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Hacienda reclamará las listas de suscriptores de pagarés vascos si no se alcanza un acuerdo en abril

El Ministerio de Economía y Hacienda va a plantear tres vías de solución al contencioso abierto con la Hacienda vasca por las emisiones de pagarés forales, que han supuesto un coste al Estado de unos 60.000 millones de pesetas. La solución preferida por la Administración central consiste en una reducción de los pagarés forales hasta un volumen compatible con el tamaño de la Hacienda vasca. La segunda vía, que inicialmente cuenta con mayor apoyo por parte de las autoridades vascas, pasaría por la desaparición de todos los pagarés, forales y del Estado. De no alcanzarse un acuerdo antes de finales de abril, la Administración central pondrá en marcha la tercera vía- solicitar a los intermediarios financieros las listas de suscriptores de pagarés forales.

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Una inversión a tres bandas

La Administración central quiere alcanzar un acuerdo con las diputaciones vascas que acote este nuevo refugio del dinero negro y que ponga fin a los costes que está suponiendo para el Estado la emisión de los pagarés forales. Según fuentes oficiales, el billón de pesetas emitidos en pagarés forales suponen un coste de: 60.000 millones de pesetas anuales para el Estado, de los que las diputaciones vascas han recibido como ingresos adicionales 30.000 millones. Los otros 30.000 se reparten entre los suscriptores de! este refugio del dinero negro y los intermediarios Financieros que han colaborado en la colocación de estos títulos fiscalmente opacos.El Ministerio de Economía y Hacienda pretende poner fin a esta sangría de fondos, por lo que va a intentar alcanzar un acuerdo con las autoridades vascas antes de finales de abril. Si esta iniciativa fracasa, Hacienda recurrirá a la vía ya seguida con los dos anteriores refugios del dinero negro: primas únicas y cesiones de crédito.

Reparto por diputaciones

Economía daría por zanjado el problema de los pagarés forales si las diputaciones vascas redujeran las emisiones hasta adaptarlas al tamaño de la Hacienda vasca. Ese tamaño podría medirse, según fuentes oficiales, por los ingresos, los gastos o el déficit público vasco, así como por el producto interior bruto del País Vasco en relación con el total nacional.En la actualidad, el 1,1 billones de pesetas de pagarés forales emitidos por las diputaciones vascas se reparten en 450.000 millones emitidos por Álava, 400.000 millones por Vizcaya y 2.50.000 millones por Guipuzcoa. El aumento de los pagarés fórales en circulación ha sido, además, exponencial. Mientras que en junio del pasado año el total rondaba los 400.000 millones de pesetas, ahora supera los 1,1 billones de pesetas.

Ese volumen de pagarés forales equivale al 45% del producto interior bruto total en el País Vasco. En cambio, el volumen de pagarés del Tesoro en circulación ha pasado desde 4,8 billones de pesetas en junio a 4,3 billones en la actualidad. El total de pagarés del Tesoro solo equivalen, mientras tanto, al 9% en el producto interior bruto español.

La propuesta de la Administración central consiste en una reducción del volumen de pagarés forales en circulación hasta que igualen, en porcentaje, al de los pagarés del Tesoro en relación a cualquiera de las medidas de las respectivas haciendas: déficit, ingresos o gastos públicos, o producto interior bruto (PIB). En términos de PIB, por ejemplo, el volumen de pagarés forales en circulación tendría que reducirse a la cuarta parte y quedar entre 300.000 y 400.000 millones de pesetas.

Regularización del dinero negro

Las autoridades vascas se oponen, en principio, a esta vía de solución, ya que, argumentan, lo lógico es que desaparezcan tanto los pagarés forales como los del Estado. El problema, según fuentes de Hacienda, es que una amortización anticipada de la totalidad de pagarés en circulación exigiría la puesta en marcha de algún tipo de impuesto para la regularización -o blanqueo- del dinero negro invertido en estos activos.La solución a este problema pasa por ver a quién corresponde el cobro de este impuesto. La respuesta de Hacienda es aquí tajante: las diputaciones forales sólo tienen derecho a administrar los impuestos de los ciudadanos vascos, el resto corresponde al Estado. Ese hipotético impuesto de afloración hace técnicamente más dificil una segunda vía, que, en principio, no ha sido descartada por Hacienda.

De no alcanzarse ningún tipo de acuerdo antes de finales de abril, Hacienda iniciará la solicitud de las listas de suscriptores de pagarés forales a los intermediarios financieros. Esta vía coercitiva tiene dos inconvenientes. En primer lugar, la mayor parte de los pagarés forales han sido colocados por pequeños intermediarios, por chiringuitos financieros difícilmente controlables. Sólo uno de los grandes y más activos bancos en la captación de pasivo parece haber colocado buena parte de estos títulos. Según las primeras estimaciones de la Administración, sólo ese banco ha podido colocár más de la cuarta parte del 1,1 billones de pesetas de pagarés forales.

A la dificil identificación de los intermediarios financieros que han participado en la comercialización de este refugio del dinero negro se unen las reticencias de Hacienda a iniciar, por tercera vez, el arduo camino legal hasta conseguir las listas.

La igualación, al 5,5%, de la rentabilidad de los pagarés forales, que entrará en vigor el lunes, no es, a juicio de los responsables de Hacienda, una solución al problema abierto con la Hacienda vasca por el papel de garantía de rentabilidad que desempeñan los intermediarios financieros en la colocación de estos títulos. Es cualquier caso, sí ha sido interpretado como un paso previo para iniciar las negociaciones.

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