Griñán impide que Serra abarate los despidos

El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, perdieron ayer la primera batalla en su intento de abaratar el despido frente al titular de Trabajo, José Antonio Griñán. El Consejo de Ministros fue escenario de una discusión en tomo al despido improcedente, recogido en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores. El frente laboralista del Gobierno -que encabeza Griñán y en el que se alinea el ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra- se opuso a la reforma de las modalidades del despido improcedente. La propuesta de reforma provino al frente economicista -que encabeza Serra y en el que se integran Pedro Solbes y el ministro de Defensa, Julián García Vargas-.

El Estatuto de los Trabajadores señala que cuando el despido sea declarado improcedente el empresario podrá optar entre readmitir al trabajador o abonarle unas percepciones equivalentes a 45 días de salario por año de servicio, hasta un máximo de 42 mensualidades, más los salarios de tramitación.El frente economicista del Gobierno es abiertamente partidario de facilitar las condiciones de abaratamiento y aligerar este artículo porque, a su juicio, retrae a los inversionistas extranjeros. El frente laboralista del Gobierno, más sensibilizado con las presiones sindicales, se opuso a la reforma de este artículo.

Otros ministros, como el de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, mantuvieron una posición intermedia, pero más proclive a no reformar el artículo. Fuentes gubernamentales aseguran que este artículo seguirá centrando el debate del Gobierno porque "es la clave de la reforma del mercado laboral".

Para sacar adelante esta reforma, el Gobierno ha apostado decididamente por apoyarse en los nacionalistas, una vez fracasado el acuerdo con los sindicatos. Así lo reconoció ayer el titular de Trabajo tras el Consejo de Ministros. Griñán expresó también su confianza en que el PP se sume al acuerdo en la tramitación parlamentaria del proyecto.

Pacto de rentas

Pese al fracaso del pacto social, el ministro dejó abierta la posibilidad de negociar con los sindicatos el pacto de rentas. IU y el Grupo Mixto instaron ayer al Gobierno a que comparezca urgentemente en el Parlamento para explicar el proyecto.

El Gobierno dio ayer por zanjada la posibilidad de un acuerdo con los sindicatos sobre la reforma, tras la aprobación por el Consejo de Ministros de dos anteproyectos de, ley de reforma del Estatuto de los Trabajadores y el trabajo temporal, así como de un decreto-ley con las nuevas modalidades de contratación.

Descartado este acuerdo, el Gobierno apuesta, una vez más, por el pacto con los nacionalistas para superar el trámite en las Cámaras, que seguirá un procedimiento de urgencia, con la habilitación parlamentaria del mes de enero para facilitarlo. Griñán reconoció ayer que se entrevistó el miércoles con los nacionalistas catalanes, vascos y canarios en busca de un acuerdo.

Convergencia i Unió se muestra dispuesta a pactar con el Gobierno. Su portavoz, Miquel Roca, no ha ocultado que "la reforma del mercado laboral es imprescindible" y ha manifestado claramente su apoyo. El PNV se mantiene más cauteloso. Su portavoz, Iñaki Anasagasti, ha pedido tiempo para conocer a fondo el alcance de la reforma.

El PP no participó en la reunión, pero el Gobierno confía en que pueda expresar su apoyo durante la tramitación parlamentaria. El presidente del PP, José María Aznar, está de acuerdo con la necesidad de la reforma, pero su portavoz en el Congreso, Rodrigo Rato, discrepa de algunas medidas concretas.

El ministro aprovechó la aprobación de las medidas para realizar un primer esfuerzo de venta a la opinión pública de un proyecto que cuenta con el rechazo de los sindicatos: "Se trata de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, jóvenes y mujeres desempleados, a los trabajadores que temen perder su empleo y a las pequeñas empresas".

Griñán justificó la reforma ante la "insolidaridad y hostilidad para los trabajadores en desempleo" que representa la rigidez del mercado laboral, que en épocas de crisis utiliza el despido como única fórmula de regulación. Definió esta reforma como la última medida a la que el Gobierno se había comprometido en su programa electoral para crear las condiciones de reactivación económica. "Las dos primeras condiciones ya las ha cumplido el Gobierno al bajar los tipos de interés y adaptar el tipo de cambio de la moneda".

Pese al distanciamiento con los sindicatos, el ministro insistió en la conveniencia de un diálogo para un pacto de rentas, postergado al colocar las centrales la reforma laboral como cuestión previa.

Huelga y responsabilidad

Así se explica también la posición prudente del ministro al responder sobre la huelga: "La huelga general forma parte de la libertad de los agentes sociales y también de su responsabilidad, pero el Gobierno cree que no es conveniente una huelga general de esa envergadura".

También mantuvo el Gobierno una actitud prudente hacia IU tras la suspensión de la reunión que delegaciones de esta formación y del PSOE iban a mantener el pasado martes sobre el impulso democrático.

El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras admitir que la causa de la suspensión había sido la dura carta que Julio Anguita envió a González, manifestó que las relaciones con esta Izquierda Unida no se habían roto. En la citada carta, Anguita acusó al jefe del Ejecutivo de haberse cambiado de bando y alinearse con los conservadores.

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