El Gobierno descarta cualquier medida de amnistía o de regularización fiscal, según Borrell

"Hay mucha gente en este país que está poniendo velas a la Virgen para que haya una amnistía fiscal", pero "no ha habido, no hay y no va a haber un perdón a los defraudadores, ni cualquier otro procedimiento de regularización distinto al contenido en el régimen transitorio de la nueva ley de renta". Con estas palabras, el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, pretendió ayer dejar las cosas claras ante aquellos que esperaban una medida de este tipo que acompañara a la nueva ley de renta. Borrell negó asimismo que se hubiera tramado un pacto con La Caixa para la entrega de su relación de suscriptores de pólizas de seguro con prima única a cambio de mayores exenciones fiscales para su fusión con la Caixa de Barcelona.

El Gobierno ha estudiado durante los últimos meses un abanico de medidas tendentes a aflorar el dinero oculto. Entre ellas, se encontraba una gran emisión de deuda pública con el compromiso de permanencia de cinco años y a bajo tipo de interés. Tras un debate en el seno del Gobierno, se descartó una medida de este tipo por el jarro de agua fría que hubiera supuesto para los contribuyentes que han pagado sus impuestos. Según los últimos estudios oficiales sobre el fraude fiscal, se estima que los españoles en conjunto sólo declaran la mitad de lo que ganan, sobre todo en las rentas del capital.La postura favorable a una cierta amnistía fiscal pretendía matar dos pájaros de un tiro. Por una parte, que el dinero oculto saneara el déficit público y así poder afrontar las inversiones necesarias para reducir el desfase en infraestructuras y servicios públicos que existe respecto de los países europeos, a los que habrá que acercarse si no se quiere perder el carro del mercado único. Por otra parte, se pretendía así disminuir la presión fiscal sobre los que ya pagan impuestos, tal y como recomiendan los organismos internacionales, entre ellos, recientemente, la OCDE.

Sin embargo, a juzgar por las palabras de Borrell, el Gobierno "por unanimidad" ha decidido que se puede llegar al mismo objetivo con un método más complejo aunque menos impopular. La nueva ley de renta permite a quienes decidan ahora aflorar su dinero oculto ahorrarse dinero respecto de si hubieran declarado cuando era su obligación. Sobre todo, si no han ingresado nada nunca, ya que a lo que declaren habrá que aplicarles la nueva norma, más benigna con los matrimonios que tienen dos rentas y éstos suelen coincidir con los niveles más altos de ingresos, donde está más concentrado el fraude.

Hacienda no va a dejar pasar la oportunidad de tirar de la manta en el gran fraude detectado en pólizas de prima única, estimado en dos billones de pesetas. Para ello no utilizará medidas espectaculares de amnistía fiscal, sino que se servirá de la razón legal que, en un goteo discontinuo, le están dando los tribunales en la batalla jurídica contra las entidades financieras que se negaron a facilitar sus listas. Lo mismo ocurre con los inversores de letras del Tesoro sobre los que Hacienda ya ha obtenido información a través de las entidades gestoras, bancos y cajas de ahorros.

Borrell señaló que "vamos a actuar con vigor a pesar de que la ley introduce un efecto de discriminación en favor de aquellos que no declararon nunca nada"; pero ésta "es una consecuencia necesaria de la sentencia del Tribunal Constitucional". Añadió que la ley de renta "no da cuartel alguno a las situaciones irregulares" y que "los que están pidiendo una amnistía o una emisión gigante de deuda pública que sea lavadero de sus pecados fiscales no tienen nada que hacer".

Delito fiscal

Otra batalla legal puede abrirse en el tiempo que transcurra hasta que el Tribunal Supremo ratifique o no la sentencia que absolvió a Lola Flores del delito fiscal. Si el Supremo da la razón a la Audiencia Nacional, resultaría que el delito fiscal no podría aplicarse a los fraudes superiores a cinco millones de pesetas cometidos entre los años 1984 y 1987, ambos inclusive, y sólo quedaría la vía más leve de las sanciones administrativas. Borrell señaló en este sentido que "se seguirán enviando al fiscal los delitos que se detecten", es decir, que no habrá otro parón hasta que se pronuncie el Supremo.

Respecto a un posible pacto con La Caixa para que ésta entregara su lista de suscriptores de primas únicas a cambio de mayores exenciones fiscales a su fusión con la Caixa de Barcelona, Borrell fue tajante: "No vamos a comprar ni a vender nada". Se estará, pues, a lo que decidan los tribunales.

Para Borrell, cuando hay entre 400.000 y 800.000 personas que tienen patrimonios ocultos, "estamos ante el fracaso de una reforma fiscal" iniciada días antes de que se aprobara la Constitución española.