El reguero negro del dinero

"Marks and Spencer han triunfado sobre Marx y Engels", decía Margaret Thatcher, orgullosa de la supervivencia del sistema occidental frente al malestar colectivo en el Este de Europa. Thatcher privatizó empresas públicas y dirigió una guerra, pero la corrupción no fue un problema en sus 10 años de mandato.Felipe González, en cambio, se ve al borde del abismo: tiene que sacar fuerzas de flaqueza si quiere impedir que su partido se despeñe bajo la carga de las acusaciones sobre financiación ilegal y tráfico de influencias. Y además, las elecciones no cierran en absoluto este capítulo. Casi todas las numerosas diligencias por presunta corrupción contra los diversos grupos políticos permanecerán abiertas después del 6 junio.

En España, los partidos nunca han informado al público acerca de sus finanzas. No lo hacen voluntariamente, ni tienen obligación legal de entregar sus balances a un organismo donde los ciudadanos puedan consultarlos. Tan sólo informan genéricamente a sus congresos, como si las finanzas de partidos subvencionados por todos los contribuyentes fuera un asunto privado de una junta de socios, y al Tribunal de Cuentas, que no ha hecho sino acumular pruebas respecto a la baja credibilidad de sus capacidades de fiscalización.

El secreto que ha rodeado la financiación de los partidos estaba lleno de complicidades. Uno de los candidatos (teóricos) a la presidencia del Gobierno reconoce en privado: "Nos tuteamos los distintos partidos porque nos encontramos a las salidas de los mismos despachos". El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, ha sido explícito: "Poco más o menos, todos nos financiamos de la misma forma".

La dirección del PSOE se ha limitado a negarlo todo durante más de tres años, atribuyendo los escándalos que le afectaban a una campaña de fuerzas derechistas. Sin embargo, el caso Filesa no sólo ha destruido esa coartada, sino que ha mostrado el funcionamiento de un complejo mecanismo de financiación. Mucha gente estaba en el ajo y, sin embargo, tuvo que producirse una actuación tan incompetente como despedir al contable para que salieran a la luz pública los primeros datos de la red secreta. Una inspección de Hacienda, realizada a las órdenes del juez Marino Barbero, relacionó a Filesa y el PSOE con una contundencia a la que los dirigentes socialistas no han dado respuesta.

El caso Filesa muestra también el rotundo fracaso de la política socialista para que los partidos vivan del dinero público. En 1987, el PSOE negoció con Coalición Popular una ley para incrementar la financiación estatal de los partidos y limitar la de origen privado. Pues bien: un año después, el grupo Filesa comenzó a recibir, bajo cuerda, los fondos presuntamente destinados a cubrir gastos del PSOE, que las Cortes habían prohibido poco antes. El montaje de Filesa coincidió con un cambio en la secretaría de Finanzas del PSOE, decidido por Felipe González en un Congreso celebrado a principios de 1988, cuando Emilio Alonso Sarmiento fue sustituido por un hombre de mucha mayor confianza del aparato, como era Guillermo Galeote.

La generación de una alternativa de jóvenes políticos de centro-derecha, capaces de sustituir con ventaja a Manuel Fraga, se ha visto también rozada por los escándalos. Personas del Partido Popular planearon un sistema de financiación por medio del cobro de comisiones por adjudicación de obras públicas, como se supo a través de las escuchas telefónicas del caso que tomó el nombre del ex tesorero del PP, Rosendo Naseiro. Eso se produjo en coincidencia con el ascenso de un nuevo líder, José María Aznar, circunstancia que los proyectistas del nuevo sistema mencionaron muchas veces en sus conversaciones como un dato favorable para sus planes, según la transcripción de las mismas, cuyo valor como prueba judicial fue anulado por el Supremo.

Esa misma anulación de pruebas impidió también depurar los indicios de que autoridades socialistas de la Comunidad Valenciana podían estar implicadas en el cobro de porcentajes por obras públicas, a los que también se aludía en las cintas.

Uno de los pocos casos ya juzgados es el de la construcción de Burgos. La sentencia declaró,

como hechos probados, que el constructor Antonio Méndez Pozo no sólo se enriqueció gracias a favores políticos, sino que asistió a varias reuniones entre Ias distintas opciones de la derecha política burgalesa, asumiendo en ellas el papel de mediador (...) lo que no le impidió llegar a adquirir la confianza del entonces Presidente de la Junta de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, D. José María Aznar López, quien estuvo presente también en alguna de dichas reuniones, llegando a encargar al Sr. Méndez Pozo un trabajo sobre la construcción en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León". De Aznar no se dice nada más en la sentencia. Méndez Pozo fue condenado a siete años de prisión, por medio de un fallo que ha sido recurrido.Después de la sentencia sobre el caso de la construcción, Juan Guerra, el hombre que construyó una red de negocios a la sombra de su hermano, el entonces vicepresidente del Gobierno, fue condenado por delito fiscal, en el primero de una serie de juicios que tiene pendientes.

"Como una droga"

Pero el escándalo político no se produce sólo cuando se descubre a un partido en medio de una situación sospechosa. Las golferías de todo un submundo de intermediarios y comisionistas se han mezclado con los indicios de presunta financiación ilegal del PSOE. A eso se han sumado las abundantes irregularidades y comportamientos sospechosos nacidos en torno a decisiones urbanísticas, una de las cuales provocó la caída de un ministro, Julián García Valverde, tras descubrirse la apropiación de dinero de Renfe por parte de intermediarios innecesarios en una compraventa de terrenos. ¿Financiación de partidos o enriquecimientos personales? La mayoría de estos casos se encuentran todavía sin aclarar desde el punto de vista judicial (ver gráfico).

"La corrupción es como una droga", afirma un conocido arquitecto. "En realidad, es una droga, porque se trata del negocio negro más lucrativo después del narcotráfico".

Hay quien cree que la corrupción es un elemento estructural de la sociedad humana. Thomas V. Jones, presidente de la Northrop Corporation, que se declaró culpable de haber financiado ilegalmente la campaña de Nixon en 1976, fue ovacionado por los accionistas cuando anunció que los ingresos de la compañía sobrepasarían los 1.000 millones de dólares en aquel ejercicio.

Más cerca de nosotros, existen indicios de que dos multinacionales -Asea Brown Boveri (ABB) y Siemens- han efectuado pagos a empresas vinculadas a militantes cualificados del partido socialista, tras cerrar negociaciones de gran importancia para sus compañías. Siemens, beneficiaria de la adjudicación de obra y equipos por más de 100.000 millones para la línea férrea de alta velocidad Madrid-Sevilla, ha sostenido que tales pagos estaban justificados por servicios profesionales.

Thatcher gobernaba a una sociedad que mantiene sistemas efectivos anticorrupción. En España, por contra, la oscuridad se ha convertido en la madre de casi todas las corrupciones.