Sanción laboral al colegio Cardenal Cisneros, adscrito a la Complutense

La Inspección de Trabajo provincial ha levantado un acta de infracción de 205.239.038 pesetas al colegio universitario Cardenal Cisneros, un centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid donde se imparten las licenciaturas de Derecho, Ciencias Económicas y Psicología a 2.000 universitarios. La infracción se aplica, entre otros motivos, por no haber liquidado las cuotas a la Seguridad Social de 55 profesores desde el año 1988.

En el acta 01155 / 93, levantada el pasado 20 de abril por la inspectora Francisca Dasi Gorgonio, se indica literalmente que el colegio universitario Cardenal Cisneros, situado en la calle de Mal donado, debe 135 millones a la Seguridad Social por las cotiza ciones no devengadas correspondientes a 55 profesores en la eta pa comprendida entre enero de 1988 y febrero de este año.El centro tampoco ingresó los 34 millones de pesetas que su man las cuotas no devengadas a los fondos de desempleo, de garantía salarial y formación pro fesional durante el periodo mencionado. La cantidad total reclamada por la inspectora Dasi incluye, además, el importe de las primas de accidentes de trabajo y los recargos de mora, que rondan los 30 millones de pesetas.

El Cardenal Cisneros es un centro cuyo origen se remonta al franquismo y a las instituciones inspiradas por la Falange como el llamado Movimiento Nacional. Fue fundado por el Patrona to de Obras Docentes de este organismo con carácter de academia. En 1971, el Ministerio de Educación y Ciencia reconoció oficialmente los títulos que impartía y con la llegada de la de mocracia fue traspasado al Mi nisterio de Cultura.

La titularidad del centro des cansa ahora en la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, que es quien paga los alquileres de los locales. El aspecto docente, sin embargo, depende directamente del rectorado de la Universidad Complutense de Madrid, que nombra al director y concede o retira la venia docendi, una credencial sin la cual no pueden impartir clase los profesores de centros adscritos a la Universidad, como es el caso del Cardenal Cisneros.

Profesores pluriempleados

Pedro Chacón Fuertes accedió a la dirección en septiembre de 1992. Admite que se han cometido irregularidades, pero no de la cuantía que se denuncia en el acta de la Inspección de Trabajo. "La mayor parte de los profesores desempeñan tareas en otros centros, son pluriempleados", alega Chacón.Basándose en ese hecho, el gerente anterior le dijo que les consultaba a ver si querían que se les diera de alta en el centro. Según sus referencias, muchos de ellos preferían no hacerlo para que no se les descontara de la nómina la cuota que aportan los trabajadores al seguro social". Esta práctica es ilegal. Así lo reconoce el propio Chacón, quien afirma haber ordenado dar de alta a todos los profesores sumergidos poco después de su toma de posesión.El acta de la Inspección de Trabajo no refleja que la iniciativa del director se llevara a cabo con tanta agilidad. De los 102 profesores que imparten la docencia, 55 no han sido dados de alta hasta marzo de este año, seis meses después de lo indicado por Chacón y en fechas coincidentes con la rescisión del contrato a uno de los profesores.

Ramón Caravaca, viceconsejero de Educación y Cultura de Madrid, afirma que la Comunidad de Madrid acatará la legalidad vigente y las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Los vicerrectores de la Cumplutense llamados por EL PAÍS estaban ilocalizables para dar su versión.

La dirección del Cardenal Cisneros se compromete a saldar la deuda. El centro se autofinancia con las 250.000 pesetas anuales que aporta cada alumno, pero va a recurrir. Ya lo hizo en una primera instancia, aunque la Delegación Provincial de Trabajo desestimó el recurso. En un segundo recurso -en fase de estudio- se va a reconocer una deuda no satisfecha de tan sólo 140 millones de pesetas, ya que muchos de los profesores cuyas cuotas se reclaman las han abonado a través de su empleo principal.

Entre tanto, Pedro Chacón anuncia su intención de reunirse con la Tesorería de la Seguridad Social para negociar el aplazamiento de la deuda contraída.