El acuerdo de Bruselas y el gasto agroalimentario

Del lado de los gastos, el núcleo de la reforma lo constituye el intento de establecer una disciplina presupuestaria efectiva para el gasto agrícola, que supone aproximadamente el 70% del total, y el compromiso de duplicar el actual nivel de los fondos estructurales para 1993, incluyendo el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA-Orientación), con un incremento de este último estimado en el 37% para el próximo año.El alcance y significado del acuerdo de Bruselas en materia de gasto agrícola ha sido en demasiadas ocasiones insuficientemente comprendido, y exige una serie de aclaraciones que lo expliquen satisfactoriamente.

Una primera precisión que cabe hacer es la terminológica. Tanto los medios informativos como la propia prosa oficial de Bruselas y Madrid siguen hablando de gasto y presupuesto -agrícolas, como si nos encontráramos aún en la época fundacional de la CEE, cuando la producción primaria, con escasa transformación industrial, suponía un porcentaje relevante del PIB.

Hoy la realidad es sustancialmente diferente. El sector agrario tradicional ha dejado su lugar a un complejo agroalimentario con una integración entre sus distintos subsectores dificil de encontrar en otros ámbitos productivos, y en el cual la componente extractiva disminuye aceleradamente. Ese nivel de integración explica, entre otras cosas, la tendencia hacia el tratamiento administrativo de todo el sector en un solo departamento ministerial. Así sucede prácticamente en toda la Europa comunitaria.

Ese sector agroalimentario constituye, como revelan las cifras, la primera actividad transformadora en muchos de los países más modernos de Europa -en torno al 20% del valor añadido bruto industrial en Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Reino Unido y España-, y su vocación exportadora ha convertido a la CEE en primera potencia mundial a este respecto.

El agente esencial de ese desarrollo ha sido la política agrícola común (PAC). Lejos de ser, como parece pregonar su nombre, una política pensada para satisfacer exclusivamente las necesidades de los agricultores, se ha convertido en un gigantesco mecanismo de fomento del sector agroalimentario, y prioritariamente de la actividad tiransformadora. Puede estiniarse que los dos tercios del gasto agrícola por cuenta del FEOGA-Garan-tía, más de dos billones y medio de pesetas durante 1987, son devengados por la industria y el comercio, singularmente el de exportación.

Todo ello no impide que un número significativo de los titulares de empresas industriales y comerciales alimentarias, sobre todo en la Europa a 10, sean a la vez agricultores, actuando en la transformación a través de diversas formas societarias, en especial cooperativas.

Tampoco se pone en cuestión, en contra de lo que manifiesta la fácil demagogia, que los recursos primariamente percibidos por el subsector transforniador no beneficien también al subsector primario, en una proporción que dependerá de la correlación de fuerzas existente entre las partes en un momento y lugar dados, y del grado de asunción por este último de funciones comerciales e industriales.

La segunda visión que es preciso rebatir en relación con los acuerdos de Bruselas es la que ve tales acuerdos como un intento de disminuir el gasto agrario'

Nada más lejos de las intenciones, e incluso de las posibilidades legales de los distintos países. La única intención de la Comisión y Gobiernos comunitarios -véanse los datos- era intentar contener los pagos del FEOGA-Garantía en cifras próximas, aunque crecientes a las del pasado año, que, desbordando todas las previsiones, se han incrementadb un 27%. sobre 1986. Para ello se han introducido los llamados "estabiliz adores". Ahora bien, conviene recordar que los gastos por cuenta del FEOGA-Garan-tía tienen carácter de obligatorios, lo que en la terminología comunitaria equivale a decir que su devengo y pago son automáticos, de acuerdo con lo establecido en las distintas organizaciones comunes de mercado, y entra dentro de lo probable que se incrementen por encima de lo previsto, como ha sucedido tantas veces en el pasado.

Para curarse en salud el acuerdo de Bruselas contempla igualmente un incremento sustancial de los recursos de la Comunidad.

Cualquier observador ingenuo de la realidad comunitaria, fiel a la ortodoxia maniquea de "intervencionistas" y "liberales", puede quedar sorprendido por la insistencia con que determinados países, tenidos por esforzados paladines de la posmodernidad presupuestaria y de control -discriminación del gasto público- defienden con uñas y dientes, sin fisura alguna entre los distintos ministros, el mantenimiento, e incluso incremento, del gasto agroalimentario para la regulación de mercados y el aumento de los recursos necesarios para su atención. Sólo quien esté más atento a la historia y realidad del poder que a las predicaciones ideológicas podrá entender la tan sólo aparente paradoja.

Gasto agrario

La importancia del acuerdo alcanzado en materia de fondos estructurales, incluido el FEOGA-Orientación, no es sólo económica, sino política e ideológica.

No resulta casual que haya sido un Gobierno socialista, español por más señas, el más decidido defensor, y finalmente triunfador de su incremento, y ello no sólo por razones económicas -dotar a nuestro país de unas infraestructuras de las que carece con vistas a 1992-, sino de índole distinta y superior.

Cifiéndonos al tema agrario, resulta sobradamente conocido el hecho de que las políticas que no discriminan entre los distintos beneficiarios, singularmente las de regulación de precios y mercados, favorecen esencialmente a las grandes unidades de producción. Todo ello es compatible, por supuesto, con el mantenimiento en el frontispicio ideológico de la explotación familiar agraria como hipotético norte, frecuentemente desatendido, de la actuación política.

La historia de la Comunidad Económica Europea -piénsese en la adscripción política mayoritaria de los firmantes del Tratado de Roma, y en las ideologías dominantes en Europa desde 1945- y de la España de la dictadura ofrece abundantes ejemplos de cómo una política agraria que se dice protectora de la explotación familiar ha actuado prioritariamente a favor de las grandes explotaciones y empresas transformadoras. Con esto no se quiere decir que los beneficios dé determinadas actuaciones públicas se circunscriban a un exclusivo estrato social, sino destacar que los mejor dotados económicamente se favorecen en mayor medida de las políticas propuestas.

La única posibilidad de corregir esa»tendencia consiste en poner en marcha una política que, discriminando a favor del colectivo empresarial menos dotado de los que tienen posibilidad de permanecer en el mercado, la explotación familiar agraria en el caso que nos ocupa, permita a ésta capitalizarse, organizarse, agruparse y acceder a funciones económicas superiores a la mera actividad extractiva.

Las distintas políticas que permiten satisfacer las necesidades precedentes se encuadran mayoritariamente en el contexto comunitario dentro del FEOGA-Orientación, aunque este último comprende también otras líneas de actuación de contenido diferente. El incremento de la dotación de aquel Fondo, defendido por el Gobierno español, va en la línea de una corrección progresista, a favor prioritariamente de la explotación familiar agraria, de la actual asimetría, favorecedora preferentemente, aunque no exclusivamente, de las empresas más eficientes, que encarna el FEOGA-Garantía.

Julián Arévalo Arias es subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación.