El reto de 1992
La culminación del Mercado Interior Europeo, planeada para finales de 1992, afirma el autor de este artículo, supone un desafío para las fuerzas sociales políticas y culturales de los países de la Comunidad Europea, y ello en un doble sentido, ya que ofrece posibilidades y contiene riesgos.
Las posibilidades se ofrecen en múltiples aspectos. La integración económica -que no otra es la meta del Mercado Común- es una condición sine qua non para la aceleración del proceso de integración política.El hecho de que en 1985 se emprendiera denodadamente la consumación del Mercado Común no es únicamente consecuencia de la voluntad política de los Gobiernos de los países miembros, sino, sobre todo, el resultado del desarrollo económico mundial. El campo de actuación de las políticas económicas nacionales se ha visto reducido, a partir, sobre todo, de la última crisis del petróleo. Los problemas existentes -en especial, acabar con el paro masivo y con la consiguiente descualificación de millones de personas, así como la disminución de las desigualdades regionales y la transformación de las estructuras de la sociedad industrial- apenas si pueden ya solucionarse mediante los recursos de la economía de cada Estado y de la política financiera. Desde este punto de vista, la culminación del Mercado Interior es una respuesta a esta situación. Sin integración económica la Comunidad Europea no podrá mantener su puesto en la competencia mundial y tampoco podrá desplegar sus potenciales políticos. Con este planteamiento están de acuerdo los sindicatos europeos, como se puso de relieve durante el congreso de la Confederación Europea de Sindicatos que tuvo lugar en Estocolmo en mayo del presente año.
Sin embargo, el proyecto europeo no puede limitarse únicamente al mercado. La opinión de algunos ideólogos de que una política económica netamente liberal puede, a través simplemente del mercado, solucionar las cuestiones laborales y sociales hace mucho tiempo que ha sido refutada por la realidad.
El futuro de Europa se halla tanto en el despliegue de sus posibilidades económicas como en la conservación y desarrollo de su cultura social. La oportunidad del escenario Europa se dará en la medida en que se apoye en una elevada cualificación escolar y profesional, en la calidad de sus productos y sus servicios, en la fuerza innovadora y en la investigación común. Un proyecto como éste exige, no obstante, un equilibrio entre los intereses sociales y económicos, salarios justos, autonomía de los interlocutores sociales, una distribución justa del trabajo y de la riqueza de la sociedad y, no en último lugar, unas relaciones sociales dinámicas. Si se produce un conflicto fundamental entre sindicatos y economía, entre sindicatos y Gobiernos, no se podrá alcanzar la meta del Mercado Común. El Mercado Interior no puede ser decretado desde arriba. Tiene que poder apoyarse en una amplia afirmación de los grupos sociales y de la opinión pública.
Control del Parlamento
El Acta Europea ha fortalecido la capacidad de acción de la Comisión de las Comunidades Europeas y ha ampliado las posibilidades del Parlamento Europeo, constituido por elección directa. Pero aún estamos lejos de poder subordinar la política europea al poder decisorio y al control del Parlamento Europeo elegido libremente. Aunque, específicamente para los sindicatos, el déficit de democracia en la Comunidad ha constituido un importante handicap. La libertad de contratar y la competencia legislativa del Parlamento elegido democráticamente son cuestiones interdependientes. Los Consejos de Ministros que carezcan de un control directo por el Parlamento no cuentan con la necesaria legitimación democrática. Por ello, el fortalecimiento del Parlamento Europeo es una prioridad en la política europea de la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Las propuestas de la CES para la configuración del espacio social de la Comunidad son claras:
1. No queremos una armonización de las normas de protección social y de los derechos de los trabajadores al nivel de la media europea. Exigimos una directiva en la que, como normativa básica mínima, se garanticen los derechos sociales. En ello está comprendido también el derecho de todo trabajador a la negociación colectiva. Para ello podemos contar con las bases establecidas en la Carta Social europea y por los convenios de las organizaciones laborales internacionales.
2. Las diferencias regionales, las diferencias entre pobres y ricos en la Comunidad Europea son estremecedoras. El desarrollo del Mercado Interior tiende a ocultar el peligro de que aumente esta disparidad. Por ello, una política europea de desarrollo regional tiene que concentrar recursos en las regiones postergadas del Sur y del Norte, con objeto de mitigar la falta de desarrollo. A este fin es preciso, especialmente, la mejora de la infraestructura y de la cualificación profesional, y una incentivación específica del empleo. Esto no lo puede regular el mercado. Para ello es necesario un esfuerzo común determinado a nivel estatal.
3. El paro sólo puede ser reducido a través de una política coordinada que tenga como meta el crecimiento y el empleo. El dumping salarial y social es un procedimiento que, aunque embellezca las estadísticas oficiales sobre el paro, a la larga no sirven, en absoluto, para asegurar un trabajo cualificado como condición necesaria para un rendimiento económico.
4. Los sindicatos y los empleadores, con ayuda de la comisión, tienen que hacer del diálogo social una institución en la que se intercambien puntos de vista y se adopten o preparen acuerdos. En el orden del día hay que incluir temas como la Carta Social de la CE y la iniciativa para la formación profesional y continua, así como el Estatuto para la Sociedad Anónima europea.
La Confederación Europea de Sindicatos intervendrá con una sola voz a nivel europeo, y a través de las confederaciones miembros, en el marco nacional para participar en la configuración del futuro de Europa: por una mayor democracia, por el progreso social y por el éxito económico.
es el presidente de la Confederación Europea de Sindicatos y presidente de la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB).
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