Economía valora en 800.000 millones de pesetas el coste de la cobertura pedida por UGT y Comisiones

Los responsables del Ministerio de Economía evalúan en 800.000 millones de pesetas el coste de la cobertura del paro pedida por los sindicatos, 300.000 millones más que el cálculo hecho por el Ministerio de Trabajo y que ha sido presentado a los sindicatos como la valoración oficial de la Administración. En cuanto a la mesa para la reforma del Inem, el secretario general de Empleo entregó ayer un nuevo documento que UGT y Comisiones Obreras rechazan por entender que no recoge sus propuestas. Las negociaciones proseguirán en la segunda quincena de septiembre.

La distinta valoración del coste de la cobertura hecha por dos ministerios se debe a que Trabajo ha tenido en cuenta el número actual de parados y el coste inmediato que supondría dar subsidio a los, colectivos propuestos por los sindicatos, mientras que Economía ha calculado el impacto que tendrían esas medidas a medio plazo. Según fuentes de la Administración "para no caldear más los ánimos", a los sindicatos se les presentó solamente la primera valoración, estimada en medio billón de pesetas, una cifra dos veces superior a la que ofrece UGT.

No a la nueva oferta de UGT

La nueva oferta sobre cobertura hecha ayer por U GT a través de Un comunicado de su ejecutiva confederal enviado a los medios de comunicación, en el que se muestra dispuesta a firmar un acuerdo por importe de 250,000 millones de pesetas, no ha sido tenida en cuenta por Trabajo "dado que no se ha utilizado el método que la Administración entiende procedente en una negociación", según el secretario general de Empleo, Alvaro Espina, a quien no le consta oficialmente que esa sea la oferta del sindicato. En cualquier caso, Espina asegura que sería rechazada porque "esto no es una subasta en una feria de ganado. Es algo más serio".En la mesa que Administración, centrales y empresarios negocian la reforma del Instituto Nacional de Empleo (Inem) se mantienen similares discrepancias. Ayer Trabajo entregó una segunda versión del documento base, rechazada por los sindicatos porque se mantienen las discrepancias de fondo y reclamaron un nuevo texto. Alvaro Espina denegó la petición y propuso "la discusión mediante un procedimiento razonable, que es presentar enmiendas, y no tirar a la basura cada documento que elaboramos".

En el nuevo texto se concretan los recursos humanos que necesita el instituto en una nue va etapa, aunque no se cuantifican, y precisa el alcance de la voluntariedad en el registro de parados. La Administración propone que sea preceptiva la inscripción de los perceptores de prestaciones como demandantes de empleo y mantener la obligatoriedad de contratar a través del instituto cuando las empresas deseen obtener las ayudas establecidas en programas de empleo cuya legislación así lo disponga. Los contratos por escrito nominativos y directos deben registrase en el INEM, pero se eliminan los dos trámites previos de inscripción del demandante y la oferta de la empresa. Asimismo considera conveniente reforzar la tipificación legal de las empresas de selección de personal y garantizar su completa diferenciación de las actuaciones ilícitas mediadoras en las colocaciones.

La valoración que CEOE hace del documento de la Administración es que se trata de una propuesta abierta y refleja voluntad de sintesis con las sugerencias formuladas en la reunión anterior. Las centrales sin embargo entienden que con el texto actual el consenso no es posible ya que no se garantiza un servicio público de empleo y la participación no es suficiente. UGT piensa seguir reclamando la inscripción obligatoria de los parados y el control sindical de las prestaciones del desempleo, peticiones que han tenido un rotundo no de Trabajo, y Comisiones asegura que la Administración se ha limitado a cambiar los nombres, pero no los objetivos.