El fiscal del Supremo acusa a Sanchis, Naseiro y Palop y pide su inhabilitación para cargos públicos

El ministerio fiscal pidió ayer la apertura de juicio oral contra tres implicados en el caso Naseiro, a los que acusó de conspiración para el cohecho en relación con la financiación del PP. El fiscal solicita un total de nueve meses de cárcel y 31,5 millones de pesetas de multa para Angel Sanchís, Salvador Palop y Rosendo Naseiro, así como nueve años de inhabilitación y cuatro de suspensión para cada uno de los dos primeros, y cuatro años de inhabilitación para Naseiro. IU del País Valenciano acusó también ayer a los tres políticos y al empresario José Balaguer, y pidió un total de 13 años de cárcel y 34 años de inhabilitación.

El fiscal del caso Naseiro ante el Tribunal Supremo, Juan Martín Casallo, presentó su escrito de acusación en el último día del plazo concedido por el magistrado instructor Luis Román Puerta, tras consultar con el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, quien dio el visto bueno, a pesar de la opinión adversa manifestada por algunos fiscales en la junta celebrada, la semana pasada bajo la presidencia de Emilio Vez Pazos, fiscal jefe del Tribunal Supremo. Con. anterioridad, en conversaciones privadas durante los últimos meses, Martín Casallo y Torres manifestaron que los indicios de criminalidad hallados por el juez Luis Manglano no se confirmaban.La acusación formulada ayer despeja las dudas de la fiscalía sobre la responsabilidad de los implicados, si bien las penas solicitadas para ellos son notablemente más reducidas que las pedidas por las acusaciones populares de Unitat del Poble Valenciá (veáse EL PAÍS de ayer) e Izquierda Unida (IU) del País Valenciano, como puede apreciarse en el cuadro adjunto. Para el acusador público, la responsabilidad criminal de Sanchis, Palop y Naseiro se circunscribe a la conspiración para el cohecho, delito para el que las penas se reducen en uno o dos grados.

Dos grupos de delitos

En el escrito del fiscal se diferencian dos grupos en la comisión de este delito, atendiendo a la gravedad de los hechos imputados. En el primero se solicita tres meses de arresto mayor para cada uno de los tres acusados y multa conjunta de 30 millones de pesetas, así como 9 años de inhabilitación para ejercer cargo público a Sanchis y Palop. En el segundo grupo se pide 4 años de suspensión a Sanchis, diputado del PP, y Palop, concejal del ayuntamiento de Valencia y 4 años de inhabilitación a Naseiro, y 500.000 pesetas de multa para cada uno de los tres.Los acusadores de IU del País Valenciano, en el escrito de acusación presentado ayer por su letrado Antonio Díaz, diferencian también la responsabilidad de los implicados, de acuerdo con la diferente participación en los hechos de los que le acusa. La acusación de IU -que se contiene en 21 folios- califica algunas de las imputaciones como delito de cohecho "en grado al menos de conspiración", mientras que califica otros como cohechos consumados. En virtud de estas calificaciones, IU pide para Palop cinco años de cárcel y 10 años de inhabilitación; para Sanchis 4 años y medio de cárcel y 10 años de inhabilitación; para Naseiro 3 años de cárcel y 8 años de inhabilitación, y para Balaguer, 6 meses de cárcel y seis años de inhabilitación. IU pide para los tres políticos multas del triplo de las dádivas negociadas o percibidas y para el empresario Balaguer el duplo de las dádivas negociadas o entregadas.

Uno de los cohechos consumados, según IU, guarda relación con el cambio del sentido del voto de los representantes del PP en el Ayuntamiento de Valencia a propósito de una indemnización solicitada por la empresa

Huarte respecto a las obras de construcción de un polideportivo en la calle doctor Lluch. IU acusa a Palop y Naseiro de este delito. Otro se refiere a la adjudicación de un aparcamiento subterráneo promovido por el Ayunta miento de Valencia en la zona Glorieta-Paz. IU afirma que Sanchis insistió a Palop, presidente de la comisión municipal de compras, que le remitiera copia del acuerdo para gestionar el cobro de las cantidades acordadas, "que efectivamente cobró y que compartió con Palop". Ambos son acusados de este delito.

Los bienes de Sanchis y Palop

Los acusadores de IU del País Valenciano solicitan que, antes del juicio oral se practiquen una serie de pruebas, entre ellas que se obtenga certificado de la declaración de bienes prestada al tomar posesión de su cargo por Sanchis en el Congreso de los Diputados y por Palop en el Ayuntamientos de Valencia, así como que se recabe información sobre los posibles pagos al exterior realizados por Sanchis, Naseiro y Palop y los datos bancarios no suministtados al juez Manglano. Igualmente piden que se registren las voces de los implicados y se determine por los peritos la identificación de las mismas en las cintas magnetofónicas que contienen sus conversaciones telefónicas.Para el acto del juicio oral, además de otras pruebas documentales y periciales, IU solicita el testimonio de 25 personas, la mayoría de ellas directivos de las empresas adjudicatarias con las que se negociaron los cohechos. A diferencia de UPV, IU no pide el testimonio de Manuel Fraga ni de José María Aznar, pero sí el de políticos del PP como Arturo Moreno, Enrique Villoria y María Isabel Díaz de la Lastra.

En su escrito de acusación, IU lamenta que haya de recurrirse al delito de cohecho relacionado con funcionarios públicos, por no haberse tipificado un delito específico para casos de corrupción "en el casó de cargos de elección pública". Los acusadores de IU describen el ángulo creado por Sanchis y Naseiro, con Palop como vértice, para acaparar la captación de fondos provenientes de las empresas para la financiación del PP.