El fiscal llama inmorales a los dos jueces de Barcelona acusados de corrupción

El fiscal del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido calificó ayer de inmorales a los jueces Carlos Lorenzo-Penalva de Vega y Joaquín García Lavernia, ambos de 57 años de edad, titulares de los juzgados de primera instancia números 6 y 2 de Barcelona, acusados de corrupción. El fiscal mantuvo las penas de 13 y 7 años de prisión, respectivamente, para los dos jueces. Para los otros seis procesados pide 7 y 10 años de prisión.

El fiscal criticó con dureza la actuación de los dos jueces. Insistió reiteradas veces en que los dos magistrados habían obrado de mala fe y que, en su condición de funcionarios públicos, habían traicionado el juramento de fidelidad a la ley y de servicio a la sociedad. "Solicito al tribunal", dijo Conde Pumpido, "una sentencia condenatoria para que la sociedad sepa que la justicia puede ser lenta y que los jueces se equivocan, pero que, cuando se obra de mala fe, sabe reaccionar".El ministerio público puntualizó que la acusación no se fundamenta en razones de ejemplaridad o escarmiento, sino en el convencimiento de que los magistrados delinquieron.

Está probado, dijo el fiscal, que los nombramientos reiterados de las mismas personas para los cargos de interventores, comisarios o depositarios en quiebras o suspensiones de pago obedecían a un pacto para obtener beneficios. Tanto es así, que el presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona advirtió a los magistrados de lo reiterativo de las designaciones para los cargos de derecho mercantil y concursal.

La Junta de Jueces acordó la elaboración de una lista de profesionales para evitar las repeticiones y diversificar los nombramientos. A pesar de todo ello, Lorenzo-Penalva y García Lavernia siguieron nombrando a los otros acusados, que, según ellos, gozaban de su confianza.

Los pagos están probados y reconocidos, agregó el fiscal, y la única discrepancia que existe entre la acusación y las defensas es el motivo de los mismos. Para el fiscal ha quedado claro que estas entregas y talones, con cantidades exactamente iguales, obedecen a un reparto de fondos. Los expertos del Banco de España descubrieron hasta 109 pagos paralelos (de la misma cantidad) hechos por el testigo Alfredo Consolación, de los que 39 fueron para el juez Lorenzo-Penalva.

Las cantidades pagadas a unos y a otros son iguales, lo que para los peritos y el fiscal no quiere decir otra cosa que se trató de un reparto, y no de una herencia por un lado y salarios por otro. El fiscal ha pedido la apertura de un nuevo sumario para depurar las responsabilidades penales de Consolación. No obstante, el Supremo denegó hace un par de años el procesamiento de este testigo por estos hechos.

El fiscal dijo que existen documentos que prueban que la procesada Gloria Viñals -que acompaña asiduamente en solitario al juez Lorenzo-Penalva a la salida de la vista- fue nombrada varias veces como interventora en suspensiones de pagos cuando todavía no había acabado la carrera de Derecho. El fiscal sugirió que los nombramientos de Viñals obedecieron a razones personales, en lugar de formación y prueba, como aseguran los jueces.

El fiscal citó de pasada en su informe otros dos casos famosos, el de la colza y el de la desaparición del Nani. El primero, porque en la suspensión de pagos de la empresa Lípidos Ibéricos se vendieron bienes no para atender a los acreedores, sino para pagar los servicios de los interventores, dos de los acusados. El segundo, en referencia a un perito calígrafo, que tanto en el caso el Nani como en éste ha defendido posturas polémicas y contrarias a la opinión de expertos de las fuerzas de seguridad.

El fiscal aseguró que el sumario de los jueces se derivó en parte por la irregular marcha de los juzgados. Indicó que ahora ya no se produce la misma situación que en 1981, pero afirmó que el tribunal tendría que valorar si insta al Consejo General del Poder Judicial para que revise el funcionamiento de los juzgados civiles de Barcelona en lo que se refiere a derecho universal (quiebras y suspensiones de pagos).Joan Piqué Vidal, defensor de ambos magistrados y de Luis Lorenzo-Penalva (hermano de uno de ellos), criticó en su informe la instrucción del sumario, porque, desde su punto de vista, no se realizó con las debidas garantías para los acusados. Piqué insistió también en que no se cumplían los requisitos exigidos por la ley que determinan los delitos que se les imputan. El defensor de los jueces insistió en que no existen pruebas contra sus clientes, y que los testigos han respaldado la versión de la defensa, dejando en suposiciones la del fiscal.

Federico de Valenciano, defensor de Pedro Trullás, subrayó que no entendía la ausencia en el procedimiento de acusación particular, ya que hubiera sido lógica si las prácticas de los magistrados hubieran perjudicado a empresas en suspensiones de pagos o a sus acreedores. La ausencia de la acusación demuestra, para este abogado, que no existieron tales delitos.

El juez García Lavernia perdió los papeles. Hasta ahora parecía que el juicio no iba con él, pero ayer cambió de actitud, y en un descanso del juicio amenazó a una periodista. El magistrado se acercó a ella en presencia de varios testigos y aseguró: "No te voy a dejar en paz".

Comoquiera que la informadora indicara al magistrado que tenía abierta la vía de los tribunales de justicia, García Lavernia dijo: "Te voy a pegar una hostia". La hija del juez procesado se llevó a su padre para evitar mayores males.