El PSOE y el PP recibieron cada uno más de 500 millones de financiación empresarial en 1986

Diversas sumas procedentes de empresas constructoras y de la Fundación Ebert, vinculada esta última al Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), fueron ingresadas en cuentas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a lo largo de 1986, hasta alcanzar la cifra global de 517 millones de pesetas, según un informe publicado ayer por El Mundo. Un destacado socialista confirmó que esa recaudación corresponde a una operación realizada para recuperar gastos relacionados con el referéndum de la OTAN. En ese mismo año de 1986, Alianza Popular -antecedente inmediato del actual Partido Popular- recibió más de 500 millones de financiación empresarial, de acuerdo con una información publicada por EL PAÍS el 27 de abril de 1990. Ese dinero fue insuficiente para impedir numerosos despidos en la sede de AP y la dimisión de Manuel Fraga como presidente, debido, entre otras razones, a la asfixia económica de su partido.

En 1986, año en que coincidieron las campañas del referéndum de la OTAN y de las elecciones legislativas, no existía aún una ley de financiación de partidos políticos. Posteriormente se promulgó esa ley, a mediados de 1987, y en ella se estableció un incremento de las subvenciones públicas junto con drásticas limitaciones, de la financiación de origen privado.La información publicada ayer en El Mundo reproduce datos internos del PSOE, así como documentos de Caja Madrid y de Barclays Bank sobre el pago de un total de 517 millones de pesetas al PSOE. En aquella época, el responsable socialista de Administración y Finanzas era Emilio Alonso Sarmiento, quien declaró ayer: "Se trata de un burdo montaje", mientras otros muchos dirigentes socialistas repitieron que todo era una manipulación.

En cuanto a la financiación de AP, un documento de la tesorería del partido, fechado el 7 de julio de 1986 y dirigido a Manuel Fraga -poco después de celebradas las elecciones legislativas- destacaba que "el partido ha destinado todos sus recursos a pagar los gastos de la campaña y se ha quedado sin reservas de ningún tipo", por lo que era "urgentísimo" que los 87 millones de financiación empresarial que faltaban, de los 600 millones previstos, llegaran inmediatamente, así como otra financiación complementaria, a fin de hacer frente a la nómina de julio.

Los más de 500 millones de financiación empresarial recibidos por AP en 1986 no figuran entre los ingresos declarados por este partido al Tribunal de Cuentas respecto a los comicios de dicho año.

Ese documento de AP fue publicado en EL PAÍS el 27 de abril de 1990 y no fue desmentido en su día, ni lo ha sido nunca en los tres años transcurridos desde su dimisión. Sin embargo, fuentes oficiales del PP, consultadas ayer de nuevo, afirmaron que no reconocían la paternidad del documento mencionado, al tiempo que sugirieron la posibilidad de que hubiera sido falsificado. Las mismas fuentes del PP añadieron: "Ni hemos tenido esas aportaciones por aquella época, ni aspiramos a tenerlas nunca", y mencionaron el despido de empleados de la sede de AP, que se produjo al mes siguiente, como prueba de que no tenían dinero.

Por su parte, cualificados miembros del PSOE han reconocido a este diario que en 1986 Emilio Alonso, responsable de finanzas de esta formación, se encontró sin dinero para atender gastos realizados en la campaña de la OTAN y realizó una recaudación de fondos en torno a importantes empresas españolas. Las gestiones fueron realizadas directamente por Eduardo Gómez Basterra -ex jefe de compras del PSOE y actual coordinador de la secretaría del presidente del partido, Ramón Rubial-, quien ayer no respondió a las llamadas de este periódico.

La razón de tal ofensiva en busca de fondos en las distintas empresas, según las fuentes que han informado a este periódico, estriba en que el PSOE -que propugnó el sí en el referéndum sobre la OTAN- no contaba en esa campana con ninguna compensación estatal, al contrario de lo que ocurre con las elecciones, donde las formaciones concurrentes reciben subvenciones por voto y escaño.

Del total de pagos que han sido documentados, 105 millones procedían de la gestión de Eduardo Gómez Basterra. El más elevado corresponde a la empresa Hispano Alemana de Construcciones (HASA) por valor de 44 millones de pesetas. Huarte aportó 33 millones; Agromán, 10 millones, y Fomento de Construcciones (FOCSA), otros cinco 5 millones.

