El Tribunal de Cuentas no ha fiscalizado aún 20.000 millones pagados a los partidos políticos

El Tribunal de Cuentas no ha fiscalizado aún ninguna de las cantidades que el Estado ha entregado desde 1987 para la financiación regular de los partidos políticos. Las fuerzas con representación parlamentaria se han repartido más de 20.000 millones de pesetas de ayuda estatal durante los casi tres años de vigencia del sistema, sin que se haya cumplido la única contrapartida prevista, que era su revisión por el Tribunal de Cuentas. Ese dinero es sólo una parte de la financiación pública de los partidos políticos, que además reciben fondos específicos para cada campaña electoral y subvenciones parlamentarias.

De esos 20.000 millones de pesetas de financiación regular, más de la mitad debería estar ya fiscalizada y a disposición de las Cortes Generales. El Tribunal debió informar al Parlamento sobre la contabilidad correspondiente al ejercicio de 1987 hace ya un año, y en estos momentos debería tener lista la de 1988. Sin embargo, las Cortes no han recibido todavía ni un sólo informe acerca del primero de dichos ejercicios, ni por supuesto sobre el segundo.La práctica totalidad de los partidos políticos -22 según el Tribunal- con obligación de someterse a control tuvieron que ser requeridos para que presentaran documentación complementaria al primer paquete de apuntes entregados al órgano fiscalizador.

El Tribunal ha hecho alguna gestión, cerca de las Cortes, respecto de lo que debía hacerse con los partidos que se resistían a informar de aspectos contables. Según fuentes del tribunal, la respuesta recibida fue en el sentido de que el problema debía ser resuelto por el órgano fiscalizador. Pero en la práctica, la capacidad coercitiva y sancionadora de dicho organismo se reduce a una multa máxima de 150.000 pesetas -si bien es acumulable-, según se desprende de la ley que regula el funcionamiento del tribunal.

Desde que se inició la fiscafización de las fuerzas políticas, no se conocen actuaciones de la fiscalía del Estado ante los tribunales de justicia por incumplimiento de las obligaciones contraídas.

Ninguna fuerza parlamentaria ha denunciado seriamente esta situación, pese a la pluralidad del órgano parlamentario previsto para las relaciones con el Tribunal, en cuya mesa estaban representados -en la pasada legislatura- el PSOE, el Partido Popular, el CDS y la Minoría Catalana. Dicho órgano estaba presidido por el diputado socialista Ciriaco de Vicente, que se ha mantenido ilocalizable -al menos para este periódico- a lo largo de los últimos días.

Este órgano parlamentario, denominado Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, fue disuelto en el verano pasado, al producirse la anticipación de las elecciones legislativas. En su lugar no ha sido constituido todavía ningún otro.

Se ha producido, en todo caso, un incumplimiento flagrante de los plazos fijados legalmente para fiscalizar el dinero de los contribuyentes entregado a las fuerzas políticas, que además tiene el carácter de "financiación incondicionada", es decir, de libre uso por parte de los destinatarios. El retraso en el examen de la contabilidad general implica que tampoco han sido controladas, todavía, las vías de financiación privada.

Desorden

El borrador del dictamen sobre la contabilidad de 1987 de los partidos políticos está ya listo y a falta sólo de eventuales aclaraciones de los interesados. Una vez concluidos estos trámites, el dictamen, junto con las posibles alegaciones de los partidos, pasará al pleno del Tribunal de Cuentas, que en el caso de aprobar la labor de fiscalización remitirá a las Cortes a mediados o finales de marzo -si no hay nuevos retrasos- su primer informe sobre la contabilidad general de los partidos políticos.Las causas del retraso son numerosas y significativas. Según medios allegados al Tribunal, la principal reside en que prácticamente todos los partidos incumplieron en 1988 el plazo establecido por la ley de Financiación, para remitir la documentación correspondiente. Una vez que las fuerzas políticas entregaron sus primeras justificaciones, el Tribunal apreció la falta de importantes detalles y la ausencia de una contabilidad homologable.

Todos estos problemas han generado un intenso tráfago de aclaraciones y petición de documentos, y han culminado en la existencia del retraso superior a un año en la fiscalización de las cuentas de los partidos.

Hace un mes todavía faltaba información necesaria para cerrar el borrador de dictamen.

Todo ello no ha sido óbice, sin embargo, para el cobro regular de las subvenciones estatales, que han sido abonadas puntualmente por el Ministerio del Interior.

La actitud reticente de las fuerzas políticas, con respecto a la contabilidad anual, contrasta con la diligencia observada para la justificación de los gastos derivados de cada consulta electoral, que generan una subvención aparte. La diferencia estriba en que, sin esta última fiscalización, el Estado puede denegar el cobro de las subvenciones electorales a que cada fuerza política tiene derecho, en función de los votos y escaños conseguidos.