocasiones la resistencia de los vecinos y de los grupos de ecologistas venidos en su apoyo. Hechos como la utilización de botes de humo, las cargas policiales y la reiterada detención del alcalde -al que ni siquiera se le privó de las esposas, sin duda dada la alta peligrosidad que le atribuían los guardias- no son lo más adecuados para apaciguar los ánimos comprensiblemente exaltados de gentes a las que se expulsa de sus casas y de su entorno. El suicidio de uno de los propietarios desalojados ha contribuido a añadir dramatismo y horror a un proceso llevado por el poder político con la acreditada doctrina de este Gobierno de palo y tente tieso.

En la historia de Riaño no ha faltado un escrupuloso respeto jurídico, pero se ha carecido de la habilidad política para hacer menos inaceptable a los vecinos el abandono de su arraigo y más comprensible a la sociedad la conveniencia. de una decisión siempre cruel. En el proceso de expropiación, los vecinos han podido alegar ante los tribunales, han recibido las indemnizaciones correspondientes -cifradas oficialmente en 14.000 millones de pesetas- y sus viviendas han sido sustituidas por otras que, si no emocionalmente equivalentes, lo han sido en valor material. Muy probablemente, una parte de las protestas vecinales serían de todos modos imposibles de aliviar; pero no es descabellado pensar que si las indemnizaciones, en casos de graves daños materiales y morales como éstos, fueran más altas, los enfrentamientos no habrían revestido la dimensión, a veces patética, que ahora alcanzan.

Poco sentido tiene seguir discutiendo sobre el acierto o no de construir el embalse. Los Gobiernos que se han sucedido desde 1965 no han enmendado la decisión de llevarlo adelante. Se arguye un beneficio para 83.000 hectáreas de terreno que podrán ser regadas con sus aguas, aparte de la eliminación de los peligros de catástrofe con que todo río peninsular amenaza. Quienes están en contra replican que, al margen de los daños que la obra produce en el entorno natural, los posibles beneficios económicos podrían obtenerse con obras alternativas. La falta de un verdadero debate técnico ha fomentado la demagogia revestida de invocaciones ecológicas y, al fin, una mayor dureza en las posiciones. Si los vecinos no tenían bastante ya con la expropiación, les ha caído también una utilización política y hasta naturista encima.

El caso es que se podían y se debían haber evitado acciones en las que los habitantes son literalmente arrancados de sus viviendas, y que por sí mismas descalifican las razones científicas y políticas que avalen la construcción de la presa. En la manera de comportarse la Administración con los ciudadanos, de tratar no sólo su posición jurídica, sino también sus derechos humanos, se marca la diferencia entre los sistemas absolutos y quienes sirven a la comunidad.

Durante las últimas décadas, la sociedad española ha experimentado transformaciones materiales y ha sabido adaptarse a ellas. España protagonizó el proceso de urbanización más rápido que se conoce en Europa. Perder el lugar donde se ha vivido y trabajado durante toda la vida puede ser muy arduo, pero ese fue el destino de millones de españoles durante las dos últimas décadas. A ello les movió la necesidad de sobrevivir y no lo bulldozers. No había oportunidad de elegir. La tenaz resistencia que en Riaño oponen las gentes, incluso hasta la muerte, a abandonar sus lares se fundamenta en el dolor de verse desarraigados, desatendidos por una burocracia estéril y un poder atento a las estadísticas y de espaldas a la realidad de las gentes. No es por eso improbable que esta adversidad se encuentre acentuada por la mezquindad de la Administración y por la insensibilidad en la gestión de un problema con una decisiva carga humana.