Un médico asegura que su firma fue falsificada en los certificados para el voto por correo del PP

El doctor Fernando Vicente Salvador aseguró ayer que su firma ha sido falsificada en los certificados médicos que se adjuntan a los votos gestionados por el PP para acreditar la invalidez de personas que delegan el trámite en un empleado del partido. Tras mostrarle la firma reproducida en la edición de ayer, el médico madrileño comentó: "No es ni parecida". El nombre de este doctor fue el utilizado para acreditar la invalidez de la religiosa Ángeles Lumbreras, en cuyo voto se han verificado ya estas falsedades: la firma de la electora en el documento en que delega el trámite en el PP, la firma del notario que legitima tal delegación y la firma del médico que certifica su invalidez para ir a Correos y gestionar su voto.

Por tanto, alguna persona cometió tres falsedades en un solo sufragio, lo que hace sospechar que tales irregularidades se repitieron en otros muchos (sería absurdo acometer ese trabajo para obtener sólo un voto de más).La falsedad en la firma de la electora fue verificada por ella misma, al conocer la documentación que acompañó a su voto y que figura en el sumario. María de los Ángeles Lumbreras, postulante de la orden de san Vicente de Paúl, que no sufre ningún tipo de incapacidad, negó haber votado y también que delegase en nadie su trámite para el sufragio por correo.

La falsedad en la firma del médico fue confirmada ayer mismo por el propio Fernando Vicente, colegiado 9669, quien negó haber escrito tanto ése como cualquier otro certificado para el voto por correo.

Y la falsedad en la firma del notario se ha acreditado merced al informe de dos peritos de los tribunales emitido para EL PAÍS y a petición de este periódico, puesto que el fedatario interesado, Alberto Ballarín Marcial, se ha negado a pronunciarse al respecto y además no fue preguntado por el Tribunal Superior de Madrid, que denegó el testimonio solicitado por el PSOE. Según la documentación entregada en el juzgado por la Junta Electoral de Zona, la firma del notario Ballarín parece falsificada en al menos 4.381 legitimaciones.

Curiosamente, los certificados médicos presuntamente confeccionados por los gestores del PP no eran necesarios para los comicios del pasado 26 de mayo (aunque sí para otros anteriores), puesto que un decreto con fecha 5 de abril interpretó que bastaba con la firma del interesado y la legitimación del notario. Los certificados que figuran en la documentación llevan fechas de últimos de abril, como si alguien se hubiese apercibido a partir de esa fecha de que se podía ahorrar las certificaciones médicas que aún le faltaban.

De las 6.000 solicitudes de voto por correo que examinó la Junta Electoral de Zona -antes de enviar la totalidad al juzgado de guardia-, 5.085 se tramitaron sin el certificado médico, lo que significa que al menos cerca de un millar sí lo incorporaba.

"Al borde del abismo"

Este periódico tuvo ayer oportunidad de ver durante una hora varios miles de solicitudes para el voto por correo que figuran en el sumario, en las que halló cerca de 500 certificados médicos. Sólo tres doctores son sus firmantes: el citado Fernando Vicente, Luis Martínez Hervás y Jesús Fermosell. La mayoría de estos documentos están fechados el 24 y 25 de abril, lo que hace suponer que tales días estos médicos apenas pudieron hacer otra cosa que revisar a personas impedidas para el voto por correo.Una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio por válidos los resultados electorales, rechazando el recurso contencioso-electoral presentado por el PSOE, las investigaciones proseguirán por la vía penal en el Juzgado número 2 de Madrid, así como en otros de Salamanca, Palencia, Ávila, Valladolid, Guadalajara y Segovia. Francisco Herrera, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, declaró ayer que esta coalición ya ha encargado a sus abogados que se personen en el sumario abierto en la capital.

Herrera se mostró muy crítico con los hechos supuestamente cometidos y con la sentencia del Tribunal Superior, que, al considerar el voto secreto, estableció que no podía restar los irregulares a ningún partido sino, en todo caso, a todos ellos proporcionalmente a sus resultados. "La sentencia nos pone al borde del abismo", dijo Herrera, "porque da un bono de inmunidad a quien cometa el fraude. Si aceptamos, la peregrina tesis del secreto y si el indicio racional de culpabilidad desaparece de las sentencias, apaga y vámonos. Así, en los próximos comicios los partidos tendrán que montar dos comités electorales: el de los votos que van a la urna y el de los votos que se captan por correo; pero que sepamos todos de qué estamos hablando".

Por otro lado, un jubilado de la localidad salmantina de Garcihernández, Tomás Barbero Barcala, ha manifestado a la Guardia Civil que el alcalde de su pueblo, Manuel Vicente Blázquez, del Partido Popular, le ayudó a rellenar la solicitud del voto por correo, pero que la documentación correspondiente nunca llegó a su domicilio, informa Manolo Martín Bueno desde Salamanca. Después se ha comprobado que su voto fue desviado a la calle de Pozo Hilera, número 7, donde tiene su sede el PP de Salamanca. Éste y otros casos similares Figuran en un atestado remitido por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 3 de Salamanca que instruye diligencias sobre el presunto fraude del voto por correo.

Tomás Barbero explicó a la Guardia Civil que el alcalde se presentó en su domicilio y que sin darle "explicaciones muy precisas" le dijo que venía "por el asunto de los votos"; después firmó la solicitud y entregó al alcalde su carné de identidad " pensando que la documentación del voto llegaría después a su domicilio, lo que no ocurrió", tal y como recoge textualmente el informe elaborado por el cabo primero de la Guardia Civil, José Nieto Ballesteros, adscrito al puesto de Alba de Tormes de la 631ª Comandancia.

En este informe, requerido por el fiscal, se recoge la declaración de la funcionaria de Correos de Garcihernández, Clodomira Esteban, quien reconoció haberse hecho cargo de un número indeterminado de votos por correo que le fueron entregados por el alcalde y que carecían del preceptivo poder notarial o autorización; la funcionarla procedió a la certificación de esas solicitudes y se hizo cargo de las mismas.

Antes de tramitar las solicitudes de los votos la funcionaria de Correos dijo al alcalde que "no le convencía el hecho de que todos los impresos fueran remitidos a la misma dirección de Pozo Hilera, número 7", a lo que el alcalde le replicó, según ella, que "como unos se marchaban de vacaciones y otros estaban enfermos o inválidos había que mandarlos a la dirección citada, para posteriormente ser remitidos certificados a la administración de Correos". La funcionaria aceptó este argumento y tramitó sin más las solicitudes.