El giro fiscal

Al otro gran cambio al que asiste Canarias, la reforma del Régimen Económico Fiscal (REF) alentada por el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, y el consejero canario del ramo, José Miguel González, la CE ha dado su visto bueno. El nuevo régimen fiscal pactado por Madrid y Canarias, que está pendiente de su aprobación en las Cortes, establece dos figuras impositivas. Por una parte, el impuesto general indirecto (IGIC), que aglutina al anterior arbitrio sobre el lujo y el impuesto de tráfico de empresas y, por otra, el arbitrio de la producción e importación (APIM), que sustituye al arbitrio de entrada de mercancías.El APIM, cuyos tipos impositivos son del 0,1% al 5%, podría recrestarse hasta el 10%, según el deseo de los industriales, para reemplazar a la tarifa especial (que se aplica a cartones, papel, vidrio, plásticos, ron, etcétera, y que está próxima a desaparecer por imperativos de la CE.

De manera que Canarias, a juicio de los sectores mayoritarios, se introduce con pleno derecho en la Comunidad Europea como un factor innovador. El detonante es la insularidad, para la que se crea el Poseicam. Estas islas están contempladas por la Comunidad Europea, como una región objetivo 1, por su débil desarrollo, que le hace partícipe de las ayudas estructurales.

La larga cambiada se produjo tras un sonado conflicto entre la comunidad autónoma y la Administración central ante la CE. Fue a finales de 1988 cuando el presidente del Gobierno canario, el centrista Lorenzo Olarte, anunció la decisión de suspender el desarme arancelario al que obligaba la CE.

Mal gusto

El descreste consistía en reducir cada año porcentualmente el arbitrio de entrada a las mercancías procedentes de la Comunidad. La medida, de muy mal gusto para los Doce, tenía una carga de profundidad, ya que fue un arma de presión del Gobierno autónomo para que Madrid se decidiera a compensar a los cabildos insulares (que dependían de la recaudación) por la disminución del impuesto.

Para más inri España estrenaba en aquel momento la presidencia de la CE y hacía ' por tanto, un terrible feo en su debú al estar incumpliendo una normativa comunitaria. Hubo vista gorda en Bruselas, y Madrid acabó pagando 12.000 millones de pesetas a los cabildos para que cesara la guerra de los arbitrios.

Como no hay mal que por bien no venga, el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, eficaz apaciguador en aquella tarascada fiscal, aprovechó para convencer a las autoridades insulares de la conveniencia de modernizar el sistema de arbitrios para adaptarlo a las estructuras impositivas comunitarias. A toda prisa se ha articulado el nuevo REF, que está a punto de ser debatido en las Cortes.