Rechazo corporativo y apoyo de los consumidores

La Unión Profesional, que preside Antonio Pedrol, máximo dirigente corporativo de la abogacía española, se opondrá al anteproyecto de reforma de la ley de Colegios Profesionales, como ya lo hizo al informe del Tribunal de Defensa de la Competencia. En cambio, desde sectores profesionales progresistas, especialmente abogados, jueces, fiscales y otros juristas, se apoyará la futura reforma legal, como ocurrió con el mencionado informe, en especial respecto a la liberalización de los honorarios.En línea con lo propugnado por el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el anteproyecto legaliza la competencia entre los profesionales para "conseguir más clientes". Pedrol está en contra de la liberalización del precio de los servicios que ofrecen los profesionales y, por ejemplo, considera imposible que los abogados ofrezcan un presupuesto a su cliente, ya que el importe final dependerá "de la otra parte, del abogado de la otra parte y de la actuación del juez".

Arquitectos y usuarios

En igual posición, la decana en funciones del Colegio de Arquitectos, Amalia Campo, se opuso el mes pasado a la liberalización de los precios, que en su opinión empeorará la calidad de las viviendas. En cambio, la Unión de Consumidores de España defendió que los profesionales "compitan en precio y calidad" y que los colegios se conviertan "en verdaderos instrumentos para defender la profesionalidad y no al profesional, por el mero hecho de serlo, en contra de sus clientes".

Con mayor contundencia, la Federación de Asociaciones de Juristas Progresistas (FAJP) -que agrupa a 13 de estos colectivos, con un total de 2.300 miembros, en su mayoría abogados- avala la liberalización de precios, por estimar que beneficiará al usuario y al consumidor, a diferencia de los actuales honorarios "impuestos por corporaciones que, en el mejor de los casos, representan una de las partes del contrato y, con frecuencia, intereses de los sectores más conflictivos e influyentes de dichas profesiones".

La FAJP recuerda el sistema constitucional de economía de mercado y califica de "despropósito" que en una sociedad sometida a las leyes de la oferta y la demanda "se trate de mantener islotes de economía dirigida". En concreto, el portavoz de la FAJP aseguró que las tesis de Pedrol favorecen a los profesionales "con prósperas situaciones económicas" y a Ias cúpulas corporativas", mientras "el principal perjudicado" es el usuario y el consumidor.