ETA reanuda su campaña contra los funcionarios de prisiones con el envío de dos paquetes bomba

Ángel Guerrero Rojas, de 61 años, conserje de la Escuela de Estudios Penitenciarios, casado y padre de dos hijos, resultó gravemente herido en ambas manos y sufrió la pérdida de dos dedos de la mano izquierda al hacer explosión un paquete bomba recibido en el centro, que infundió sospechas a la secretaria del director y que el herido abrió sin observar las medidas de seguridad, según fuentes oficiales. Este paquete bomba fue uno de los dos que fueron remitidos al director de trabajos penitenciarios, Rafael Martínez. El segundo, enviado al Ministerio de Justicia, fue desactivado por la Guardia Civil.

El primero de los paquetes fue recibido a las 9 horas en la Escuela de Estudios Penitenciarios, situada en el complejo de la cárcel de Carabanchel, aunque al parecer fue un error de Correos, ya que estaba dirigido a "Trabajos penitenciarios". El envío levantó las sospechas de la secretaria del director del centro, porque no llevaba el sello del control de revisión. La secretaria llamó al conserje para que trasladara el paquete a la inspección en los detectores de la cárcel de Carabanchel, como es preceptivo para toda la correspondencia dirigida al establecimiento.Ángel Guerrero, sin embargo, tachó de exagerada a la secretaria y pretendió abrir el paquete en su presencia, a lo que ésta, tajante, se negó. "Delante de mí, no. Vete lejos", dijo.

Guerrero salió del despacho de la secretaria y entró en otra dependencia donde a las 9.30 horas manipuló el sobre con cierta precaución. La explosión, sin embargo, le amputó los dedos índice y corazón de la mano izquierda y graves heridas en ambas manos, así como quemaduras en la cara.

El conserje fue trasladado al hospital Gregorio Marañón, donde fue intervenido quirúrgicamente durante casi tres horas por dos equipos de traumatología simultáneamente, que le reconstruyeron las manos. El pronóstico es grave, aunque está fuera de peligro.

Artefactos similares

El segundo paquete bomba fue enviado al Ministerio de Justicia, donde llegó a las 10 de la mañana. El detector de rayos X del Ministerio confirmó la existencia de un cuerpo extraño que podría tratarse de un explosivo. La Guardia Civil se hizo cargo del envío y desactivó la bomba.

Los dos paquetes eran muy similares entre sí y su confección era idéntica a las de los ingenios que causaron la amputación de las manos al presidente de la Audiencia Nacional, Fernando de Mateo, y la funcionaria de la Expo 92, Carmen de Felipe, según fuentes oficiales. Los artefactos tenían un iniciador eléctrico de tracción por pinzas.

En medios de la lucha antiterrorista se ha señalado que estos artefactos explosivos llevan el sello de Joseba Arregui Erostarbe, Fitti, uno de los máximos expertos de ETA en la confección de bombas. Ello no quiere decir que haya sido el propio Arregui, oculto en el sur de Francia, el autor de estas cartas bombas, sino que el terrorista autor de los envíos ha podido ser un activista adiestrado por él.

Los dos paquetes, sendos sobres del tamaño cuartilla que contenían un libro cada uno, estaban dirigidos a Rafael Martínez, que fue funcionario de prisiones y ahora es el director de trabajos penitenciarios, dependiente del Ministerio de Justicia. Uno de ellos fue enviado a la Escuela de Estudios Penitenciarios, situada en Carabanchel, donde Martínez tiene su despacho, y el otro, al Ministerio.

Los sobres llevaban un franqueo de 148 pesetas y matasellos de Burgos, con fecha 17 de abril. En ambos figuraba un remite falso, un nombre y Fiscalía de Burgos.

El director general de Instituciones Penitenciarias, Antoni Asunción, condenó enérgicamente el atentado, pero destacó que las medidas de seguridad funcionan cuando se siguen. Desde que ETA reactivó su campaña de cartas bomba, precisó Asunción, se han recibido 19 paquetes con explosivos contra funcionarios de prisiones, pero sólo han estallado dos: el que causó la muerte de la madre de un funcionario en la provincia de Granada y el de ayer.

Los sectores de prisiones de los sindicatos de UGT y CC OO han convocado para hoy un paro de dos horas con la presencia de los trabajadores en sus puestos de trabajo, en protesta por el atentado.

La Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en prisiones, reclamó al Ministerio de Justicia las medidas de seguridad prometidas, al tiempo que condenaba el atentado.

Javier de Vicente, secretario general de USO-prisiones, anunció que su sindicato presentará una denuncia contra el director de Instituciones Penitenciarias, Antoni Asunción, por no haber dotado de un escáner o rayos X para detectar artefactos explosivos en la Escuela de Estudios Penitenciarios de Carabanchel, informa Efe.

Seguridad

La dirección de Instituciones Penitenciarias, por su parte, hizo público un comunicado en el que precisaba que si bien todos los centros penitenciarios están dotados de medios para detectar este tipo de atentados, los funcionarios de prisiones deben extremar al máximo las medidas de seguridad.

La dirección general hizo un llamamiento a la responsabilidad de todos los funcionarios de prisiones para evitar caer en la provocación de quienes remiten los paquetes bomba.