La selectiva morosidad de la Administración

La autora desgrana, a través de un caso real, la terrible costumbre de la administración local y autonómica de pagar sistemáticamente con retraso a las pequeñas empresas o particulares que hacen algún trabajo para ella.

"Mi directora, la señora Pilar Ballesteros, me ha dicho que le diga que no puede hablar de nada sin la autorización expresa del concejal de Economía, don Ignacio Echeverría".

La voz al otro lado de la línea es autoritaria y parece molesta. Es una voz sin nombre, ¿una secretaria tal vez?, que ha tratado de inquirir de qué se quería hablar con su directora y al final ha optado por esta respuesta. La señora Pilar Ballesteros es la directora de servicios de la Concejalía de Hacienda.

Elvira es profesora de encuadernación. En septiembre del año pasado la llamaron los directores de tres centros de la Comunidad para que impartiera clases. Gestionó su contrato en la calle de Velázquez, 48, donde le pidieron el alta fiscal, el alta como trabajadora autónoma en la Seguridad Social, fotocopias del documento nacional de identidad y del número de identidad fiscal. Estos requisitos implicaban un pago mensual de unas 20.000 pesetas. Begoña, la funcionaria que formalizó su contrato, le dijo que, por desgracia, no podían pagarle su salarlo mensualmente, pero que en diciembre, una vez finalizados sus cursillos, se le abonaría todo lo debido. En vista de esto, Elvira tuvo que pedir un crédito para poder afrontar sus gastos durante esos cuatro meses trabajando sin sueldo.

A mediados de diciembre, el señor Mata, de la oficina mencionada, que disponía de las facturas y las certificaciones de trabajo, le ratificó a Elvia que su salario se le ingresaría a finales de ese mismo mes.

El 23 de enero el dinero no se le había ingresado, y el plazo del crédito se había agotado. Elvira optó por llamar a los directores de los centros: "Nosotros no somos responsables, somos simples intermediarios entre el trabajador y la Administración; vaya a la calle de Velázquez", fue la unánime respuesta.

En el segundo piso de la calle de Velázquez: "Nosotros no somos responsables del pago; tan sólo de que el contrato esté bien formalizado. Vaya a tesorería".

Elvira no recuerda en qué piso estaba tesorería: "Nosotros no somos responsables, nos lo han tramitado todo muy tarde. Vaya a administración a pedir su número de orden".

"¿El qué?".

"Todos los recibos tienen un orden".

Otra vez escaleras arriba.

El abogado laboralista Diego Herranz explica que cualquier contrato en el que no se especifique otra cosa debe pagarse como máximo al mes de la firma: "Pero como el Ayuntamiento y la Comunidad deben sistemáticamente muchos millones a todos estos pequeños trabajadores o empresas, éstas son cantidades que, ingresadas en supercuentas o en obligaciones, rinden un alto interés. Por otro lado, al trabajador no le sale a cuenta querellarse, porque lo máximo que puede conseguir es un 10% de intereses por demora al cabo del año, que es lo que suele tardar la Adminis tración. La delimitación de responsabilidades de funcionarios tampoco está prevista: por la ley La Administración no sólo es cómplice, sino que, de hecho, fomenta estos retrasos".

Dos meses de alquiler .

En la actualidad, Elvira sigue sin haber percibido su salario, después de seis meses de empezado su trabajo. Su número es el cua trocientos algo, y ahora van por el doscientos y pico. Elvira debe ya dos meses de alquiler.

Juan Matute, secretario de organización de la Unión de Actores, se queja con respecto al co lectivo de gentes del espectáculo que piden ayudas para la producción: "Hay un problema muy serio con esto. Algunas compañías están empezando a recibir año ahora las subvenciones del pasado. Por otro lado, las subvenciones son ridículas, porque el presupuesto de teatro de la Comunidad de Madrid es una vergüenza. Una de las razones por las que ocurre esto es que un alto porcentaje de funcionarios de la Comunidad de Madrid son antiguos funcionarios de la AISS y del Movimiento. Es decir, los desechos de funcionarios con mentalidad de antiguo régimen, mentalidad de absoluta dejadez y desinterés, trabajan en Cultura".

"Independientemen le del problema interno, existe un problema político. Yo no sé hasta qué punto el señor Ramón Espinar, consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, se ha planteado que la gente coritratada o subvencionada por él tenga que sufrir las humillaciones que sufre. Claro que él no es un hombre de cultura, sino un político, pero ¿por qué no entra a saco con el consejero de Hacienda? Me imagino que porque media un problema de intereses políticos".

Según Juan Matute, "el Centro de Estudios y Actividades Culturales (CEIAC) ha tenido un problema económico muy fuerte, no sólo con respecto a los trabajadores contratados, sino a nivel interno -no podía pagar las nóminas de sus empleados-, por un enfrentamiento entre Cultura y Hacienda".

El señor don Ignacio Piorno, subdirector del CEIAC, de la Consejería de Cultura de la Comunidad, admite que la Administración tiene graves problemas y que lo que ocasiona los retrasos son los excesivos trámites que se requieren.

Una alta funcionaria de bibliotecas del Ayuntamiento comenta: "En la práctica, en la Administracíón funcionan el secretismo, el servilismo y la censura. Cuando viene alguien importante a colaborar se le paga inmediatamente, pero las firmas para las pequeñas empresas (de diseño de carteles, por ejemplo) tardan meses en darse".

Tal vez don Ignacio Echeverría, el concejal de Economía, que tiene que dar permiso a la señora Pilar Ballesteros para hablar, pueda aportar más información sobre el tema. Pero el señor Echeverría no está. Por lo visto, está tan ocupado que durante tres días consecutivos no tiene tiempo para ponerse al teléfono y proporcionar un poco de transparencia respecto de estos sistemáticos retrasos.

es actriz y periodista.