La comunidad pretende aumentar competencias mediante una ley orgánica

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid remitirá hoy un informe a la Asamblea en el que propone la vía prevista en el apartado 2 del artículo 150 de la Constitución (promulgación de una ley orgánica) para ampliar las competencias autonómicas. Ello supone reiterar su negativa a reformar el estatuto de autonomía y optar por una vía alternativa. El Ejecutivo regional ha tenido que revisar un primer informe, que le fue devuelto por los grupos de la oposición por considerarlo "descafeinado".

En el nuevo estudio, el Gabinete presidido por el socialista Joaquín Leguina apuesta claramente por la obtención de competencias que ahora son de la Administración central en los apartados de trabajo, sanidad y educación, mediante una ley orgánica de delegación. Se trata de seguir el ejemplo de las comunidades de Valencia y Canarias. Ambas tienen estatutos autonómicos basados en la vía del artículo 143 de la Constitución, pero consiguieron niveles de atribuciones similares al de las regiones que obtuvieron la autonomía por la del artículo 151 sin reformar los respectivos estatutos.El apartado 2 del artículo 150 de la Constitución señala: "El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado".Tanto para Canarias como para Valencia, el Congreso de los Diputados, en primera instancia, y el Senado, en segunda, aprobaron sendas leyes orgánicas que establecen expresamente la transferencia de poderes legislativo y ejecutivo en materias que tenían vedadas por la vía del artículo 143.El documento que remitirá hoy el Gobierno regional a la Asamblea de Madrid cuenta con un capítulo introductorio de folios que fija claramente la postura del Ejecutivo autónomo, partidario de no mover una coma del estatuto por temor a reabrir la espita del proceso autonómico. El informe recoge un amplio listado sobre las competencias que aún faltan por asumir a la comunidad, principalmente en materia de trabajo, educación y salud. El citado estudio incluye también un breve análisis sobre las consecuencias económicas de las futuras transferencias al Gobierno regional.Debate

La ampliación de competencias será uno de los caballos de batalla del debate sobre el estado de la región, que se celebrará a mediados de octubre. Aunque los grupos de la oposición parlamentaria (Alianza Popular, Centro Democrático y Social, Izquierda Unida y el Grupo Mixto) son partidarios de reformar el estatuto para subir el listón de competencias de la comunidad, el Gobierno regional confía en llegar a un acuerdo antes de fin de año para inclinarse por la vía de la ley orgánica de delegación. Leguina ha mantenido ya un primer contacto con los portavoces de la oposición para propiciar un acercamiento de las posturas.

Paralelamente, una comisión parlamentaria estudiará los aspectos técnicos, jurídicos y económicos de la ampliación del techo de competencias. La citada comisión estudiará también el coste que supondrá para la comunidad el traspaso de tales atribuciones, que se prevé podrá multiplicar por más de dos el presupuesto regional, que este año es de 183.000 millones de pesetas, especialmente por lo que respecta a educación y, sobre todo, al Instituto Nacional de la Salud.

El presidente Leguina se ha mostrado recientemente partidario de asumir cuanto antes las competencias de trabajo y el cobro de varios impuestos que aún no recauda directamente la comunidad. Se muestra más cauto con respecto a las competencias de educación y sanidad por el elevado coste económico que podrían suponer para las arcas regionales. Sin embargo, la oposición considera imprescindible que se aceleren estas transferencias para que la comunidad acabe de consolidarse como institución.