4.000 presos con sida terminal fueron excarcelados en 1991

Entre enero de 1991 y enero de 1992, un total de 4.276 reclusos enfermos -4.005 hombres y 271 mujeres- obtuvieron la libertad condicional en aplicación del artículo 60 del Reglamento Penitenciario. El 75% de los mismos estaba afectado de sida en la denominada fase IV, para la que los médicos estiman una esperanza de vida no superior a los 10 meses y medio. Para su asistencia médica, el Ministerio de Justicia y el Instituto de Salud Carlos III han suscrito un convenio por el que se invierten en el centro sanitario 60 millones de pesetas.

Estos presos han sido excarcelados en aplicación del artículo 60 del Reglamento Penitenciario, que establece la posibilidad de ser propuestos para la concesión de libertad condicional, según informe médico, los sentenciados que estén en estado grave afectados por enfermedades incurables. Los jueces exigen en este caso que una persona o institución se haga responsable del recluso liberado, circunstancia que ha impedido a muchos acogerse al artículo por carecer de familiares o acogimiento.Según los últimos datos de Asuntos Penitenciarios, alrededor de 7.800 reclusos -el 20% de la población de las cárceles españolas- son seropositivos (infectados por el virus pero sin síntomas), si bien sólo unos 1.200 han desarrollado la enfermedad. Portavoces oficiales aseguran que existe un programa de administración de AZT para todos los enfermos con objeto de desacelerar la progresión del síndrome y mejorar su calidad de vida.

Por otra parte, el convenio entre Justicia y el Instituto de Salud Carlos III de Madrid destina 60 millones de pesetas a este centro durante 1992 para la asistencia médica de reclusos con sida, que supondrá en torno a las 1.825 estancias hospitalarias anuales, 660 asistencias en consultas y 124 en la Unidad de Día.

El ingreso estará sujeto al criterio de los médicos, pero en cualquier caso serán prioritarios los procesos neurológicos y de insuficiencia respiratoria aguda asociados al sida, así como la realización de pruebas diagnósticas.

Traspasar los muros

El Comité ciudadano Antisida no ve justificación para la inversión, "ya que los reclusos, como cualquier ciudadano, tienen su cartilla de la Seguridad Social y derecho a asistencia en su hospital de zona", recuerda Blas Mombrade, miembro del comité. "Además, las patologías a las que se refiere el convenio son tratadas con buen pronóstico desde hace tiempo en otros hospitales", añade. Para Mombrade, un convenio con el Carlos III "sólo se justificaría en el caso de que sus médicos y enfermeras traspasaran los muros de las cárceles y se invirtiera el dinero en un buen seguimiento de los seropositivos que están en sus celdas".Por otra parte, 30 asociaciones sociales y sindicales -Madres para la Droga, CC OO, UGT y organizaciones feministas y colectivos gays- expresaron ayer su rechazo a la penalización de la transmisión del sida, que, según afirman, está contemplada "de manera encubierta" en el nuevo Código Penal.