El PP de Alicante inaugura una oficina de ayuda a la maternidad exigida por Vox

La puesta en marcha de una oficina de ayuda a la maternidad fue una de las condiciones de Vox para aprobar los presupuestos municipales de 2024 en Alicante, donde el PP gobierna con mayoría simple. Casi un año después de alcanzar el acuerdo, y con la caja de 2025 en el aire, el Gobierno del alcalde Luis Barcala ha inaugurado hoy una placa en uno de sus centros comunitarios de la concejalía de Acción Social para indicar que destinará parte del presupuesto y de la plantilla, sin detallar ni la partida ni los recursos de personal, a asesorar a gestantes con dificultades económicas, ya que, dice Vox, desde los centros públicos solo se les sugiere el aborto. La oposición en pleno, que la considera una oficina antiabortos, ya ha anunciado que tratará de cerrarla por todas las vías posibles, incluida la legal, que comenzará con una queja remitida por Compromís al Síndic de Greuges, el equivalente valenciano al Defensor del Pueblo. Las mujeres, dice la izquierda, no pueden ser monedas de cambio ante el “chantaje” de la ultraderecha.

La puesta en escena en el centro comunitario Plaza del Carmen, ubicado en el casco antiguo de Alicante, ha sido multitudinaria. El PP ha enviado a cuatro de sus concejalas, ningún hombre, a respaldar la iniciativa. Al frente, la de Acción Social, Begoña León, quien ha asegurado que la oficina “será un espacio de apoyo integral para ayudar a las mujeres, desde el embarazo y el posparto, hasta los tres años de vida de su bebé”. León explica que se dará información, se impartirán talleres y charlas y se ofrecerán ayudas económicas a las mujeres que lo deseen. El presupuesto sale de la asignación de la concejalía, sin partida específica, y con “ocho o nueve trabajadores” que “antes estaban repartidos por los diferentes centros” sociales. Las ayudas económicas a las que las usuarias podrán acceder también salen de las “ya existentes”. Para el próximo ejercicio “se está trabajando” en una asignación concreta, pero casi un año después del acuerdo con Vox, “necesitamos tiempo para terminar las cosas”, ha indicado la concejala.

Mucho más claro tienen el objetivo en Vox. Su concejal Carmen Robledillo, tras agradecer la presencia en el acto de representantes de las asociaciones RedMadre y Provida, ambas detractoras del derecho al aborto, subrayó que era “un día importante para la libertad de las mujeres”, ya que la propuesta, que su grupo tasó en 1.000 euros iniciales en una enmienda a los presupuestos, permitirá a las gestantes “decidir si quieren tener a sus bebés”. De hecho, Robledillo acusa a los centros sanitarios públicos, de titularidad autonómica, de sugerir siempre el aborto cuando acuden embarazadas “que no saben qué hacer porque tienen problemas económicos” o de cualquier otra índole. A la edil ultra no le ha gustado la ausencia de Barcala en el acto inaugural, que ha afeado dos veces, pero sí la metodología de la oficina. Las mujeres que acudan en busca de información a los centros sociales y comunitarios serán derivadas “a petición propia”, según León, a este punto. Una vez en él, ha añadido el jefe de servicio de Bienestar Social del ayuntamiento, Enrique Sánchez, “se les brindará apoyo económico, sanitario, social o psicológico”, como ya hace la concejalía “desde hace mucho tiempo”.

Fuera del centro, un vehículo policial con una decena de efectivos mediaba entre el acceso y las representantes de los partidos de la oposición y de asociaciones feministas, que desde poco antes de la inauguración emitían consignas clásicas como “nosotras parimos, nosotras decidimos” y otras coyunturales como “Barcala, te vamos a abortar de nuestro ayuntamiento” o “esta oficina es ilegal”. Al acabar el acto, la diputada autonómica de Compromís Mónica Álvaro ha indicado que “los ayuntamientos no tienen competencias” en la atención a gestantes, que depende de los servicios sociales de la Generalitat y que derivan cualquier petición de información “a los centros hospitalarios”. Su compañera en el consistorio alicantino Sara Llobell ha anunciado que su formación elevará “una queja ante el Síndic de Greuges” por la “duplicidad de instrumento de ayuda a las embarazadas” y que, en función de su respuesta, acudirán incluso a los tribunales.

Por su parte, la concejala socialista y exconsejera de Sanidad, Ana Barceló, ha ratificado que “la responsabilidad del acompañamiento durante el embarazo recae en los servicios sanitarios” autonómicos y ha negado que en los hospitales públicos se ofrezca el aborto como única opción. “Eso no es cierto”, ha respondido, “y duda de la profesionalidad de médicos, ginecólogos y matronas, que en ningún momento influyen en la decisión de las mujeres”. “Esta oficina solo responde a que el PP acepta el chantaje de la ultraderecha”, ha continuado, “cuando las mujeres no somos monedas de cambio político, sino que estamos emancipadas y no necesitamos tutelas” de la administración. La coordinadora de Esquerra Unida en Alicante, Lucía Ibáñez, ha tildado la oficina de “mesa con cartel que cuesta mil euros al año” y ha desvelado que el PP, a petición de su partido, “ofreció retirar las oficinas antiokupas y antiaborto”, ambas propuestas por Vox, “a cambio de apoyar la ordenanza de basuras”.