La huelga indefinida de transportistas comienza hoy con una fuerte división del sector

El País Vasco y Andalucía se configuran como los motores de la huelga indefinida de transportistas de mercancías por carretera en toda España convocada para hoy por una quincena de asociaciones provinciales del sector. El paro, no obstante, continúa acumulando rechazos por parte de las organizaciones mayoritarias, especialmente desde Cataluña. El ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), José Borrell, hizo ayer un llamamiento a la responsabilidad del sector para que desconvoque la huelga.

Borrell afirmó en Santander, en una rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que la mayor parte de las asociaciones del sector de transportes por carretera consideran esta huelga "improcedente". El MOPT ha enviado a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos un plan de ayuda al sector, que prevé dedicar 12.000 millones a la reestructuración del transporte por carretera en España. "La voluntad del Gobierno está plasmada en ese plan", explicó Borrell.De "claramente insuficiente" calificó el Sindicato de Transportes de Vizcaya (Sintrabi), convocante de la huelga, el importe que el MOPT planea invertir en el sector. El secretario general de este sindicato, Jon Mikel Avellanal, cita como reivindicaciones del paro una mayor dotación de este plan, junto con "el reconocimiento" de la presión fiscal a la que está sometido el transportista autónomo, la posibilidad de jubilaciones anticipadas y la suspensión temporal de la aplicación de las medidas fiscalizadoras de los transportistas legales hasta que se consiga la erradicación "total" de los ilegales".

El comité de huelga, que se constituyó en 1990 para hacer un seguimiento de las movilizaciones de aquel año -que durante quince días lograron paralizar el transporte por carretera en España y provocaron numerosos incidentes- y de las negociaciones posteriores con el ministerio, afirma que representa a un tercio del sector, y que las movilizaciones serán "duras y durarán semanas".

Este comité, que logró reunir en Zaragoza a representantes de una quincena de asociaciones de transportistas pertenecientes a 10 comunidades autónomas, aprobó el pasado 22 de agosto la convocatoria de huelga indefinida a partir del 1 de septiembre.

Apoyos andaluces

La Federación de Cooperativas Andaluzas de Transporte (Fecotrans), por su parte, se sumó ayer al paro. Esta federación andaluza dice agrupar al 62% del transporte pesado andaluz, aunque su coordinador general, Francisco Moscoso, asegura que, además, se sumarán otras organizaciones. En su opinión el paro será secundado por más del 80% de los conductores de esta comunidad autónoma, y será "pacífico".

Esta federación exige del Gobierno autónomo andaluz un control estricto a los transportes ilegales, una mayor aportación de fondos sociales y de jubilación y una mejor gestión administrativa por parte de la Dirección General de Transportes.

Para Moscoso, el Gobierno es "incapaz" de apartar a los transportes ilegales y reivindica que no se matricule a ningún camión que no cumpla con todos los requisitos. El Cordinador general de Fecotrans afirma también que es necesario, para rejuvenecer el sector, aplicar con urgencia planes de formación coordinados con el INEM. Además, para regular el mercado y estabilizar la oferta y la demanda, Moscoso argumenta que se debe elevar la edad de jubilación de los transportistas.

Para intentar evitar la repetición de los incidentes de 1990, el director general de Política Interior, Fernando Puig de la Bellacasa, ha ordenado a los gobernadores civiles y delegados del Gobierno en las comunidades autónomas que apliquen con rigor la Ley de Seguridad Ciudadana (la denominada ley Corcuera) contra los piquetes ilegales.

El Ministerio del Interior teme que las asociaciones que han convocado el paro, y a pesar de "su representatividad muy reducida", utilicen medios violentos y coercitivos. La policía y la Guardia Civil ofrecerán protección a los transportistas que lo soliciten y ejercerán una "especial vigilancia" en nudos de carretera y zonas estratégicas para el transporte por carretera. Incrementarán también el número de denuncias a camiones que entorpezcan la libre circulación, según el comunicado repartido por el ministerio a los gobernadores civiles.

El País Vasco es la zona en la que la incidencia de la huelga puede ser mayor. Tres de las organizaciones convocantes (los sindicatos de transportes de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, Sintrabi, Sintragui y Sintraraba, respectivamente) agrupan al 80% de los camioneros autónomos en el País Vasco.

Las asociaciones mayoritarias en el sector, tanto sindicales como patronales, se han negado a secundar este paro. Fendismer y la Confederación Española de Transporte de Mercancías ya habían negado su apoyo a la convocatoria días atrás. La Asociación Sindical de Transportistas Autónomos de las Comunidades de España (Astac-España), uno de los sindicatos mayoritarios en el sector, ha emitido un comunicado en el que califica los paros de "inoportunos". Asimismo, tanto CC OO como UGT, ambas en Cataluña, afirman que la huelga "no tiene sentido".

Alfredo Molinas, presidente del consejo empresarial del transporte de CEOE y del Fomento del Trabajo, la patronal catalana, manifestó ayer que no habrá ningún tipo de permisividad si "pequeños grupos corporativistas intentan, impedir el tráfico normal.