'Caso Ollero'

Un portavoz oficial de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) -que ha absorbido a Focsa- manifestó que la dirección de la empresa no quería hacer ningún tipo de manifestación. En 1986, Focsa estaba presidida por Jesús Roa, que años más tarde, en 1992, se vio implicado en el pago de comisiones por adjudicaciones de obras de la Junta de Andalucía, en lo que se conoce como caso Ollero.

Fuentes de Hasa-Huarte se limitaron a recordar que en 1986 aún no formaban grupo. Hasa era propiedad de la Transworld Construction, una sociedad desconocida que se hizo con el control de Hasa durante el proceso de privatización de las empresas pertenecientes a la Rumasa de José María Ruiz-Mateos.

Los responsables de Agromán, constructora participada mayoritariamente por Banesto, también declinaron hablar. Igualmente, existe constancia del pago de ocho millones de pesetas al PSOE por Macosa, empresa del sector de bienes de equipo eléctrico.

Otro bloque de dinero documentado en el informe sobre 1986 corresponde a cantidades ingresadas por A. G., iniciales que tal vez corresponden al vicesecretario del PSOE, Alfonso Guerra. Consiste en ingresos en efectivo por valor de 389 millones, que fueron a parar a diversas cuentas de Caja Madrid y Banco Popular.

El tercer bloque de pagos de 1986 engloba pagos atribuidos a Dieter Koniesky, delegado en España de la Fundación Ebert, que representan 22,9 millones de pesetas. Koniesky fue el único que reconoció ayer abiertamente haber pagado una suma equivalente a la mencionada, unos pagos que "se encuentran perfectamente contabilizados en nuestra Fundación", afirma.

"No hay absolutamente ningún misterio en ese dinero", afirma Koniesky. "En 1986 financiamos alrededor de 65 cursos y seminarios, y los pagos por los que me preguntan corresponden a los que hicimos con la Fundación Pablo Iglesias y con el Instituto de Estudios Económicos y Sociales Aplicados. Lo que teníamos aprobado de colaboración con la Pablo Iglesias se lo pagamos al presidente de esta fundación, Fernando Claudín, y lo del Instituto se lo abonamos a su presidente, que era Emilio Alonso. Lo que no sé es por qué todo ese dinero lo contabilizaron ellos en una cuenta general del PSOE".

"Manipulación"

La reacción oficial de la oficina de prensa del comité electoral del PSOE consistió en afirmar que los datos publicados son "una absoluta manipulación, que sólo puede obedecer a la voluntad de mediatizar el desarrollo de la campaña electoral en curso". En esa misma nota oficial se atacaba personalmente a Pedro J. Ramírez, director de El Mundo, atribuyéndole "desesperados intentos" para "minar, elección tras elección, la credibilidad y el prestigio del partido socialista y sus dirigentes, en la defensa de unos intereses partidistas amparados tras la máscara de un pretendido interés informativo". Ramírez contestó, a su vez, afirmando que lo más importante de la nota del PSOE es que no había desmentido la información.

Otros dirigentes del PSOE, como Ramón Jaúregui y Francisco Fernández Marugán, insistieron en la idea de la manipulación, al tiempo que destacaron que, si las informaciones fueran ciertas, no supondrían nada ilegal ni irregular, porque en 1986 no existía una ley de financiación que prohibiera ni limitara las donaciones.

En la misma línea abundó el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, aunque este último insistió en la voluntad de transparencia hacia el futuro. "No me parece casualidad que, a estas alturas de la campaña electoral, se divulguen esas informaciones", manifestó Serra respecto a las nuevas denuncias de financiación ilegal del PSOE. "Es nuestra voluntad clarificar totalmente nuestros ingresos, tanto pasados como futuros", agregó el vicepresidente.

El presidente del Gobierno vasco, José Antonio Ardanza, dijo por su parte a Onda Cero que esas informaciones pueden hacer daño a los socialistas, aunque "sacar una noticia de contexto a veces puede resultar sospechoso".